El Banco de México (BdeM) dio a conocer ayer que la inflación entre febrero de 2003 y el mismo mes del presente año se sitúo en 4.53 por ciento, tasa significativamente superior a las previsiones oficiales, que la colocaban en 3 por ciento. En consecuencia, el banco central determinó incrementar el llamado corto monetario (el retiro de circulante de la economía nacional), de 29 a 33 millones de pesos diarios, con el objetivo de reducir las presiones inflacionarias mediante la restricción de la masa de dinero disponible y, por tanto, de la inversión y el consumo.

Las consecuencias inmediatas de tal medida serán el incremento de las tasas de interés en el país y la imposición de un nuevo freno al crecimiento nacional, pues la disminución del circulante y el aumento de los réditos limitarán los planes de inversión productiva de las empresas, influirán negativamente en el de por sí deficitario panorama del empleo y forzarán la reducción del consumo por parte de personas y compañías. Ciertamente, contener la inflación es una medida necesaria para prevenir mayores deterioros en el poder adquisitivo de la ciudadanía y frenar eventuales presiones devaluatorias, pero una vez más resulta reprochable que tal medida se imponga a contrapelo de las necesidades sociales y de las expectativas económicas de la población. En este contexto, estos fenómenos deben ser entendidos más allá de sus connotaciones macroeconómicas y apreciarse desde la óptica de las políticas públicas y del desarrollo general del país.

Así, es evidente que la creciente inflación, la continua alza de los intereses y el patente estancamiento de la economía nacional son síntomas de que la política económica de la actual administración resulta impotente no sólo para cumplir las descabelladas promesas de campaña de Vicente Fox en materia de crecimiento del producto interno bruto y creación de fuentes de trabajo, sino para impedir que el país se precipite por la ladera de la recesión. El mensaje detrás del aumento del corto monetario y de la ineficacia económica gubernamental es, nuevamente, el mismo de los recientes cuatro sexenios: el desarrollo nacional seguirá siendo postergado -e inclusive podría ahondarse su actual crisis- en aras de preservar los intereses del gran capital y de los organismos financieros internacionales, los únicos que encuentran compensación o utilidad real en el actual escenario de "estabilidad" macroeconómica en medio de una severa crisis social.

Por añadidura, el gobierno foxista no parece dispuesto, ni aun capacitado, para ofrecer al país un camino diferente que atienda, en primer término, las acuciantes necesidades sociales. Sus fórmulas son idénticas a las aplicadas -con desastrosos resultados- durante las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y mientras la nación padece agudos problemas de pobreza, desempleo, quiebras de empresas y desesperanza social, el gobierno foxista se empecina en su fundamentalismo neoliberal y se inclina ante las exigencias de los beneficiarios del ilegal rescate bancario o de las corporaciones extranjeras que claman por apoderarse del patrimonio energético del país.

Los indicadores dados a conocer ayer y el desempeño económico del actual gobierno -caracterizado por la ineficacia, el discurso baldío y la incapacidad para revertir la presente crisis- mueven a preguntarse hacia dónde se dirige la economía nacional, pues no existen razones para suponer -inclusive en el actual contexto de elevados precios internacionales del petróleo- que la preservación del modelo neoliberal conduzca al país a un escenario de recuperación y crecimiento. El supuesto impulso proveniente de una eventual revitalización de los mercados estadunidenses no ha tenido lugar y permanece en duda que, de suscitarse, éste tendría un efecto sustancial en la mejora de la economía mexicana. De igual forma, las abultadas reservas de divisas del país no han contribuido al desarrollo nacional y, en cambio, son entregadas en subastas para festín de los especuladores.

México necesita urgentemente una nueva política económica que deje atrás el dogma monetarista y neoliberal, y privilegie el bienestar social y el crecimiento justo e incluyente. Los focos rojos inherentes a la elevada inflación deben servir de alerta para que las autoridades modifiquen de una vez sus prioridades y se decanten por el interés de las mayorías, no por el de los organismos extranjeros o el de los grandes capitalistas locales o trasnacionales.