Antes de la resolución no debe haber juicio, dice

La Corte determinará si procede el pago a los Ramos Millán: SRA

ANGELES CRUZ Y ALFREDO MENDEZ

Para la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) el proceso judicial con los herederos de Ramos Millán concluirá sólo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si es o no procedente el pago de mil 214 millones de pesos, como lo determinó la justicia en 2002, y de los cuales la dependencia ya ha entregado 60 millones de pesos.

Jorge Gómez de Silva Cano, director de Asuntos Jurídicos de la SRA, explicó que la demanda interpuesta por la familia de Ramos Millán para lograr el pago inmediato de la indemnización está dirigida a la ex secretaria María Teresa Herrera Tello y a su sucesor, Florencio Salazar Adame, de manera individual, y al gobierno de la República en forma subsidiaria, por lo que la negativa de suspensión definitiva de la demanda de amparo que buscaba detener el juicio civil de 2003 no afecta a la SRA.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que, para cumplir con la resolución judicial que favoreció a los particulares, el pago económico se cubriría en parcialidades. En 2003 se entregaron los primeros 30 millones y recientemente otra cantidad similar.

Gómez de Silva opinó que hasta no conocer la resolución de la SCJN, ningún otro juicio tiene razón de ser.

Recordó que en marzo de 2003, una vez que se agotaron los recursos legales por parte del gobierno federal para impedir el pago de mil 214 millones de pesos a los herederos de Ramos Millán, la SRA interpuso ante la Corte un incidente de inejecución de sentencia.

La dependencia presentó una serie de argumentos como prueba de las irregularidades en el juicio ganado por los Ramos Millán y en el cual fueron asesorados por el bufete propiedad del senador panista Diego Fernández de Cevallos; entre otros, la falta de personalidad jurídica de los promoventes, así como deficiencias técnicas en los dictámenes periciales que llevaron al juez a determinar una indemnización exorbitante, señaló Gómez de Silva.

En un primer análisis, el ministro a cargo del caso resolverá si hay por parte de la SRA la intención de evadir el cumplimiento de la ejecutoria (el pago de los mil 214 millones de pesos) y, en una segunda etapa, si esa cantidad es correcta.

Según Gómez de Silva existe la posibilidad de que la Corte modifique las sentencias emitidas por el juez de distrito y el tribunal colegiado en favor de los herederos de Ramos Millán.

Respecto de la demanda civil iniciada en julio pasado por los Ramos Millán para obtener la reparación económica del daño por el no pago inmediato de los mil 214 millones de pesos, el director de Asuntos Jurídicos de la SRA comentó que Herrera Tello y Salazar Adame contrataron abogados particulares y en tiempo y forma contestaron la demanda. Al mismo tiempo, interpusieron algunos recursos legales en busca de detener el juicio.

Sin embargo, en las dos primeras instancias judiciales la determinación fue en su contra, por lo que recurrieron a la demanda de amparo ante el primer tribunal unitario en materia civil. Este resolvió, el miércoles pasado, negar la suspensión definitiva a los quejosos, lo que significa que el juicio civil federal seguirá su curso normal hasta que la demanda de amparo se resuelva en forma definitiva.