El saldo del reciente encuentro del presidente Vicente Fox con su homólogo estadunidense, George W. Bush, en el rancho de este último en Crawford, Texas, fue prácticamente irrelevante y, a lo sumo, tuvo como aportación a las relaciones bilaterales una escuálida reducción de los trámites migratorios que se aplican a ciertos turistas mexicanos. Por lo demás, la reunión entre los mandatarios se limitó prácticamente al protocolo y el formalismo, sin que se registrasen avances significativos en la atención de los problemas torales que enfrentan México y Estados Unidos, como son la necesidad de un acuerdo migratorio amplio e integral, la revisión de las sentencias de muerte que pesan sobre varios connacionales recluidos en el vecino país del norte o la solución de los diferendos en materia hídrica que mantienen ambas naciones, por sólo poner unos ejemplos.

En cambio, asuntos que corresponden estrictamente al ámbito nacional fueron ventilados por Bush como si se tratase de materias de su propia gestión gubernamental. Tal es el caso de las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca sobre los recientes casos de corrupción desvelados mediante videos difundidos en la televisión mexicana. Sobre el particular, Bush señaló que en Estados Unidos también se han registrado "escándalos por donativos", pero que, ante ellos, debe hacerse valer el estado de derecho y aplicar la justicia a los responsables de prácticas de corrupción.

En primer término, habría que señalar que las explicaciones de Bush son de sentido común y nada aportan al debate que en México se realiza con motivo del necesario y urgente combate contra la corrupción. Si el presidente estadunidense pretendió dar un espaldarazo a Fox en este asunto o erigirse en ejemplo de la erradicación de lacras como el tráfico de influencias, los compromisos asumidos como contrapartida a apoyos económicos para campañas electorales o la suscripción de contratos públicos amañados o fraudulentos, sólo logró evidenciar un doble rasero y una posición de dudosa credibilidad.

Basta recordar que la candidatura presidencial de Bush fue beneficiada con aportaciones estratosféricas provenientes de empresas luego favorecidas con jugosos contratos gubernamentales o con una displicente labor fiscalizadora. El caso de Enron es ilustrativo de ello, como también lo es el trato privilegiado otorgado a Halliburton, corporación cercana al vicepresidente Dick Cheney, en las labores de reconstrucción de Irak, nación arrasada por el frenesí militarista del actual gobierno estadunidense. Por añadidura, cabe señalar que la elección de Bush como presidente fue amarrada en Florida -estado gobernado por su hermano Jeb- mediante prácticas que han sido denunciadas como fraude electoral.

Por añadidura, el hecho de que el presidente del vecino país del norte haya realizado tales señalamientos frente a Fox -el cual mantuvo un silencio que resulta por lo menos reprochable- constituye una abierta injerencia en los asuntos internos de México que vulnera las buenas prácticas diplomáticas y agravia a la ciudadanía nacional. ¿Por qué Fox y la Secretaría de Relaciones Exteriores consintieron tal intromisión sin emitir, siquiera, una aclaración o protesta? ¿Es que Bush ha sido convertido, por el gobierno foxista, en juez o aval de la moralidad y la legalidad del sistema político mexicano?

Así las cosas, la figura del mandatario estadunidense tiene poco de aleccionadora, salvo que sea asumida como muestra de lo que debe ser evitado a toda costa para preservar la transparencia y la credibilidad de un gobernante. Los casos de corrupción recientemente revelados en México -junto a otros que han azotado la vida nacional durante numerosas administraciones, incluida la del presidente Fox- deben ser esclarecidos a fondo y con rapidez y sus responsables sancionados conforme a derecho. Ello corresponde estrictamente a las instancias judiciales mexicanas y ciertamente constituye una de las tareas cruciales para preservar la democracia y las instituciones republicanas de México. Pero esa indispensable labor está también inscrita en la soberanía nacional y no requiere de la participación, así sea meramente declarativa, de funcionarios extranjeros, salvo en los estrictos casos contemplados en los tratados de cooperación judicial, circunstancia que no resulta aplicable a las declaraciones de Bush.