El asesinato del jeque Ahmed Yassin, perpetrado la madrugada del lunes en Gaza, y el obsceno regocijo de los gobernantes israelíes por haber descuartizado con sofisticados misiles aire-tierra a ese anciano cuadrapléjico en su silla de ruedas y a otras siete personas, confirman que entre el régimen que preside Ariel Sharon y los terroristas palestinos hay abismales diferencias tecnológicas y económicas, y ninguna diferencia ética. Tal vez Yassin, considerado el máximo dirigente de la organización fundamentalista Hamas, era, además de líder espiritual de la organización y símbolo de las redes sociales de la resistencia palestina, autor intelectual -como asegura la propaganda oficial de Tel Aviv- de muchos de los atentados terroristas suicidas efectuados contra objetivos civiles israelíes. Pero ni siquiera si ese supuesto hubiese sido cierto habría sido aceptable que un gobierno que se ostenta como legítimo decida asesinar a un individuo, por peligroso que le parezca, sin ninguna suerte de proceso y a contrapelo de las leyes nacionales e internacionales.

Sharon y sus voceros mienten deliberadamente cuando afirman que el homicidio referido debilitará a Hamas, contribuirá a disminuir el ritmo o la intensidad de los ataques terroristas, o incidirá en una mejora de la seguridad para los civiles de Israel. Por el contrario, como ha ocurrido después de cada incursión homicida de las fuerzas de Tel Aviv en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, la matanza del lunes abrirá las puertas a una nueva escalada de violencia que cobrará más vidas de inocentes israelíes. Pero a estas alturas resulta ya evidente que la administración de esa violencia es el único argumento de gobierno que puede ofrecer el equipo de Sharon a la ciudadanía del Estado judío, y que, si no fuera por las acciones de terror y destrucción que realizan las fuerzas de ocupación y por los radicalismos palestinos -tanto los de inspiración religiosa como los de corte secular-, el actual primer ministro no tendría nada que hacer al frente del gobierno.

Tras los multitudinarios funerales de Yassin, los gobernantes de Tel Aviv no tuvieron empacho en declarar que ahora es el turno del presidente palestino, Yasser Arafat. Así lo afirmó ayer el jefe de las Fuerzas Armadas, Moshé Yaalón, y así lo reiteró el ministro israelí de Seguridad Pública, Tzachi Hanegbi. Una explicación superficial de tan delirante amenaza sería que el equipo de Sharon se siente envalentonado por la facilidad con la que sus helicópteros de combate eliminaron al caudillo palestino cuadrapléjico. Pero, si se toma en cuenta la lógica de provocación que anima todos y cada uno de los actos de hostilidad del gobierno del Likud contra los palestinos, sería más sensato suponer que los gobernantes israelíes están afanados en suscitar un desbordamiento de los grupos terroristas que justifique, a su vez, la permanencia de los halcones en el poder.

Por desgracia, la amenaza de los militaristas no parece mera baladronada. La ultraderecha israelí, enemiga acérrima del proceso de paz entre israelíes y palestinos iniciado hace 11 años, asesinó en 1995 al primer ministro Yitzhak Rabin, uno de los firmantes de la Declaración de Principios de ese proceso. No es raro que esa misma ultraderecha, ahora en el poder, se proponga matar a Arafat, la contraparte palestina de Rabin en la construcción de la paz.

La conclusión es inevitable: el objetivo de Sharon no es el terrorismo ni sus supuestos o reales dirigentes; no es tampoco Arafat, a quien las fuerzas ocupantes mantienen confinado desde hace tres años en un edificio en ruinas en Ramallah; es, en cambio, la perspectiva de una convivencia pacífica entre israelíes y palestinos. En la lógica enferma del gobernante israelí y sus colaboradores, esa esperanza debe ser destruida al precio que sea. Y la ONU y los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea prefieren no darse por enterados de este designio perverso y devastador.