También recibió informes de un agente del Ministerio Público Federal y de un particular

Alto funcionario de la PGR alertó a López Obrador sobre el complot

Aparte de personal del gobierno, Diego y Döring, "muy probablemente" participó Carlos Salinas

El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor; un agente del Ministerio Público Federal y un particular, son los testigos del "complot" que tramaron "funcionarios del gobierno federal", los legisladores Diego Fernández de Cevallos, Federico Döring y "muy probablemente Carlos Salinas de Gortari", reveló anoche el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Cuatro minutos después de las 20 horas, en uno de los patios del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y bajo una pertinaz llovizna, el mandatario capitalino demandó garantías para el funcionario de la PGR, quien había manifestado su disposición de hacer pública la reunión que sostuvieron Fernández de Cevallos, el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Naciobal (Cisen) en el DF, José Luis Valles, y el empresario Carlos Ahumada, el 20 de febrero en el restaurante de un hotel de la ciudad de México, porque "no estaba de acuerdo con el desempeño de la Secretaría de Gobernación y la PGR en el caso Ahumada".

Esta información fue confirmada por el agente ministerial José Carlos Villarreal Rosillo, quien advirtió que temía represalias de la dependencia por dar a conocer esta información, pero finalmente el subprocurador de Control Regional de la propia PGR, Gilberto Higuera Bernal, habría impedido que las pruebas de dicha reunión se entregaran al GDF.

A continuación, el texto íntegro del mensaje de López Obrador:

Amigas y amigos:

Ante los escándalos de corrupción que estamos viviendo, es mi deber informar puntualmente y fijar con claridad mi postura como servidor público.

En primer término, quiero expresarles que siempre he sostenido que la corrupción es el mal que más aqueja y atormenta a la nación. La deshonestidad de los gobernantes ha sido y sigue siendo la causa principal de la desigualdad social y económica. Por eso, siempre he dicho que debemos combatirla a fondo, no sólo por razones de índole moral, sino porque son muchos los recursos que se pueden liberar para el desarrollo del país.

Esta convicción la he mantenido y la he llevado a la práctica como lo avala mi vida personal y también mis actos públicos.

Yo vivo modestamente, en la justa medianía, no he ambicionado nunca hacerme grande con la riqueza mal habida. Como dirigente político de oposición, como servidor público, he demostrado que no transijo cuando se trata de componendas o de actos de corrupción. Fui el primero en presentar pruebas y denunciar el fraude del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México desde la epoca colonial.

Al frente del gobierno, me he dedicado a impedir actos de corrupción, y hemos logrado recuperar bienes de la ciudad y ahorros por miles de millones de pesos. Baste decir que hace unos meses me opuse abiertamente al fraude de mil 810 millones en el caso del paraje San Juan.

Por ello me duele lo que ha venido ocurriendo, porque, entre otras cosas, pretenden poner en duda mis principios, mis convicciones y mi integridad.

Por eso, estoy doblemente interesado en aclarar todo este escándalo político de corrupción. Primero, porque soy servidor público y le debo una explicación a la gente; segundo, porque quiero dejar a salvo mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida.

Quiero que se conozca en qué circunstancias y cómo sucedieron estos hechos: comenzaré diciendo que desde mi campaña a la jefatura de Gobierno, supe de la presencia de Carlos Ahumada y de su cercanía con algunos militantes del PRD. Desde entonces me surgió la desconfianza.

Aclaro que durante esa campaña utilice sólo los recursos que por ley me correspondían, que nunca recibí financiamiento de empresarios, porque, entre otras cosas, siempre implican algo a cambio o pueden dar motivo al chantaje.

Una vez en el gobierno, en el caso particular de las empresas de Carlos Ahumada, me propuse vigilar sus posibles negociaciones y ordené una revisión exhaustiva de los contratos anteriores, como consta en las investigaciones realizadas por la Contraloría.

Posteriormente, cuando Ahumada quiso participar en la construcción del distribuidor vial de San Antonio, y aunque su empresa presentó, aparentemente, la propuesta económica más baja, ordené que se cancelara la licitación.

