El Código de Justicia Militar prohíbe acatar mandatos que impliquen cometer crímenes

"Sólo obedecía órdenes", escudo en el que se parapeta Miguel Nazar Haro

Según Ignacio Carrillo, durante la guerra sucia el gobierno buscó aniquilar a la disidencia

CARLOS FAZIO/II

Detenido en el penal de Topo Chico, golpeada su personalidad narcisista que lo llevó a idealizar su actividad y sus fines ilícitos como miembro de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS) y apremiado por un cúmulo de denuncias que lo identifican como autor de detenciones-desapariciones y del uso sistemático de tratos brutales y ataques sádicos para colocar en una dependencia extrema y degradar masiva, síquica y biológicamente a sus prisioneros durante la llamada guerra sucia, Miguel Nazar Haro se ha atrincherado ahora en dos palabras: "Soy inocente".

Niega todo y se queja de que "los errores de la fiscalía" lo van a matar. El, que fue parte de una maquinaria terrorista de Estado, cuyo mecanismo lo llevó a una dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la tortura y la muerte; que ejerció un derecho de vida y muerte sobre sus prisioneros, y que, como en el sueño nazi de los hombres que se desvanecen en la noche y en la niebla, "desapareció" detenidos a voluntad, amparado en la arbitrariedad y la impunidad del poder.

Es probable, como afirman algunas de sus víctimas, que Nazar posea una personalidad sicopática propia de los individuos autoritarios, exacerbada por la ambivalencia del mundo en el que se movió: los sótanos del sistema represivo priísta de los años 60 y 70. Probable, pero no forzoso. Aunque es obvio que él y sus "guerreros sucios" de la DFS vivieron en constante tensión. Entre el miedo y la agresividad, entre su vivencia de perseguido y su papel de perseguidor (Nazar ha declarado que el origen del nombre Brigada Blanca se debe a que sus integrantes se sentían el "blanco" de la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de Septiembre).

Desamparado por sus antiguos protectores en México y Estados Unidos (a quien sirvió como prototipo cipayo de los agentes del espionaje político formados en las escuelas de contrainsurgencia), sintiéndose chivo expiatorio, ese patriota duro que llegó a autodefinirse como "institucional hasta la muerte", recurre ahora de modo tácito a la "obediencia debida": admitió ante el juez que lleva la causa en Monterrey que todo lo que hizo en los "años de plomo" lo informaba diariamente al presidente de la República. En efecto, él no pudo haber operado en términos individuales sino corporativos. Actuó, ha dicho, "por razones de Estado". Desvalido, se acurruca ahora en el síndrome de Eichmann: aduce que fue sólo un "receptor de órdenes" (befehlsempfänger). Fue un eslabón, sí. Un engranaje eficaz de una maquinaria clandestina de exterminio. Pero su función subordinada no lo exime de responsabilidades.

Tres tristes tigres

Cabe consignar que luego de su "traspié" como jefe de una banda de roba-autos en California -cuando el policía nacionalista y patriota fue salvado de ir a prisión por la oportuna protección que le brindaron la administración Reagan y la Agencia Central de Inteligencia (CIA)-, Nazar tuvo que dejar la dirección de la Federal de Seguridad. Su salida de la institución, el 13 de enero de 1982, coincidió con la derrota militar de los remanentes de las guerrillas de los 70 que dejó sin materia de trabajo a los "guerreros sucios" de la Brigada Blanca. No obstante, los grupos de elite de las diferentes corporaciones adscritas a la seguridad del Estado se refuncionalizaron, conservaron autonomía y explotaron su habilidad "profesional", dando origen a una cadena de man- do criminal y mafiosa -vinculada al narcotráfico, los secuestros, el robo y contrabando de automóviles y otras lucrativas actividades ilícitas- organizada desde el corazón mismo del sistema. Como tapadera de sus empresas criminales, algunos antiguos mandos de la DFS montaron agencias de seguridad. Nazar, entre ellos; nada menos que en Morelos en la época en que florecieron los secuestros.

A pesar de sus antecedentes criminales, Nazar sería "rescatado" en un momento de crisis del sistema autoritario priísta. La desprolija rehabilitación de Nazar como policía al servicio de la "seguridad nacional" se dio tras el levantamiento zapatista. Precisamente, junto con los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, sus viejos compinches de la guerra sucia. Los tres fueron llamados a formar parte de la anticonstitucional Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, creada por Carlos Salinas de Gortari mediante decreto presidencial el 26 de abril de 1994, a cuyo frente estuvo Arsenio Farell Cubillas. Los tres están ahora presos, enjuiciados por los crímenes de la guerra sucia.

