Los detenidos aseguran que se violó la ley de amparo

Presenta vascos presos ante el CJF queja contra magistrados mexicanos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los seis ciudadanos de origen vasco presos en el Reclusorio norte interpusieron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los tres magistrados que integran el séptimo tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal.

Desde julio pasado, los vascos están detenidos debido a que enfrentan una acusación del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, por sus presuntos vínculos con la organización vasca ETA; por ello, permanecen sujetos a procedimiento de extradición, a pesar de que el órgano jurisdiccional les concedió un amparo el pasado 26 de febrero, bajo el argumento de que fue ilegal la detención librada en su contra por el juzgado segundo de distrito.

En el recurso de queja que presentó a principios de este mes su abogada, Bárbara Zamora, y que ya fue aceptado por los miembros del CJF para su posterior análisis, los inconformes solicitan que sean sancionados los magistrados Carlos Luna, Ricardo Ojeda y Alfredo Murguía, integrantes del séptimo tribunal, a quienes acusaron de violar en su perjuicio la ley de amparo.

De acuerdo con el documento firmado por los quejosos, y que fue radicado en el CJF con el número de expediente 184/2004, los tres magistrados tardaron más de una semana en notificar a los detenidos sobre el contenido de la sentencia emitida por el tribunal colegiado, el pasado 26 de febrero.

Ese día, el órgano jurisdiccional ratificó la resolución del juzgado quinto de distrito de amparo, en el sentido de que el juzgado segundo de distrito (encargado del procedimiento de extradición) violó el artículo 16 constitucional en perjuicio de los vascos, cuando en julio pasado ordenó su detención formal con fines de extradición a España.

Además, el tribunal otorgó ese día a Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategi, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategi Duralde y Juan Carlos Artola Díaz, la protección de la justicia federal, para efectos de que el juez segundo (César Flores Rodríguez) "corrigiera" los errores que cometió al momento de decretar su aprehensión, y determinara su situación jurídica de nueva cuenta.

Los vascos recibieron en su celda la notificación oficial relativa al amparo que les otorgó el séptimo tribunal colegiado, hasta el pasado 8 de marzo (11 días después de que se dictó la sentencia), a pesar de que la ley de amparo establece que las partes involucradas en un juicio de esa índole deben ser notificadas al siguiente día de que se emita una resolución judicial.

En tanto, la abogada del grupo indicó en entrevista con este diario que en la queja también se incluyó el hecho de que funcionarios del séptimo tribunal "me negaron (el día que se emitió la sentencia) el acceso al expediente para conocer a detalle el sentido de la resolución, a pesar de que estoy autorizada para conocer del asunto".

Finalmente, indicó que el órgano colegiado también violó la ley de amparo, "porque no incluyó (en la lista de acuerdos del tribunal) un resumen sobre la resolución que emitió, sino que simplemente mencionó que se ratificaba la sentencia (del juzgado quinto de amparo) y que se amparaba" a los vascos contra la orden de detención formal con fines de extradición emitida por el juzgado segundo de distrito.