Carta de Rosario Robles

Señora directora: De todas las mentiras que se han publicado sobre mi persona en su periódico -al cual siempre he respetado-, la que aparece el día 11 de marzo en primera plana y que afirma que yo estuve presente cuando se cerró la operación de compraventa del Club León es la que menos sustento tiene.

Quiero señalar categóricamente que yo nunca estuve ni participé en forma alguna en la negociación ni durante el cierre de dicha operación que involucró al mencionado equipo de primera división A.

Atentamente

Rosario Robles Berlanga

Respuesta del reportero

Señora directora: Con todo respeto para la señora Rosario Robles, ahora hasta existe un video en el que el señor Roberto Zermeño ratifica la información publicada en este espacio. Ante cámaras y micrófonos, ayer insistió en que Robles estuvo presente cuando cerró la negociación con el empresario Carlos Ahumada. Ojalá y en esta segunda lectura ella advierta a quién debe dirigir su reclamo.

Miguel Angel Ramírez

Aclaración de la SFP

Señora directora: Con relación a la nota publicada el 11 de marzo en la página 26 de La Jornada, bajo la cabeza "Sector público federal, con el peor grado de corrupción en 20 años", me permito comentarle lo siguiente:

En diferentes espacios hemos estado tentados a ver el problema de la corrupción como una responsabilidad de algún actor en particular, en este caso, del gobierno federal. Con ello se ha producido el efecto de desensibilizar a otros actores de la vida política y económica nacional que comparten la responsabilidad en las calificaciones otorgadas a nuestro país en diferentes indicadores internacionales.

El componente de corrupción del Internacional Country Risk Guide (ICRG) -que es sólo una variable de las 22 consideradas para evaluar el riesgo país- no se refiere exclusivamente al sector público federal, sino a todo el sistema político (según reconoce el propio ICRG en sus notas explicativas). Entre los criterios que se evalúan destacan el nepotismo, el tráfico de empleos públicos, el financiamiento secreto a los partidos políticos, y los vínculos sospechosos entre la política y los negocios, actividades no exclusivas de la administración pública federal. Por lo tanto, este indicador nos mide a todos. Los tres órdenes de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el sector privado y la sociedad en general tenemos la responsabilidad en los temas evaluados por este índice.

Es por ello que la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin descuidar sus acciones correctivas, ha puesto énfasis en el enfoque preventivo de la corrupción. La clave para combatir con éxito este flagelo es la construcción de una cultura de integridad y transparencia, como lo demuestran las experiencias en otros países.

Hemos impulsado la ciudadanización de la cultura anticorrupción por medio de 35 convenios con grupos de la sociedad y dos pactos sectoriales; de campañas de sensibilización permanente, de herramientas para la creación de espacios libres de corrupción y del establecimiento del Consejo Ciudadano para la Transparencia, entre otras muchas acciones. En cuanto a las acciones correctivas, hemos hecho la tarea. De diciembre de 2000 a la fecha se han aplicado 21 mil 612 sanciones administrativas.

Cabe señalar que la conclusión del estudio de BBVA Bancomer, motivo de la nota, se presta a confusión. Se infiere que un número menor de sanciones es un indicador de que el combate a la corrupción no es efectivo. No obstante, también es posible que se deba a una disminución real de casos de corrupción. En realidad, el objetivo del combate a la corrupción es precisamente la disminución en la incidencia de actos irregulares y, por consiguiente, de sanciones administrativas o penales.

Atentamente

Aliza Chelminsky, titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia

Contestación de los reporteros

Señora directora: Con relación a la carta enviada por la titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, Aliza Chelminsky, no nos queda más que darle las gracias. Pero al mismo tiempo quisiéramos sugerirle que sus comentarios los envíe a BBVA Bancomer, que es la institución autora del análisis de donde se obtuvo la información de referencia. En verdad deseamos que su cruzada preventiva de la corrupción tenga el mayor de los éxitos, en beneficio de toda la sociedad. Valga, de paso, la petición de que se nos explique, a nosotros y nuestros lectores, a qué se debe que, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda cuente con la información de que en el Banco Nacional de Comercio Exterior se tengan registros de la compra de "un silbato metálico" a la empresa Coria Becerra Deportes, SA de CV, y se haya pagado por él la cantidad de 3 mil 760 pesos. O que, en otros casos, Capufe haya pagado 6 millones 665 mil 300 pesos por una computadora, o que el IPAB gastara 494 mil 970 pesos con 30 centavos para el "suministro y colocación de alfombra para el inmueble de Varsovia 19".

Atentamente

Víctor Cardoso y Juan Antonio Zúñiga
 
 

El Correo Ilustrado