El poder civil utilizó entonces a un grupo de elite, compuesto por elementos del Ejército y la policía, para exterminar disidentes y aniquilar poblaciones enteras. Como ha venido sosteniendo Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), "sólo con la orden del jefe supremo del país se pudo operar así". Según Carrillo, el gobierno adoptó un grupo de medidas tipificadas como ilegales en el derecho penal y los tratados internacionales vigentes (privación de libertad, tortura, desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales, homicidios calificados), para "aniquilar" a un grupo disidente armado, fraccionado en distintas siglas, mediante "el uso ilegal de la fuerza".

Hubo una "intención manifiesta" de aniquilar y desaparecer disidentes; una acción "diseñada desde el más alto nivel del Estado" para acabar por la vía de la fuerza a "grupos enteros" de nacionales, lo que cae bajo la normatividad de delitos de lesa humanidad. El fiscal se basa en una orden expresa del ex secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, para "exterminar" a Lucio Cabañas y su guerrilla en Guerrero. Pero afirma tener más pruebas.

Eso se enmarca, además, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado consideró procedente la extradición a España del ex torturador argentino de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), Ricardo Miguel Cavallo (ex director del Registro Nacional de Vehículos en México), para que se le juzgara por el delito de genocidio. Es decir, la represión homicida contra un "grupo nacional", donde no cabe alegar prescripción porque es un delito de los denominados de carácter permanente, donde la prescripción no comienza hasta ser hallada la persona detenida.

De órdenes y perversidades

De manera falaz y cobarde, sectores interesados (o implicados) que argumentan "espíritu de cuerpo", suelen manejar un concepto-trampa para justificar la represión durante la guerra sucia. Se amparan en la ejecución de "órdenes de servicio" o de "operaciones" que disponían emprender acciones de "aniquilamiento" en contra de la "subversión" y el "enemigo apátrida". Pero la "obediencia debida" en el cumplimiento del deber tiene límites. Además, en rigor, el aniquilamiento, en términos de conducción militar, es la fase final del ataque que sigue a otra llamada de persecución y que procura quebrar la voluntad de lucha del adversario, lo que se materializa en la rendición del rival.

Según el mayor general J.F.C. Fuller, "el objeto de la guerra no es asesinar ni devastar, sino persuadir al enemigo a cambiar de idea" (La Segunda Guerra Mundial, 1950). Lo que sucedió en México fue la captura de implicados y de muchos sospechosos e inocentes, y su asesinato o desaparición forzosa, previo tormento. Ninguna ley o reglamento militar instruye eso. La Ley de Disciplina del Ejército Mexicano previene: "queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar (artículo 14)". En consecuencia, tanto impartir como acatar una "orden" que no sea del servicio, convierte tal acción en una servidumbre (en su sentido de sujeción grave o acto de someterse al dominio, señorío o disposición de alguno). Asimismo, para quien la imparte, es un abuso de autoridad, y para quien la obedece, un acto de complicidad. Un soldado no es una máquina o un animal, menos un sicario.

Pero, además, según el eslabón (o jerarquía) de la cadena de mando, se requieren grados de reflexionabilidad y complejidad. No es lo mismo una orden del presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de las fuerzas armadas, que la orden de "firmes" y "descanso" que imparte un cabo a su pelotón. De allí lo que se llama "responsabilidad del mando". Ergo, la responsabilidad de Luis Echeverría y José López Portillo es mayor que la de Nazar, Acosta, Quirós y la veintena de militares enjuiciados por la guerra sucia, más los que resulten responsables.

Por otra parte, familiares de Nazar Haro -como antes militares retirados y en funciones- han recurrido ahora al lenguaje ramplón y quejumbroso de que fue un hombre que luchó en "defensa de la patria" y de una "ideología mexicana única" o "nacionalista", atacadas por "grupos de aventureros" y "vendepatrias". Con eso se intenta justificar la guerra sucia. El vale todo. Pero ningún profesional de las armas puede afirmar, con honestidad, que bajo determinadas circunstancias son moral y jurídicamente admisibles los horrores cometidos por una parte del Ejército y la policía adscrita a la Brigada Blanca. Ningún comandante puede sustentar sus decisiones -sus órdenes- sobre la base de la aplicación de una suerte de Ley del Talión.

Tampoco es válida una obediencia ilegítima o inmoral o la pretensión de haber padecido coacción de un oficial superior. El sentido común moral y el entendimiento normal vetan la comisión de matanzas como las de Tlatelolco y el halconazo del Jueves de Corpus del 71. En el juicio sobre la masacre de My-Lay, la aldea vietnamita, ordenada por el teniente Calley del ejército de Estados Unidos, los soldados que se negaron a disparar nunca fueron objeto de castigo. Nadie puede ordenar arrasar aldeas enteras, como ocurrió en la sierra de Guerrero durante la guerra sucia, ni tirar prisioneros al mar. Quienes lo hicieron y sus mandos superiores deben ser castigados. No se puede alegar que se ha ma-tado injustamente en nombre de la justicia. Es la justicia la que exige que las matanzas injustas reciban su condena.