Se estancaron los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos, señala

Persisten las condiciones que originaron el conflicto en Chiapas: informe de EU

"El acceso de los indígenas al sistema de justicia continúa siendo inadecuado"

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 25 de febrero. Los esfuerzos del gobierno mexicano para mejorar la situación de los derechos humanos se estancaron en 2003, con pocas excepciones, y la situación en Chiapas no ha cambiado sustantivamente desde el levantamiento indígena de 1994, declaró hoy el Departamento de Estado en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo.

El documento, difundido hoy, incluye información sobre casos específicos de detención arbitraria, tortura, desaparición y corrupción en México, y resalta el hecho de que 5 mil 300 militares en servicio activo trabajan para la Policía Federal Preventiva.

"La corrupción estaba extendida dentro de las filas policiacas y también fue un problema en las militares. Hay participación de policías estatales y locales en secuestros y extorsión", dice el informe del Departamento de Estado, que se produce cada año por ley.

Aunque reconoce que el gobierno mexicano "generalmente respetó muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos", el informe concluye que los esfuerzos para mejorar el respeto de los derechos humanos en México "parecen haberse estancado".

Existe un "pobre clima" en torno al respeto de los derechos humanos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, detalla el documento. Agrega que "el acceso de los indígenas al sistema de justicia continúa siendo inadecuado". Aunque no detalla por qué, el informe sostiene que el proceso de paz en Chiapas también "se estancó" en 2003 y "persistieron las condiciones, como la pobreza y la desigualdad, que dieron inicio al conflicto armado en 1994".

Critica además los métodos y la impunidad de las autoridades. "La Constitución y la ley prohíben la tortura; sin embargo, continúa como problema serio", concluye el Departamento de Estado en la sección sobre México de su informe mundial.

"Las autoridades -añade- casi nunca castigan a los oficiales por tortura, lo cual continúa ocurriendo en gran medida porque las confesiones son las pruebas primarias en muchas condenas criminales."

Se señala que la detención arbitraria también está prohibida por la ley federal mexicana, pero que las autoridades policiacas continúan empleando la táctica. En torno al Poder Judicial, afirma que "la corrupción, ineficacia, impunidad, desatención de la ley y la falta de capacitación continúan como problemas mayores".

La mayor parte de la sección sobre México detalla varias acusaciones específicas de abuso de derechos humanos documentadas por organizaciones mexicanas y algunas internacionales. En la parte sobre medios de comunicación, resalta los intentos del gobierno para obligar a periodistas de La Jornada y otros periódicos a revelar sus fuentes, y se mencionan por nombre a los reporteros de esta casa Enrique Méndez, Gustavo Castillo, Rubén Villalpando, Andrea Becerril, Ciro Pérez y Roberto Garduño, entre otros.

Como en años anteriores, el Departamento de Estado no ofrece una conclusión general sobre por qué el gobierno de México no hizo más en 2003 para mejorar el respeto de los derechos humanos. A la vez, sí menciona algunos factores socioeconómicos ligados a los derechos humanos, como la falta de aumento de los salarios, la persistencia de la pobreza en zonas rurales y la desigualdad en la distribución de ingresos.

Para mayor información, se puede consultar el informe completo en el sitio de Internet del Departamento de Estado: www.state.gov

Le exigen cooperación

Detienen a base de apoyo zapatista por utilizar carretera

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal De Las Casas, Chis., 25 de febrero. Un indígena base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) permanece detenido ilegalmente desde hace tres días en la comunidad de Guadalupe Shuncalá de este municipio, al negarse a pagar 750 pesos por haber utilizado una carretera en la cual no cooperó para su pavimentación, denunció la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos.

En un comunicado, el organismo afirmó que el pasado 22 de febrero se presentaron tres policías comunitarios al domicilio de Fracisco Vázquez Jiménez -base de apoyo zapatista-, lo detuvieron y lo llevaron ante la agencia municipal auxiliar, donde estaban reunidos los pobladores del lugar y las autoridades locales, quienes le exigieron el pago de mil 500 pesos por haber hecho uso de la carretera el 12 de febrero para transportar su cosecha de maíz.

Añadió que el indígena tzotzil se negó a pagar los mil 500 pesos, por lo que los demás habitantes y las autoridades decidieron cobrarle sólo 750 pesos, pero el zapatista ofreció pagar únicamente 250, cantidad que fue rechazada por sus acusadores, algunos de los cuales "empezaron a agredirlo físicamente".

Molestia por decisión de tribunal sobre reparto de tierras

Alertan sobre enfrentamientos entre campesinos de comunidad guerrerense

Ejidatarios del campamento Enrique Rodríguez Cruz, en Guerrero, advirtieron que la decisión del Tribunal Superior Agrario de regresar al ejido Marquelia los predios Mira del Pescado y Charco del Carrizo originará enfrentamientos entre campesinos, ya que al campamento se le otorgaron ambos terrenos desde 1995.

Los ejidatarios del campamento interpretaron el dictamen de las autoridades agrarias de "intento de despojo", dijo Alejandro Cruz Juárez, asesor de los campesinos.

Agregó que en la reunión que sostuvieron ayer con integrantes del Tribunal Unitario Agrario, los ejidatarios presentaron copias de la regularización de la tenencia de la tierra en favor del campamento en mayo de 2000, y cuya ejecución se realizó dos meses después.

También presentaron el expediente que acredita su conformación como ejido el 15 de octubre de 2000, aunque el documento respectivo del Registro Agrario Nacional lo obtuvieron hasta el 3 de junio del mismo año, firmado por la directora de Normatividad Registral de dicha institución.

Todos los antecedentes del proceso agrario del campamento los tenía el Tribunal Superior Agrario. La autoridad determinó regresar a los ejidatarios de Marquelia tierras que les fueron dotadas en posesión precaria, explicó Cruz Juárez. En febrero de 2002 el comisariado ejidal del campamento supo que el Tribunal Unitario Agrario había dictaminado que tierras del campamento se incorporarían a la segunda ampliación del ejido Marquelia, así se lo informó un técnico enviado para iniciar el deslinde de las tierras.

Desde entonces comenzó la discusión jurídica entre ambas partes, pero las autoridades agrarias no retrocedieron en el dictamen y actualmente, por medio de un sonido instalado en el pueblo de Marquelia, se informa a los ejidatarios que "se van a repartir las tierras del campamento", abundó Cruz Juárez.

MATILDE PEREZ U.