Múltiples anomalías en juicio por asesinato, aseguran

Intervendrá el Congreso de la Unión en caso de maya preso en Yucatán

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 28 de febrero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó intervenir en el caso del indígena maya Ricardo Ucán Seca, sentenciado a 22 años de prisión por asesinar a un conocido suyo en 2000 durante una disputa por tierras ejidales, pero cuyo juicio estuvo plagado de irregularidades, según ha alegado la defensa.

Como medida de apoyo, el titular de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codey) gestionó llevar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

La diputada federal perredista Marbella Casanova Calam informó que la Comisión Permanente acordó solicitar a los poderes Ejecutivo y Judicial explicar las acciones realizadas a partir de la recomendación 40/2003 emitida por la Codhey respecto de la situación que prevalece en el expediente del procesado.

Otro de los acuerdos de la Cámara de Diputados es exhortar al gobernador, Patricio Patrón Laviada, y al procurador de Justicia, Miguel Angel Díaz Herrera, a que en sus ámbitos de competencia apliquen las medidas necesarias para restituir los derechos humanos de Ucán Seca, "empezando por su derecho a la libertad".

Casanova Calam dijo que se pedirá a las autoridades judiciales iniciar una investigación para sancionar a los defensores de oficio que desdeñaron el litigio del campesino maya. Finalmente, se tomó la determinación de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos abra una subcomisión de trabajo para entrevistarse con funcionarios locales y dar seguimiento al asunto.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del Estado resolvió como improcedente el juicio de revisión extraordinario de inocencia que solicitó la defensa del procesado, por lo que la Codhey se entrevistó en Ucán Seca para documentar más el caso y en breve enviarlo para su análisis ante la CIDH.

Ricardo Ucán, preso desde 2000 en la comunidad rural de Tekax -150 kilómetros al sur de Mérida-, fue acusado de asesinar a otro campesino por una disputa de tierras, pero durante su juicio careció de la asesoría legal adecuada y nunca tuvo un traductor, ya que él sólo habla maya, además de que recibió presiones y hostigamiento del Ministerio Público del fuero común.

Esta situación llamó la atención de grupos locales de derechos humanos y derivó en recomendaciones de la Codhey y, posteriormente, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales no han tenido respuesta del gobierno estatal.