Acusan al Ejército de solapar narcotráfico en Chiapas

Fomentan ilícitos para desprestigiar al zapatismo

EU presiona a México para que envíe tropas a la frontera sur

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Huitiupan, Chis., 20 de marzo. Para entender la militarización en Chiapas, el investigador Onésimo Hidalgo reconoce que es necesario ubicarla en su contexto geográfico como frontera sur del país. "Sin embargo, gran parte de la estrategia militar se intensifica y masifica a partir de 1994, cuando se da el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)".

Actualizado hasta 2004, el investigador presenta un recuento de los asentamientos y puestos militares y policiacos en la entidad. Contabiliza 490 posiciones, de las cuales 213 pertenecen al Ejército federal. De ellas, 98 son campamentos, 24 cuarteles, 29 retenes permanentes, 3 sedes de zona militar y 59 retenes intermitentes que se instalan a diario. Esto, "sin contar los constantes patrullajes que se realizan en diversas comunidades chiapanecas", abunda Hidalgo en El fenómeno de la militarización, informe presentado en el tercer Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo, que se celebra este fin de semana en Huitiupán.

El investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac), especialista en el tema, contabiliza en su registro 18 puestos de la Armada, 62 de la Agencia Estatal de Investigaciones, 15 de la Agencia Federal de Investigación, 47 del Instituto Nacional de Migración, 23 de la Policía Federal Preventiva, además de 141 destacamentos de la Policía Sectorial (ex Seguridad Pública), en su mayoría urbanos.

Por otro lado, Hidalgo señala que al recomponerse la estrategia política de los zapatistas con la desaparición de los Aguascalientes, el surgimiento de los caracoles y la instalación de las juntas de buen gobierno, el Ejército federal reactivó la estrategia de yunque y martillo que ha venido aplicando desde 1995 en la selva Lacandona, según lo denunciado entonces por el subcomandante Marcos, y retomado y detallado en el reciente estudio del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) El dilema del prisionero, 2004.

"El Ejército federal aplica también una segunda parte de su estrategia en los Altos, en forma de presión de tijera contra la comandancia zapatista regional de Oventic (en el eje Chicoasén-Rancho Nuevo), y una tercera estrategia, identificada como zona de despeje militar, que abarca la zona intermedia de influencia zapatista desde Socoltenango y Venustiano Carranza hasta Sitalá, pasando por una parte de los Altos".

En esta última zona, apunta el estudio, la intención es "replegar tropas o reubicarlas en otros cuarteles y campamentos, y dejar operar libremente a priístas para que siembren droga en territorio de influencia zapatista, y también permitir la introducción de autos robados y alcohol, acelerar los conflictos intercomunitarios por problemas de agua, madera, tierra, religión, tráfico de migrantes, etc."

Los "vacíos" que deja el Ejército federal son llenados por la Policía Sectorial, las agencias estatal y federal de investigaciones y cuerpos de defensa rural. "En esta zona de despeje se reprime a los zapatistas con argumentos de delincuencia común y no por las causas que generaron el conflicto armado, lo cual enmascara la represión política de los gobiernos estatal y federal contra el zapatismo", agrega Hidalgo.

"Esta es la explicación que doy a ciertas detenciones de militantes zapatistas de los municipios autónomos en rebeldía Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo y 17 de Noviembre; los asaltos cerca de Oventic; los recientes asesinatos de zapatistas en el municipio rebelde 16 de Febrero; las quemas de ermitas católicas en San Francisco (Pantelhó); los conflictos por el agua en Zinacantán, las amenazas de desalojo de zapatistas en San José Chacté y El Pozo (Cancuc); la detención de bases de apoyo zapatistas en Tierra Blanca (Comitán); los recientes operativos antinarcóticos del Ejército federal en Chanal, Aldama, Santiago El Pinar y Magdalenas". La estrategia, interpreta la investigación de Ciepac, "es contaminar el territorio zapatista con elementos que permitan descalificar y desprestigiar al zapatismo y quitarle la autoridad moral de la que hasta ahora goza".

Por lo demás, las tropas federales pretenden quedarse en las comunidades. "Para no tener que enfrentar demandas como la interpuesta por los habitantes de Amador Hernández, y las protestas en Xoyep (Chenalhó), San Cayetano (El Bosque), Emiliano Zapata (Tila) y Querétaro (Angel Albino Corzo), el Ejército federal ha optado por pagar rentas mensuales mediante convenios con los propietarios, y que oscilan entre 500 y cinco mil pesos mensuales, para asegurar su estancia en las zonas rurales de la entidad. En otros casos, ha recurrido a la compra de tierras o su expropiación".

El estudio considera otro aspecto reciente: "A partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el gobierno de George W. Bush pidió al gobierno mexicano aplicar la Operación Centinela en nuestra frontera sur, como sellamiento contra el terrorismo, los migrantes centroamericanos y el narcotráfico, ya que calificó esa parte del territorio mexicano como una 'frontera porosa'. Por ello se instalaron y mantienen 12 retenes en lugares estratégicos. Para cubrir estos puestos llegaron a Chiapas tres mil soldados más, provenientes de diversos estados de la República, y se ubicaron principalmente en las zonas Costa y Sierra".

Por lo demás, los trabajos del tercer Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo -donde participan más de un centenar y medio de organizaciones sociales, productivas y algunas ONG-, continuaron hoy, y culminarán este domingo con una marcha por la paz en la cabecera municipal de Simojovel, a ocho kilómetros de Huitiupán, en el marco de las jornadas internacionales por la paz global que se llevan a cabo este fin de semana en diversas partes del mundo.