Miguel Concha

Resolutivos del tribunal de conciencia

Hace ocho días tuvo lugar en la ciudad de Chihuahua el Tribunal de Conciencia contra la Violencia y la Discriminación hacia las Mujeres, convocado por primera vez por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y 14 organizaciones civiles locales. En la reunión se presentaron seis casos emblemáticos sobre las diversas irregularidades y el encubrimiento de las autoridades en las investigaciones sobre las desapariciones y homicidios de mujeres en la capital del estado y en Ciudad Juárez, seleccionados con la anuencia de las madres de las víctimas y la colaboración de sus representantes legales. Después de escuchar durante más de tres horas, el jurado emitió su sentencia, apoyada por el público, que asimismo elaboró su propio veredicto. Dada la repercusión que ha venido teniendo durante esta semana entre las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, considero importante reproducirla aquí literalmente.

Por todos y cada uno de los casos de asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua aquí expuestos -dice la sentencia-, este jurado condena al Estado mexicano y al estado de Chihuahua como primeros responsables por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, según las leyes internacionales y nacionales vigentes en México.

Ante las evidencias y pruebas irrefutables aquí presentadas, este jurado asume cada una de las demandas en contra de las autoridades y/o representantes de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos a escala estatal y federal. Por ello exigimos de manera prioritaria, entre otras cosas: juicio político a Francisco Barrio y a Patricio Martínez García; destitución inmediata y procesamiento de Jesús José Solís Silva, procurador general de Justicia del estado de Chihuahua; de las seis fiscales especiales para homicidios de mujeres nombradas por la procuraduría del estado, así como de la titular de la Agencia Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la misma procuraduría.

Asimismo, exigimos la disolución y desaparición de la fiscalía mixta, integrada por la fiscalía especial y el Ministerio Público Federal, ya que los casos juzgados demuestran claramente la irresponsabilidad y corrupción del Ministerio Público estatal, y éste es parte de la mencionada fiscalía. Por lo que se exige que todos los casos sean atraídos por la Procuraduría General de la República.

Por lo que respecta al Poder Judicial estatal, se exige la separación inmediata del cargo de la juez tercera de lo penal, por haber descalificado el testimonio de una de las víctimas, que fue violada y torturada por la policía, solamente por el hecho de que se trataba de una sexoservidora. Se solicita además la investigación y castigo de todos los jueces que aceptan declaraciones arrancadas bajo tortura.

Se exhorta al Instituto Chihuahuense de la Mujer a que cese la campaña de hostigamiento y desprestigio de las organizaciones civiles que están apoyando y luchando porque se haga justicia en los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua. Se le pide igualmente que reorganice todo su trabajo desde una perspectiva de género, y que se abstenga de seguir clasificando incorrectamente los casos, con el fin de restarles su gravedad y su importancia numérica.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le condena por su negligencia y complicidad en los actos de tortura. Al Congreso de la Unión y al del estado se les exige tipificar como delito grave el delito de desaparición forzada, para que las denuncias de desapariciones sean investigadas rápidamente como delitos, y no atendidas como diligencias de servicio social. A ambos cuerpos legislativos se les pide considerar el tipificar como delito el feminicidio, y especialmente se condena al Congreso del estado por no haber cumplido con la facultad de exigir al gobernador, al procurador general de Justicia y al presidente del Supremo Tribunal informes fidedignos sobre su actuación en todos estos casos.

Además se le exige la inmediata destitución del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su encubrimiento en actos de tortura y violencia contra las mujeres, y porque hasta el momento no ha emitido una sola recomendación por estos hechos.

Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales. han venido respaldando por Internet durante toda la semana esta sentencia, pidiendo al mismo tiempo que sea tomada en cuenta por la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, y sobre todo por la Procuraduría General de República, pues ésta debe acatar el compromiso que volviera a hacer el Ejecutivo federal el pasado 8 de marzo, de llegar al fondo de estos asuntos.