Luego supe, a principios de 2003, que había firmado contratos de obras con los gobiernos delegacionales de Tláhuac y Alvaro Obregón, y de inmediato di instrucciones a la Contraloría para indagar sobre posibles irregularidades. A pesar de la autonomía relativa de esos gobiernos y de trámites burocráticos, dichos contratos fueron cancelados.

A partir de entonces, Carlos Ahumada empezó a quejarse y, al mismo tiempo, buscó entrevistarse conmigo como ya lo di a conocer. Aquí aclaro de una vez por todas que no lo conozco y nunca he hablado con él.

A principios de enero de este año, de nueva cuenta fui informado por la Contraloría que empresas posiblemente vinculadas a Carlos Ahumada habían cobrado por obras, contratadas con la delegación Gustavo A. Madero, que no se llevaron a cabo. Al enterarme, sin titubeos ordené que de inmediato se promoviera una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual se presentó el 28 de enero.

Una vez iniciada la averiguación previa, la procuraduría empezó a citar a los involucrados, tanto a los particulares como a los funcionarios; se determinó que el monto defraudado era de 31 millones de pesos; se solicitó la congelación de cuentas bancarias; se pidió mayor información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el día 20 de febrero dos empresarios fueron detenidos. Además, al seguir el curso de las investigaciones, se descubrió que el dinero que recibieron las cinco empresas defraudadoras se concentró en un empresa llamada Pagoza, cuyo socio mayoritario es Carlos Ahumada con el 99.33 por ciento de las acciones.

Aquí es necesario dejar muy claro que, el 20 de febrero, cuando Carlos Ahumada presenta la denuncia por extorsión ante la Procuraduría General de la República, ya llevaba un mes la investigación que daría como resultado su responsabilidad directa en el fraude, y ya estaban detenidos dos de sus cómplices. Conviene agregar que por ley, el delito de extorsión es del fuero común y no es competencia del gobierno federal.

También esta misma investigación iba a llegar, como resultó, a fincar responsabilidades al secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, porque, reitero: la orden que di en su momento es de llegar a fondo y castigar a los responsables sin miramientos de ninguna índole.

Informo que en la noche en que vi el video de Gustavo Ponce jugando en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas, hablé por teléfono en dos ocasiones con el procurador Bernardo Bátiz: la primera para solicitarle que informara en el programa de Joaquín López Dóriga que se había abierto una averiguación previa, y, en la segunda ocasión, fue para decirle que había hablado con Ponce por teléfono y que ordenara su aprehensión inmediata, lo que no fue posible porque ya no se encontraba en su domicilio. Al día siguiente tomé la decisión de destituirlo.

Gustavo Ponce es egresado de economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Aunque lo conocí en 1985, cuando trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor, nunca tuvimos una relación de amistad.

Muchos años después, en 2000, lo encontré como subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas. Ya para entonces él había ocupado varios cargos públicos, inclusive como subsecretario de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, le había correspondido integrar y sostener la demanda contra Raúl Salinas de Gortari.

De modo que, por su trayectoria administrativa, decidí mantenerlo como subsecretario y, en julio de 2003, cuando renunció voluntariamente Carlos Urzúa, a quien había nombrado originalmente secretario de Finanzas, Ponce pasó a ocupar ese puesto.

Deseo aclarar también que nunca supe de su adicción al juego ni de su relación con Carlos Ahumada.

Por lo que respecta a René Bejarano: lo conocí a partir de la fundación del PRD en 1989. Desde entonces establecí con él una relación política, no de complicidad.

Estuvo, como muchos otros, en mi campaña para la presidencia del PRD y en mi campaña a la jefatura de Gobierno. Cuando tomé posesión de la jefatura de Gobierno lo nombré secretario particular, cargo que ocupó hasta el 4 de noviembre de 2002 cuando decidió, por su propia voluntad, renunciar y dedicarse a tareas partidistas.

Los hechos que se revelan en el video datan de abril y junio de 2003, cuando ya no era funcionario de gobierno. Pero además, debo decir que aunque tuve con él una relación política y administrativa, nunca, ni a él ni a nadie, le he pedido que en mi nombre se cometan actos de corrupción. Asimismo, quiero que quede claro: jamás he tenido un operador político. Yo trabajo con mis colaboradores a partir de las funciones y de las responsabilidades que a cada uno le corresponden.

