Inviables por ahora las reformas estructurales, consideran senadores panistas

Plan blanquiazul contra abusos en Ejecutivo y Legislativo

ANDREA BECERRIL ENVIADA

Veracruz, Ver., 12 de marzo. La reunión plenaria del grupo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República concluyó hoy con pocos legisladores, menos de los asistentes un día antes, y con la certeza de que será poco viable impulsar las llamadas reformas estructurales, como la energética, dada la coyuntura política actual. Por ello, la agenda de los blanquiazules se centra en un paquete de 15 iniciativas contra la corrupción, tanto de miembros del Congreso como de funcionarios, la relección legislativa y el voto de los mexicanos en el extranjero.

El paquete anticorrupción propone acotar el fuero para que los senadores o diputados que hayan incurrido en ilícitos puedan ser juzgados de inmediato, agilizar el juicio político y endurecer las sanciones a quienes incurran en acciones indebidas.

Sin embargo, en lo que se refiere al tráfico de influencias, no se discutió la iniciativa de la senadora Luisa María Calderón, la cual propone prohibir de forma tajante que los legisladores se dediquen de manera simultánea a actividades privadas, veto que muchos piensan lleva dedicatoria específica a Diego Fernández de Cevallos.

Se argumentó que Calderón no asistió a la plenaria y por ello no estuvo en la mesa de discusión su propuesta de reforma constitucional. El senador César Jáuregui presentó todo un paquete para modernizar el Congreso y frenar la corrupción. Incluye un planteamiento menos radical en el tema de tráfico de influencias, que será el que impulsará la bancada panista.

Las decisiones en torno a la agenda las tomaron ayer 12 senadores, de un total de 46, ya que el grupo de los llamados "rebeldes" decidió no acudir y ocho de los asistentes un día antes regresaron a sus respectivas entidades por la mañana. En privado algunos legisladores deploraron el poco interés de Diego Fernández de Cevallos en los asuntos legislativos, pues no participó en la discusión, pese a que es el coordinador del grupo. Desde un día antes se marchó de esta ciudad y no volvió a preocuparse de la plenaria de su grupo parlamentario.

Héctor Larios, quien quedó a cargo del encuentro, reconoció que aunque seguirán impulsando las "reformas estructurales", el panorama político actual no es el más adecuado. Sin embargo, dijo, se trabajará en temas relevantes que se deben aprobar a la brevedad, como el paquete anticorrupción, la relección de legisladores y el proyecto del presidente Vicente Fox en materia de justicia.

Jáuregui destacó que hay una propuesta integral para establecer un régimen de precisión de derechos, deberes, prerrogativas y prohibiciones que tienen los legisladores, con un capítulo de sanciones que van de la amonestación privada a la pública, la pérdida del escaño y la inhabilitación hasta por 10 años. Nuevas reglas, además, para agilizar los procedimientos de desafuero y juicio político.

Ello, dijo, debido a que la legislación actual establece "14 tortuosos pasos" para desaforar a un legislador, que hacen casi imposible quitar la inmunidad a los miembros del Congreso. Se propone, entonces, volver al esquema sencillo que existía en la década de los 50 y además "acotar el fuero a la flagrancia, a fin de que si algún legislador comete un ilícito, la autoridad no tenga por qué detenerse ante el escudo protector del fuero".

Igualmente, dijo, se plantea agilizar los juicios políticos, pues durante más de 70 años el PRI "hizo todo por evitar que el Congreso pudiera sancionar por esta vía a los malos funcionarios".

Por lo que respecta a la relección de legisladores, Jáuregui precisó que hay ya un proyecto de dictamen, que se buscará consensuar con las demás fuerzas políticas.

La diezmada fracción panista acordó también dedicarse de lleno al paquete en materia de justicia que el Ejecutivo anunció ya que hará llegar al Senado y que comprende la modificación de 12 ordenamientos, entre ellos la Constitución, toda vez que se plantea volver a los juicios orales, dar autonomía al Ministerio Público y en general un nuevo marco jurídico.