Llamó a crear condiciones adecuadas para resolver la crisis de los desplazados en Chiapas

Insta Soberanes a legisladores a cumplir los acuerdos de San Andrés

Persiste el peligro de estallido social por la falta de recursos que el gobierno debería inyectar, sostiene

JOSE A. ROMAN Y ENRIQUE MENDEZ CORRESPONSAL

Tras exhortar a los legisladores a revisar la reforma constitucional en materia indígena para cumplir con los acuerdos de San Andrés, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, dijo que el problema de las garantías básicas de este sector de la población es un tema de "vital importancia" en la agenda nacional.

Al reunirse con los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Soberanes recordó que si bien hay avances en la incorporación de los derechos y cultura indígenas al orden jurídico, el proceso de reformas y adecuaciones legales en esta materia "todavía está abierto".

Dijo que los nuevos preceptos constitucionales, incorporados con la reforma de hace tres años, requieren aún una enorme dosis de creatividad en el trabajo legislativo, especialmente en el ámbito de las entidades federativas, en cuyos congresos resultaría conveniente impulsar, cuando no las haya, la formación de comisiones legislativas en asuntos indígenas.

En la reunión, realizada en el recinto legislativo de San Lázaro, el presidente de dicha comisión, el perredista Javier Manzano Salazar, consideró que para resolver el problema político de fondo que existe en Chiapas se debe revisar la reforma constitucional de 2001 y adecuarla no solamente a los acuerdos de San Andrés, sino a los planteamientos de otras comunidades y pueblos indígenas.

Soberanes, en su primera intervención, señaló que la formulación jurídica de los derechos indígenas dista mucho de ser un fin en sí mismo, pues la verdadera meta es que ello tenga como efecto el cumplimiento de dichos derechos y genere una vida más digna y justa para esos 12 millones de mexicanos.

Indicó que el problema de los desplazados de Chiapas es serio; no obstante, consideró difícil obligar a las comunidades expulsoras a que acepten nuevamente a los desplazados, porque quizás el encono pueda traer peores resultados. Es más prudente, comentó, crear en otros lugares las condiciones necesarias para que las comunidades desplazadas reinicien una vida con dignidad, porque de otra manera se podría provocar más violencia física.

A los legisladores les presentó un informe general de la situación de los pueblos indígenas y sobre los resultados de los diversos programas que tiene la CNDH y que impactan a este sector de la población. Informó que el programa de libertad anticipada permitió liberar en 2003 a 688 personas, de las mil 967 propuestas a la autoridad ejecutoria y el fuero común de diferentes entidades. Hasta el año pasado se tenían 7 mil 73 registros de internos indígenas, de los cuales mil 536 pertenecen al fuero federal y 5 mil 537 al común.

Insistió en que los conflictos agrarios, la pobreza extrema, la migración laboral, las condiciones injustas en los ámbitos de reclusión, los obstáculos para acceder a los servicios de salud y educación y el fenómeno de la intolerancia religiosa, son sólo algunos de los problemas que padecen los pueblos indígenas del país, que impactan negativamente el disfrute integral de sus derechos humanos y ponen en riesgo la perdurabilidad de su identidad cultural.

Sin embargo, el presidente de la CNDH identificó a la problemática agraria como uno de los factores que impacta de manera más negativa en la vida de los pueblos y comunidades indígenas, pues en su cultura la tierra no es únicamente un factor productivo, dado que la vigencia de su cosmovisión y tradiciones culturales confirman una relación especial con la tierra y sus territorios, lo cual constituye una nítida diferencia cultural de esos pueblos con el resto de la población.

En este sentido, Soberanes reconoció que aunque los distintos niveles de gobierno han mostrado voluntad por atender cuando menos los conflictos agrarios más graves y con riesgo de explosividad social, muchas veces las soluciones se postergan por falta de recursos federales.

Es importante que la atención gubernamental a los conflictos intra o intercomunitarios con incidencia de factores agrarios, en lugar de tener un carácter reactivo o emergente y sin plazos claramente establecidos, implique una acción permanente, y para ello, es pertinente fortalecer los recursos para la atención de los aspectos agrarios, así como aquellos dirigidos a impulsar el desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas.