Insiste el funcionario en relacionar al senador con el narco

Fernández de Cevallos tiene una larga historia que contar: Batres

Debe rendir cuentas ante la justicia, considera

BERTHA TERESA RAMIREZ

El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, ratificó que la información que dio a conocer sobre los nexos que tiene el senador Diego Fernández de Cevallos con el narcotráfico forma parte de un expediente abierto de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que están dadas las condiciones para que esa dependencia siga esa línea de investigación.

Entrevistado al término de la reunión del gabinete de Seguridad, señaló que las denuncias que relacionan al senador de Acción Nacional con el cártel de Júarez datan de 1997, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino el grupo financiero Anáhuac, en su carácter de institución crediticia e intermediaria bursátil, la cual presuntamente habría sido adquiridas por el cártel de Juárez para realizar operaciones de lavado de dinero.

El funcionario señaló que aunque durante 1997 y 1998 la PGR giró órdenes de aprehensión como resultado de las investigaciones sobre este caso y algunas personas fueron detenidas, otras se encuentran prófugas de la ley.

Martí Batres consideró fundamental que Fernández de Cevallos rinda cuentas ante la justicia, pues la historia que tiene que contar es muy larga, "y va desde el asunto de Punta Diamante, los casos de las casas de bolsa, así como la defensa a la empresa Jugos del Valle, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda le tuvo que devolver el IVA por 700 millones de pesos a esa compañía".

El funcionario insistió en que en los videos que exhiben actos de corrupción existió una conspiración en contra el Gobierno del Distrito Federal. Agregó que las dos semanas anteriores se dieron a conocer a la opinión pública "elementos suficientes que demuestran que sí existió un complot en contra del jefe de Gobierno capitalino".

El perredista indicó que aunque con 15 días de retraso, el Cisen ha terminado por admitir la participación de uno de sus funcionarios en la diligencia que realizó el delegado de la PGR en el Hotel Presidente Intercontinental, el pasado 20 de febrero, con el abogado Juan Collado, defensor del empresario Carlos Ahumada.

Indicó que tras la exhibición de los videos se ha dado un mar de confusión, "no se sabe si la Secretaría de Gobernación sabía o no sabía de esta participación; de repente parece que esa dependencia no estaba enterada de lo que hacía el Cisen: si fuera así sería muy delicado, pero consideramos que sí sabía".

Agregó que a esta situación han contribuido la serie de versiones que han circulado en torno a la referida reunión y que han propiciado las propias autoridades federales, entre ellas que el delegado del Cisen asistió a esa reunión "no para enterarse" sino sólo para pagar la cuenta.

Otra versión fue que el Cisen había reservado el piso en el que se llevó a cabo la diligencia ministerial, pero posteriormente también la rechazaron y dijeron que no había reservado el lugar, sino que nada más había ido a pagar, comentó Batres.

El hecho es que en esa reunión hubo funcionarios del Cisen, de la PGR y del PAN, que es lo que ha venido diciendo el jefe de Gobierno desde la semana pasada, concluyó el funcionario.