Por todo lo anterior, aunque este escándalo político me afecta, no tengo ninguna limitación para actuar con toda energía y aplicar la ley. Nadie es impune. En todos estos casos, la instrucción que ha recibido el procurador es la de ser justos y rigurosos, como lo exige la mayoría de la gente.

Pero también quiero dejar de manifiesto que quienes armaron este escándalo, los autores intelectuales, no tienen la menor intención de combatir la corrupción, sino de dañarme políticamente.

Tengo información que el complot lo tramaron funcionarios del gobierno federal, los panistas Diego Fernández de Cevallos, Federico Döring y muy probablemente Carlos Salinas de Gortari.

Por ahora sólo quiero mencionar dos hechos: días antes de que el senador Diego Fernández de Cevallos aceptara que se había reunido con Carlos Ahumada y que había visto los videos, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, me envió cinco reportes de reuniones que sostuvo con el delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. Me permito leerlos.

Espero que este servidor público de la Procuraduría General de la República aclare los hechos y pido para él las garantías necesarias.

También el día de hoy, recibí del licenciado Humberto Alzaga Morales, el siguiente testimonio (se anexa carta).

El otro capítulo de esta historia tiene que ver con quienes llevaron a cabo la filmación de Gustavo Ponce en el hotel Bellagio de Las Vegas. En este punto cuento con la siguiente información: Gustavo Ponce fue filmado por cuatro cámaras y quienes lo hicieron tuvieron acceso a los monitores del hotel, el análisis técnico que ordené así lo revela (anexo dictamen técnico).

Por eso, sigo sin descartar la posibilidad de que haya existido colaboración entre instituciones del gobierno mexicano y del de Estados Unidos.

Esta hipótesis se reafirma a partir de la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra Carlos Ahumada y Gustavo Ponce por el delito de lavado de dinero.

Los casinos, como se sabe, son reconocidos como instituciones financieras y el acuerdo de cooperación mutuo entre México y Estados Unidos de fecha 28 de octubre de 1994 establece textualmente que: "las solicitudes de asistencia pueden realizarse por teléfono o facsímil en casos urgentes".

Ahora bien, de no ser este el caso, asunto que deberá aclarar el gobierno federal, de cualquier modo habría que indagar qué papel jugó en esto el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación.

De conformidad con mis facultades y siguiendo las vías legales, próximamente presentaré una denuncia para que se investigue y se pida información al hotel Bellagio, con el objeto de esclarecer esos hechos y saber quiénes obtuvieron esta información y cómo se permitió que personas ajenas al hotel introdujeran por lo menos una cámara y se entregaran todas las facturas del consumo de Gustavo Ponce en dicho hotel-casino.

Amigas y amigos:

Debe quedar perfectamente claro que no se trata sólo de un asunto personal o del daño a mi imagen pública política, hay algo peor en todo esto, y es lo que me lleva a exigir, del modo más estricto, la transparencia total:

Quienes urdieron este complot, quieren quitarle al pueblo de México hasta el derecho a la esperanza.

De manera perversa, buscan demostrar que todos los políticos somos iguales y que no hay alternativas de cambio. Si logran su propósito de desalentar a la gente, de ir minando poco a poco la participación ciudadana, México seguirá siendo un país dominado por el hampa de la política.

Se cancelará por mucho tiempo la posibilidad de un proyecto de transformación que detenga el empobrecimiento de la gente, que impulse la economía para generar empleos, garantice la seguridad y la tranquilidad de todos, la paz social y erradique verdaderamente la corrupción que ha sido el lastre que impide a México salir adelante. Se trata, ni más ni menos, que del futuro de nuestra patria.

Quiero repetir que no aspiro al poder por el poder, que no estoy obsesionado por alcanzar ningún cargo y tampoco estoy acostumbrado a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se ejerce con dignidad y se pone al servicio de la gente.

A los muchos mexicanos que piensan de esta manera, los convoco a no cambiar, a no desfallecer, a no claudicar, a no cansarnos de pensar y de ser como somos.

Hoy más que nunca, México y su pueblo merecen un mejor destino.

México, Ciudad de La Esperanza, 11 de marzo de 2004.