A juzgar por las ingentes pérdidas reportadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), que ascienden en 2003 a 41 mil 800 millones de pesos, es evidente que la política energética del país se encuentra a la deriva. En primer término, cabría cuestionar por qué una empresa -la octava petrolera del orbe- registra un panorama negativo mientras, en el mercado mundial, el precio del barril de crudo se ha mantenido al alza, impulsado entre otros factores por la incertidumbre vinculada a las crisis prevalecientes en algunos de los mayores productores de hidrocarburos, como Irak y, en menor medida, Venezuela.

Adicionalmente, ha de señalarse que las abultadas pérdidas contabilizadas por Pemex están asociadas a una política que, al menos desde hace dos décadas, ha utilizado a la paraestatal como la caja chica del gobierno federal y, con ello, ha acotado fuertemente las posibilidades de desarrollo de la industria energética del país. ¿A dónde se han ido los considerables recursos captados por Pemex? ¿Cómo es posible que una empresa teóricamente favorecida por un escenario internacional caracterizado por incrementos en las cotizaciones de los productos energéticos se encuentre en una situación deficitaria?

Las pérdidas multimillonarias registradas en Pemex son un indicador más de que las estrategias gubernamentales impulsadas durante, por lo menos, los últimos tres sexenios, sólo han conducido a la erosión de las capacidades de la industria petrolera del país y a la rendición de la política energética nacional ante los designios de las grandes corporaciones extranjeras. Tal situación se encuentra claramente ejemplificada en la claudicación de la soberanía de México vinculada a las numerosas e ilegales concesiones otorgadas a compañías multinacionales. Los denominados contratos de servicios múltiples para la explotación, entre otras cosas, de los yacimientos de la Cuenca de Burgos, y la pretensión de concesionar territorio nacional para la instalación de plantas extranjeras de gas natural en las islas Coronado, son muestra de ello. ¿Por qué las autoridades federales han optado por otorgar al capital trasnacional algunas de las oportunidades de negocios más redituables? ¿Es que, como ha acontecido con la Comisión Federal de Electricidad, se pretende generar una situación artificial que justifique la ilegal e improcedente privatización de los recursos energéticos del país?

Mientras Pemex siga siendo esquilmada para financiar a un gobierno federal patentemente ineficiente y desorientado, el futuro de la nación no será otro que la rendición ante las determinaciones de las grandes multinacionales energéticas. Por ello, es hora de que la sociedad y sus representantes hagan valer los legítimos derechos de México sobre su patrimonio energético y destinen mayoritariamente sus utilidades al desarrollo social. Las pérdidas registradas en Pemex constituyen una merma de las oportunidades de crecimiento de la nación y un freno al avance general del país. Así, el ejemplo de Lázaro Cárdenas debe servir de línea toral para el establecimiento de políticas públicas solidarias y efectivamente comprometidas con el bienestar general de los mexicanos y para resistir el empuje de quienes pretenden utilizar la riqueza nacional en beneficio de unos pocos, por añadidura ajenos a las aspiraciones y necesidades del país. ¿Cuántos millones de pesos, útiles para atender las graves carencias que agravian a la población mexicana, seguirán abultando las pérdidas de Pemex y se sumarán a los dividendos obtenidos por las corporaciones apátridas y depredadoras que se disputan, con el apoyo gubernamental, la riqueza de México?