México D.F. Domingo 14 de marzo de 2004
Analiza el gobierno mexicano la resolución
del panel de la OMC; apelaría del fallo
Rechaza la Secretaría de Economía que
EU haya ganado controversia sobre telefonía
Las tarifas en el país no cumplen estándares
de organismos internacionales, asegura
ISRAEL RODRIGUEZ
La Secretaría de Economía (SE) rechazó
este sábado las opiniones de la oficina del representante comercial
de Estados Unidos, Robert Zoellick, acerca de que ese país había
ganado la controversia ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC) referente a las tarifas de interconexión internacional, ya
que, argumentó, no reflejan el verdadero contenido de la resolución
del organismo internacional ni de la política pro competitiva del
sector mexicano de las telecomunicaciones .
El gobierno de México analiza el alcance e implicaciones
de dicha resolución para determinar las acciones a seguir, entre
ellas recurrir al Organo de Apelación.
Señaló
además que las tarifas mexicanas cumplen con los estándares
establecidos tanto por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
como por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.
En materia de prácticas competitivas, el grupo
especial determinó que la legislación mexicana no cumple
con los compromisos adquiridos por México en la OMC. A este respecto,
el país ha adoptado las medidas pertinentes con el propósito
de fomentar la competencia entre los 27 concesionarios de larga distancia
establecidos en México y evitar que cualquiera de éstos incurra
en prácticas anticompetitivas.
Contrario a lo que afirma la representación comercial
de Estados Unidos, el gobierno de México no otorga a Teléfonos
de México (Telmex) la autoridad exclusiva para negociar la tarifa
por conectar las llamadas provenientes de Estados Unidos a nuestro país,
aseguró la dependencia.
Conforme con la legislación mexicana, el operador
que maneje más tráfico de salida estará facultado
para negociar dicha tarifa y con ello son los propios operadores los que
han negociado de manera progresiva tarifas más bajas. Esta legislación
evita prácticas internacionales anticompetitivas de los operadores
estadunidenses en su relación con los mexicanos.
De la revisión inicial del resolutivo se desprende
que en el tema de principal interés para el gobierno mexicano, la
OMC le concede la razón al prohibir la práctica de algunos
operadores de Estados Unidos, por medio del cual, utilizando enlaces privados
transfronterizos, eluden el pago de la tarifa pactada por el uso de las
redes de los operadores mexicanos para la terminación de llamadas,
comúnmente conocida como by-pass.
Con ello, el sector mexicano de las telecomunicaciones
se verá protegido para evitar que se continúen reportando
en nuestro país los más de mil 300 millones de minutos que
fueron realizados en 2000 por operadores estadunidenses enviados mediante
by-pass, mismos que demuestran que 20 por ciento del tráfico
proveniente de Estados Unidos hacia México se envía ilegalmente
mediante dicha práctica.
Por lo que respecta a la tarifa de liquidación
y al sistema de retorno proporcional, concebido originalmente por Estados
Unidos para negociar el intercambio de tráfico transfronterizo con
otros países como México, la resolución de la OMC
inicialmente recomienda una orientación de dichas tarifas a costos
dentro de los criterios de política de telecomunicaciones y el marco
jurídico vigente.
Economía destacó en un comunicado que México
posee uno de los mercados más abiertos del mundo en materia de larga
distancia nacional e internacional. Entre diciembre de 1996 y junio de
2002 las disminuciones en las tarifas han sido las siguientes: 70
por ciento para las llamadas de larga distancia nacional, 64 por ciento
para Estados Unidos y Canadá y 66 por ciento para el resto del mundo.
Por lo que respecta a la autorización para operar
a comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, México analiza
el alcance de la recomendación inicial de la OMC a este respecto.
Lo anterior, en el entendido de que dicha figura existe dentro de la legislación
mexicana vigente y que, de ser el caso, nuestro país tendrá
derecho a pedir la revisión por medio del procedimiento de apelación
establecido para tal efecto. Por último, la dependencia precisó
que el contenido de la resolución se hará público
en abril.
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