Salas del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tienen posturas encontradas

Conflictos judiciales empantanan la validación de firmas contra Chávez

Mientras una instancia ordena convocar el referendo revocatorio, otra rechaza ese fallo

AFP, DPA Y REUTERS

Caracas, 15 de marzo. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió hoy el proceso para validar las 876 mil firmas objetadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de las que depende la realización de un referéndum revocatorio del mandato del presidente venezolano, Hugo Chávez.

El CNE anunció que la medida será acatada, lo que significa que deberá convocarse al referéndum revocatorio, pero
la sala constitucional del TSJ rechazó
el fallo, lo que podría llevar a un conflicto que puede tardar hasta un año para desahogarse.

Partidarios de Chávez calificaron de "golpista" la decisión de la sala electoral del TSJ, e incluso interpusieron un recurso ante la sala constitucional del máximo tribunal de justicia.

El presidente de la sala electoral, el magistrado Alberto Martini Urdaneta, expresó que se aceptó una acción de amparo presentada por la opositora Coordinadora Democrática (CD) contra la objeción a más de 800 mil firmas recabadas por la oposición.

Poco antes, el presidente del TSJ, Iván Rincón, y la sala constitucional ordenaron a la sala electoral abstenerse de tomar decisiones sobre la controversia alrededor de las firmas objetadas por el CNE para la consulta revocatoria.

Antes del anuncio del fallo, Martini rechazó la injerencia de la sala constitucional del TSJ en asuntos "que no le son naturales".

El fallo de la sala electoral ordena suspender los efectos de una decisión del CNE, que el pasado 2 de marzo objetó 876 mil 17 firmas de las presentadas por la oposición, y obligaría a sumarlas al millón 832 mil 493 firmas consideradas válidas, de modo que se convoque al referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez.

La decisión de la sala electoral del TSJ establece que "se acuerda incluir o sumar a las solicitudes validadas por el CNE para la convocatoria del referendo revocatorio que alcanza la cantidad de un millón 832 mil 493 solicitudes (...) las 876 mil 17 firmas solicitadas".

La decisión de la sala electoral anula de facto una orden del CNE que pedía a todos los firmantes cuyas rúbricas fueron objetadas presentarse a ratificar con una nueva firma su decisión de pedir el referéndum revocatorio.

El fallo del consejo electoral fue desestimado por la oposición, que pedía que fueran consideradas válidas las firmas cuyos autores no se presentaran a reclamar ante las autoridades.

Con esa decisión los opositores lograrían sumar 2 millones 700 mil firmas, superando el mínimo de 2 millones 430 mil que se requieren para obligar a la convocatoria del referéndum revocatorio del mandato de Chávez.

La oposición necesitaba demostrar que al menos 600 mil de las firmas objetadas por el CNE eran válidas, para conseguir el apoyo de 20 por ciento del padrón electoral, el mínimo que la Constitución aprobada en 1991 considera necesario para obligar a la convocatoria del referéndum revocatorio.

El fallo del organismo judicial electoral concluye ordenando al CNE que "de existir al menos 20 por ciento de solicitudes válidas proceda a convocar al referendo revocatorio".

El fallo de la sala electoral del Tribunal Supremo, que contó con el voto de dos de sus tres magistrados, desestima un pedido de la sala constitucional del mismo tribunal para que los magistrados no se pronunciaran sobre el tema, lo cual crea una crisis institucional en el interior del máximo tribunal de justicia.

Por su parte, el juez Iván Rincón emitió un comunicado tras conocerse el fallo electoral, en el que rechaza la actuación de los magistrados electorales y señala que el pasado 11 de marzo la sala constitucional ordenó a la sala electoral "paralizar cualquier acción de nulidad, amparo o cualquier otro recurso contra los actos del Poder Electoral".

En todo caso, será la sala plena del TSJ la que tome la última decisión, pues hay un conflicto de competencias entre salas, sostuvo el abogado constitucionalista Carlos Escarrá, en una entrevista publicada en la edición electrónica del periódico caraqueño El Universal.

Escarrá recordó que hay conflictos de competencia en esa sala que llevan más de un año sin decisión. "Lamentablemente (la sala plena) está fraccionada 10 a 10, de manera que es difícil que allí se produzca una decisión", agregó.

El responsable jurídico del CNE, Andrés Brito, consideró que la decisión de la corte electoral del TSJ es errónea, pero aclaró que será acatada.

Tras el fallo, el alcalde del populoso distrito Libertador de Caracas, Freddy Bernal, anunció que presentó este mismo lunes una "protección" constitucional al apelar del fallo ante la sala constitucional.

El diputado chavista Ismael García consideró que la controvertida actuación de los magistrados electorales "es una nueva acción de los golpistas".

Por su parte, la opositora CD pidió al CNE que acate el fallo del tribunal electoral y convoque al referéndum. Enrique Mendoza, vocero de la coordinadora, destacó que la decisión judicial reafirma el criterio expresado por observadores internacionales, principalmente el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos, que habían solicitado la validación de las firmas.

El fallo "rescata el estado de derecho, restituye el papel de árbitro imparcial al Tribunal Supremo, reivindica a la sala electoral como juez natural de todo el recurso referido a la materia electoral", añadió Mendoza.

El Grupo de Amigos para Venezuela, formado por Brasil, México, Chile, España, Estados Unidos y Portugal, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por "la prolongada indefinición" sobre la convocatoria del referéndum revocatorio y pidió una salida dentro de los márgenes constitucionales.