El 6 de julio de 1988 tuvo lugar el mayor fraude electoral de la historia de México. Tal maquinación delictiva se urdió -como desde entonces se ha denunciado con insistencia en múltiples tribunas y por amplios sectores sociales- desde el primer círculo del poder. El reconocimiento formulado por el ex presidente Miguel de la Madrid en su autobiografía -él acepta haber ordenado la ya famosa caída del sistema- resulta a la vez escandaloso, por su crudo cinismo, e inquietante por el hecho de que el ultraje, el robo electoral y la mentira propinados hace 16 años a la ciudadanía desde el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional continúen sin ser cabalmente esclarecidos y sus responsables sigan impunes.

El fraude de 1988 constituyó una traición directa al pueblo de México, que vio vulnerada y adulterada su voluntad soberana expresada en las urnas, y la ilegítima revalidación de un régimen -el del PRI- que, en lo económico, entregó el país al capital extranjero, propició y encubrió la corrupción política y empresarial y despeñó a la nación en una crisis financiera y social sin precedente. En lo político, el robo electoral del 6 de julio dio paso a un gobierno autoritario y vengativo que persiguió y mató a sus opositores -los centenares de militantes del Partido de la Revolución Democrática asesinados durante el sexenio salinista son la dolorosa prueba de ello-, ejerció el poder de manera abusiva, antidemocrática y contraria al interés mayoritario de la sociedad y culminó sus días en franca descomposición a causa tanto de sus propios vicios y lacras -los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu lo ejemplifican- como del despertar ciudadano impulsado por el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En este contexto ha de señalarse la responsabilidad que el Partido Acción Nacional -tras un breve momento de resistencia conducido por Manuel Clouthier en sintonía con el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas- tuvo en la validación de la fraudulenta elección de Carlos Salinas y en el apoyo que otorgó después a su gobierno. La democracia fue traicionada y el pueblo mexicano engañado en 1988, y sobre ello el PAN y algunos de sus dirigentes -de manera primordial Diego Fernández de Cevallos, quien jugó un papel estelar en la quema de boletas- tienen todavía mucho que explicar y, eventualmente, que pagar conforme a la ley. Además, el gobierno de Ernesto Zedillo, cabe reiterar, no fue sino la continuación del modelo impuesto en 1988 por el fraude electoral y apuntalado en 1994 mediante el recurso del miedo y la amenaza de una crisis que, finalmente, fue producto del propio sistema.

Así, el actual gobierno de Vicente Fox debería, en aras de cumplir con su declarada vocación democrática, reabrir y esclarecer el turbio expediente del 6 de julio de 1988 y sancionar, en su caso, conforme a derecho a los responsables del hurto electoral que encumbró contra toda legalidad y moralidad a Carlos Salinas de Gortari. Ninguna nación puede desarrollarse de forma libre y promisoria si se mantienen impunes los delitos cometidos desde el poder público. Inclusive, la propia democracia mexicana permanecerá en un estado de fragilidad e inestabilidad si no se ventilan sus rincones oscuros y si permanecen sin castigo aquellos que traicionaron la voluntad popular. ¿Qué sociedad puede progresar democrática, cívica y jurídicamente si sus gobernantes toleran que la mentira y el fraude queden sin sanción y permiten que sus beneficiarios gocen de impunidad o, incluso, de amplio margen de maniobra en la política actual?

Toca ahora a México dilucidar su pasado reciente -que incluye los sucesos de 1968 y 1971, los crímenes de Estado de la guerra sucia, la corrupción que campeó en los pasados cuatro sexenios, el fraude electoral de 1988, el saqueo del Fobaproa y la rendición ante el extranjero perpetrada durante los gobiernos de De la Madrid, Salinas y Zedillo y que sigue patente en el actual- y emprender una profunda limpieza política. A poco más de dos años de los próximos comicios presidenciales, esa labor resulta no sólo conveniente y moralmente necesaria, sino indispensable para preservar y robustecer la institucionalidad de la República y la joven democracia mexicana.