México D.F. Viernes 5 de marzo de 2004
Eduardo R. Huchim
Polvos de aquellos circos
Afirmé el lunes pasado que los casi desconocidos comités vecinales tienen escasa utilidad. No es una afirmación gratuita. Deri-va de un estudio realizado en 2001 por la Unidad de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo con ese estudio, los comités tienen un campo de acción restringido, pues no disponen de recursos económicos ni de infraestructura; tampoco gozan de la confianza de las autoridades, las cuales prefieren tratar con otras instituciones y no con los comités.
Además, están inmersos en un proceso de desintegración. Así, mientras en 1999 la mayoría de los comités (51 por ciento) tenía de siete a 11 miembros, dos años después la mayoría (49 por ciento) tenía entre uno y seis miembros. Es decir, había "comités" donde sólo uno de sus integrantes originales permanecía.
Esos datos revelan la inoperancia de la figura que se pretende elegir en agosto próximo con un dispendioso gasto de 50 millones de pesos. Si se insistiera en la figura de comités como los previstos en la legislación actual, éstos podrían ser elegidos sin necesidad de poner en marcha toda la maquinaria material y humana que supone un proceso electoral muy parecido al que se realiza para conformar los poderes constitucionales.
(En su diseño vigente, la elección vecinal posee aspectos más complejos que la del jefe de Gobierno. Buen ejemplo de ello lo constituyen las boletas: para elegir al jefe de Gobierno, se diseña e imprime un solo modelo de boleta, con los nombres y emblemas de todos los candidatos y todos los partidos. En cambio, para la elección vecinal es diferente: en 1999 se imprimieron mil 352 modelos de boleta, uno por cada unidad territorial, ya que en cada una de éstas las planillas son distintas de las demás.)
Una de las posibles formas no onerosas para elegir comités vecinales podría ser la celebración, a lo largo de uno o más meses, asambleas electivas organizadas, operadas y supervisadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal y a las cuales asistirían quienes estuvieran realmente interesados en elegir a un órgano vecinal.
Por supuesto, puede haber otras formas de abaratar los comicios vecinales, pero para legislarlas se requiere de imaginación, visión y la exclusión de facciosos afanes de control.
Aun cuando puede haber maneras no onerosas de elegir a los mencionados comités vecinales, lo mejor sería revisar la figura misma de éstos, porque su inoperancia es manifiesta. ƑNo podría pensarse, por ejemplo, en una suerte de protocabildos o parlamentos delegacionales integrados con representantes de las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales?
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hay propuestas como las de las diputadas Lorena Villavicencio Ayala (PRD) y Gabriela Cuevas Barrón (PAN) que merecen ser analizadas con detenimiento y ser trabajadas por todos los grupos parlamentarios, ya que la tarea colegiada y plural suele producir frutos muy ricos.
El trabajo plural es tan generoso que incluso podría admitir, por ejemplo, algunas aportaciones del proyecto de Ley de Participación Ciudadana presentado por René Bejarano, por conducto de la diputada Aleida Alavez Ruiz, y cuyo contenido, en lo relacionado con los "comités ciudadanos" (actualmente vecinales) y las "asambleas ciudadanas", es francamente disparatado, no admite un análisis jurídico serio y, si fuera aprobado, su destino seguramente sería la revocación mediante una acción de inconstitucionalidad.
Es asombroso cómo desde los órganos legislativos pueden generarse despropósitos como el de constituir las llamadas "asambleas ciudadanas" -una por cada unidad territorial, de modo que habría más de mil 300 en la ciudad- que se integrarían con todos los habitantes de las unidades territoriales.
Si estos vecinos tienen credencial de elector, esto bastaría para que pudieran votar incluso por la destitución de los comités que serían elegidos en las urnas. Esa disposición sugiere, si se aplicara, un escenario de circo romano donde los asistentes voltearían el pulgar para condenar a muerte a un órgano vecinal legítimamente elegido.
Creo que la revocación del mandato debe ser incluida en las leyes, comenzando por la Constitución, pero de esto al circo romano que prescribe el mencionado proyecto hay un trecho tan largo como el que existe entre los albores de la era cristiana y los albores del siglo XXI. Establecer que una minoría pueda borrar lo que escribió la mayoría es atentar contra elementales principios democráticos y abonar el terreno del conflicto y la confrontación. Y esto es algo que no merecen la ciudad ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Muchas otras cosas podrían decirse del proyecto de nueva Ley de Participación Ciudadana, pero el asunto que animó estos textos no fue su análisis, sino alertar sobre el dispendio de 50 millones de pesos en una elección vecinal que no interesa a casi nadie.
Es sano buscar y propiciar la participación ciudadana, pero conviene hacerlo -reitero- con imaginación y visión, sin insistir en comités inoperantes y sin pretender actualizar figuras que vanamente intentarían controlar a una sociedad altamente plural, compleja y refractaria a la manipulación.
|