Tampoco avalaría el intercambio de los bonos Fobaproa por pagarés del IPAB

El informe Mackey no justifica nuevas auditorías a bancos, responde el IPAB

Si intermediarios rechazan ser auditados podrían desconocerse obligaciones: Di Costanzo

ROBERTO GARDUÑO

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) argumentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el informe Mackey "no contiene los elementos necesarios para proceder en los términos dispuestos por el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB". Por tanto ese documento es insuficiente para considerarlo como auditoría a los bancos, cuyo pasivo previsto en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) asciende a 220 mil millones de pesos.

Si el argumento del IPAB al Congreso de la Unión se aplicara de forma literal, entonces el informe Mackey resultaría también insuficiente para justificar el cumplimiento del canje de bonos Fobaproa por pagarés IPAB, y serían imprescindibles nuevas revisiones a los bancos (Banamex, Bancomer y Bital, ahora HSBC) con objeto de desentrañar si el costo del PCCC es de 220 mil millones de pesos, monto que se deberá agregar a la deuda pública del gobierno federal antes de diciembre próximo.

Frente a tal escenario y si se considera la posibilidad de una negativa de los bancos a ser auditados, el Congreso federal tiene la opción de desconocer las obligaciones y rechazar el canje de bonos Fobaproa por pagarés IPAB, aseguró el asesor financiero del Partido de la Revolución Democrática Mario di Costanzo.

Hace un mes, la Comisión Permanente aprobó el envío de una serie de cuestionamientos al instituto en torno a la situación de los pagarés de referencia y el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB. Este precepto establece la obligación de realizar auditorías a los bancos y dar cumplimiento al exhorto del Congreso emitido el 13 de agosto de 2003.

El exhorto incluyó tres vertientes: dar cumplimiento al artículo quinto transitorio y realizar las auditorías GEL (gestión, existencia y legalidad) a los bancos, en los términos que había acordado la junta de gobierno del IPAB en mayo de 2002; considerar las observaciones realizadas por el auditor superior de la Federación en los informes sobre la revisión de la cuenta pública de 2000 y 2001, y analizar los bank reports para reducir el costo fiscal del rescate bancario.

El martes pasado el IPAB envió a la Comisión Permanente las respuestas a tales preguntas. Acerca de las auditorías GEL, el IPAB respondió que los bancos recurrieron al amparo para evitar la auditoría. El juicio se mantiene en proceso y la decisión corresponderá a los tribunales.

El IPAB refiere un monto de 25 mil 860 millones de pesos a valor histórico por solventar. No obstante, en el último reporte entregado por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados los recursos sin solventar eran por 20 mil 780 millones de pesos y a septiembre de 2003 equivalían a 55 mil 243 millones de pesos. Ante esas evidencias no se ha disminuido el valor de los pagarés de las operaciones que fueron observadas por el órgano de fiscalización.

En el caso del análisis de los bank reports, el IPAB argumenta que los papeles de trabajo de la auditoría de Mackey y los bank reports significan lo mismo, y como los bancos se han amparado para que los despachos contables coadyuvantes de Mackey -cuyos servicios fueron retribuidos con recursos de la Cámara de Diputados- no entreguen los papeles de trabajo, el instituto se ve imposibilitado de concluir su análisis.

Esos señalamientos "son totalmente falsos porque el IPAB tiene un ejemplar de cada bank report, de hecho el instituto recibió esos documentos directamente del canadiense Mackey desde 1999, y no requiere realizar ninguna auditoría para analizarlos, tan sólo es cuestión de que su junta de gobierno los revise y tome las recomendaciones que de ellos emanan, por lo tanto el IPAB no ha cumplido ni cumplirá con esta parte de la recomendación de la Comisión Permanente", aseguró Di Costanzo.

En la página 31 de su informe, el IPAB manifiesta que a diciembre de 2003 sus pasivos totales ascendieron a 821 mil 305 millones de pesos, y los Programas de Capitalización y Compra de Cartera se calcularon en 220 mil 427 millones de pesos.

Tal señalamiento contraviene el postulado del artículo séptimo transitorio de la Ley del IPAB, donde estipula que: "el instituto, sujeto a la condición a que se refiere el párrafo siguiente, en protección de los derechos de terceros de buena fe, y para proveer a la más expedita recuperación de los bienes asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera".

De acuerdo con las disposiciones de la Ley del IPAB, el costo neto de los PCCC es de 110 mil millones de pesos. Referencia que contrasta con el pasivo de 220 mil millones de pesos citado arriba. "Se incrementa con ello el costo fiscal del rescate bancario y la función del instituto es reducirlo".