Tribunal unitario reconoció su "personalidad jurídica"

Herederos de Gabriel Ramos Millán se anotan otro triunfo frente a la SRA

ALFREDO MENDEZ

El segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa del Distrito Federal determinó que los herederos de Gabriel Ramos Millán tienen "personalidad jurídica" para continuar como querellantes en la demanda civil que iniciaron contra la Federación (el 31 de julio de 2003) con el apoyo del bufete de abogados del senador panista Diego Fernández de Cevallos.

De esta manera, el juicio que había permanecido detenido por más de dos meses -a petición de los demandantes- continuará hasta su desahogo final en el juzgado décimo de distrito en materia civil del DF.

Con la demanda, los quejosos pretenden obtener el pago inmediato de más de mil 214 millones de pesos, correspondientes a una indemnización por un litigio de tierras que en 2002 ganaron al gobierno federal.

Además exigen a la Federación el pago de 118 millones de pesos por supuestos "daños y perjuicios", debido a que hasta el momento el gobierno federal no ha cumplido de manera inmediata el ordenamiento del Poder Judicial de indemnizar a los herederos de Ramos Millán por la expropiación de las 33 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa, efectuada en 1984. Hasta el momento la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sólo ha hecho dos pagos a los demandantes por un total de 60 millones de pesos.

La queja de falta de "personalidad jurídica" fue interpuesta en septiembre pasado por abogados de la SRA, con el argumento de que los querellantes -Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada, nietos del finado propietario del predio ubicado en Coapa- carecían de "interés" para iniciar una demanda contra la Federación, supuestamente porque no forman "la parte directa afectada" en el asunto.

Sin embargo, el segundo tribunal unitario en materia civil consideró en su resolución que sí "existen elementos jurídicos para considerar válidas las querellas presentadas (por el albacea de Gabriel Ramos Millán), porque son parte interesada en el juicio civil" que se desahoga en el juzgado décimo de distrito.

Asimismo, el órgano jurisdiccional ordenó a las partes integrantes involucradas en el juicio civil que continúen con la presentación de pruebas para que se desahogue en sus términos naturales el proceso y pueda dictar la sentencia el impartidor de justicia.