Néstor de Buen

México: al taller de reparaciones

Nos hemos convertido en un país turbio. Parecería que cada partido político espera su turno para hacer claras demostraciones de que las cosas son muy negativas. No se trata solamente de corrupciones, reales o supuestas, que hay de todo, sino de conductas reiteradas que, más allá de las actividades políticas en sí mismas, muestran una decadencia brutal de nuestra sociedad.

El problema no deriva, simplemente, de una frustración general ante una esperanza que no ha funcionado. La votación del año 2000 por el cambio no ha tenido los resultados esperados. Por lo contrario, las cosas van de mal en peor en los campos económico, político y social. Pese a las reiteradas afirmaciones de que vamos mejorando, gracias, supuestamente, a la labor de unos "buzos" que se visten de secretarios de Estado, lo cierto es que la inflación vuelve a tomar impulsos; el desempleo es agobiante y los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo son cada vez más notorios.

La división interna de los partidos políticos parece la nota general. Permítanme que no incluya en ese grupo a los famosos ecologistas, capaces de ratificar por unanimidad en la presidencia a quien, públicamente, ha demostrado su falta absoluta de honestidad. Pero hay divisiones y muy serias dentro del PRI; conflictos más que evidentes en el PRD que no dejan de causar angustia ante lo que puede presentarse como un fracaso de la izquierda y, en el PAN, las cosas no están tan claras a partir de la beligerancia de Diego Fernández de Cevallos, a quien no se le puede negar su inteligencia y personalidad, pero sí el hecho, no prohibido por cierto, de que sus actividades profesionales parecen contradecir sus funciones políticas.

Nada impide a un legislador ejercer, si tiene tiempo para ello, su profesión, cualquiera que esta sea. El artículo 5 constitucional otorga una libertad de trabajo sin cortapisas. En todo caso, ciertos funcionarios públicos se tienen que separar de su puesto si aspiran a una diputación o senaduría. Pero nada más. Sin embargo, creo que los propios partidos deben establecer códigos de conducta que si no impiden, al menos estorben, el que el legislador realice actividades que puedan poner en duda su eficaz representación.

No se trata de que los delincuentes -o presuntamente delincuentes- carezcan de derecho a defenderse. Pero resulta contradictorio que sus defensores no tomen en cuenta lo que puede ser un conflicto de intereses entre el ejercicio profesional y el ejercicio político.

Lo que angustia es que el mundo de la corrupción, tradicionalmente vinculado al de los negocios; al sindicalismo corporativo, titular de contratos colectivos de trabajo de protección; a las concesiones más que sospechosas para quienes tienen la suerte de contar con amigos poderosos, hoy se extienda hasta el infinito. Da la impresión de que, simple y sencillamente, los mexicanos no entendemos otra forma de actuar que la deshonesta.

Nada de eso me asusta, porque mi profesión, tan vilipendiada, sabe que la corrupción, para muchos colegas, es remedio para que las cosas se resuelvan. Debo confesar que más de un cliente ha dejado de serlo porque me he negado sistemáticamente a tratar de resolver los problemas judiciales, jurisdiccionales o administrativos o los que usted quiera, mediante el premio inconfesable a quien ha de definir la suerte del asunto. No se trata de una exigencia de moralidad en la conducta. Más allá de ella, lo que me pasa es que mi orgullo profesional es incompatible con la obtención de resultados favorables por esa vía.

Hace muchos, pero muchos años, un cliente premió a un dirigente sindical por haber accedido a un arreglo conveniente pero no tan negativo para los supuestos representados de aquel dirigente. El empresario interesado entregó personalmente el regalo. Y no sé si al día siguiente, el famoso líder me preguntó que cuál era mi participación en el asunto para deducirla de sus supuestos "honorarios". Por supuesto que mi respuesta fue negativa pero lo importante era la experiencia: muchos colegas incrementan sus honorarios oficiales con esos ingresos indirectos.

Pero lo más negativo de la situación actual no es sólo esa corrupción económica, sino la falta de búsqueda conjunta de soluciones para los gravísimos problemas del país. Hoy se lucha por el poder, no por la coincidencia. Y el país se desliza hacia una bancarrota que ciertamente no expresan los datos oficiales pero sí la realidad que nos rodea.

Siempre se está a tiempo de rectificar el rumbo. El problema es que, en tanto no tengamos conciencia real de la necesidad de hacerlo, el precio va a ser mucho más alto. La violencia, que ya está presente, puede asumir un absoluto protagonismo. A todos nos toca la responsabilidad de recuperar la paz.