Samuel I. del Villar

De la Madrid, deshonesto... y desmemoriado

Las relaciones de trabajo fundadas en la realización de valores deben estar regidas por la honestidad y la lealtad que corresponde. Tanto más cuando esas relaciones las establece un presidente de la República con el propósito de "renovar moralmente la sociedad", como hizo Miguel de la Madrid conmigo cuando me solicitó:

1) que formulara el análisis del caso, coordinase la comisión respectiva y articulase la integración del programa correspondiente durante su campaña electoral;

2) que conceptualizara y redactara los proyectos de reforma constitucional, legislativa y administrativa consecuentes, y

3) que me desempeñara como su asesor en asuntos especiales para conocer y plantear soluciones a los principales problemas de corrupción que confrontaba su gobierno en la explotación de los recursos petroleros, por el narcotráfico, por los fraudes electorales en elecciones locales y por la destrucción del ambiente en la selva de Chiapas.

Lamento profudamente que el señor De la Madrid haya traicionado la lealtad que exige la honestidad no sólo en relación con los valores que inspiraron su planteamiento de renovación moral, sino incluso respecto a los términos y la veracidad de la relación que alguna vez nos vinculó en la aspiración de hacer realidad la ética en el servicio público y el gobierno fundado en el cumplimiento de la ley frente al imperio de la corrupción. La deshonestidad que exhibe y la pérdida de memoria asociada en la reciente publicación de sus cuentos, Cambio de rumbo, con la colaboración de Alejandra Lajous (Fondo de Cultura Económica, México, 2004), me obligan a hacer aquí al menos algunas de las múltiples puntualizaciones cuyo desarrollo requeriría de un libro.

Promesas de campaña

El discurso de toma de posesión de De la Madrid se inició con su afirmación de que su protesta de "guardar y hacer guardar la Constitución y la leyes de la República (...) no es mero formulismo; es la más elevada declaración de un compromiso político, legal y moral que asumo ante el pueblo de México". En ese mismo discurso también protestó que "la renovación moral de la sociedad será compromiso y norma de conducta permanente de mi gobierno... el pueblo mexicano es profundamente moral, y me exige que persiga toda forma de corrupción. Así lo haré. Gobernaré con el ejemplo". Su compromiso con la constitucionalidad, la legalidad y la moralidad que le exigía el pueblo de México se corrompió al extremo con la deshonestidad de "presidir el robo" en "uno de los fraudes electorales más flagrantes de los tiempos modernos: el robo de la elección presidencial de México por el candidato del partido gobernante, Carlos Salinas de Gortari", como editorializó The New York Times el 15 de marzo pasado sobre la reciente publicación del infausto ex presidente. La consecuencia más ostensible de la corrupción extrema de De la Madrid, en los términos del mismo editorial, fue, a su vez, un "legado -de Salinas- de privatizaciones corruptas, homicidios políticos no resueltos y un colapso del peso que aporreó los salarios y los ahorros de la clase media de México".

De la Madrid fue deshonesto y faltó a la verdad cuando se comprometió a "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes de la República" y a que "la renovación moral de la sociedad será compromiso y norma de conducta permanente de mi gobierno". Volvió a ser deshonesto, y a faltar a la verdad, cuando afirmó que "tuve que separarlo", refiriéndose al suscrito, argumentando que era "impráctico y catastrofista". La verdad es que el 6 de marzo de 1985 fui yo el que me separé de su gobierno cuando le presenté mi decisión de renunciar al cargo que ocupaba, manifestándole que me resultaba evidente que la corrupción dominante había sepultado sus compromisos con la renovación moral y no tenía sentido continuar con su análisis y la formulación de estrategias y lineamientos para corregirla cuando la conducción de las áreas operativas que debían aplicarlas, el gabinete y el Presidente, estaba empeñada en protegerla, comprobando el incumplimiento total de los compromisos éticos y políticos hechos por De la Madrid, que posteriormente culminarían con su gran robo a la soberanía del pueblo de México el 6 de julio de 1988.

Lo que a todas luces resultó "impráctico y catastrofista" para el ex presidente cuentista era desempeñarse con la honestidad, el cumplimiento de su palabra y de sus compromisos solemnes asumidos ante el pueblo de México, que regularmente me permitía recordarle y que habían sido la razón de ser de nuestra relación política. En el mismo tenor debieron resultarle la serie de artículos que publiqué en La Jornada a raíz de su gran robo a la soberanía nacional, en los que sustenté la ruptura del orden constitucional por De la Madrid y la ilegitimidad del gobierno de Salinas.

Es de lo más significativo advertir cómo los cuentos de De la Madrid buscan borrar las huellas sobre los compromisos renovadores que tuve la responsabilidad de articular y de su incumplimiento atribuible a su irresponsabilidad. Su ladrillo de 871 páginas carece de índice analítico, pero las únicas referencias a la renovación moral en sus acápites son sobre los casos judiciales de Jorge Díaz Serrano, Everardo Espino, Roberto Martínez Vara y Arturo Durazo, que -salvo en el primero- resultaron de nivel inferior frente a los enjuiciamientos de dos ex secretarios de Estado durante el gobierno del presidente López Portillo. De entrada se olvida, al considerar las "iniciativas de ley" al inicio de su gobierno, de la actualización que formuló la Comisión de Renovación Moral coordinada por el suscrito de "las bases constitucionales de la responsabilidad de los servidores públicos (título IV y artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)" y de la promoción de "una nueva ley sobre la materia (Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos) y reformas y adiciones a la legislación penal (capítulo X del Código Penal del Distrito Federal y para toda la República en Materia de Fuero Federal, principalmente)" y de "nuevas formas sobre la gestión pública (Contraloría General de la Federación) para prevenir, detectar, corregir y, en su caso, sancionar conductas inmorales de los funcionarios y empleados públicos", a las que se comprometió en su toma de posesión y que al legislarse constituyeron el andamiaje inutilizado para limpiar la corrupción. Su único registro es que "la ley sobre el daño moral (ley mordaza) provocó numerosas críticas entre periodistas y escritores", porque "considero que la reacción de los periodistas se debe a que veían afectados sus ingresos económicos al no poderse dedicar, como ocurría, a la extorsión".

Cuenta De la Madrid con respecto a la Contraloría General de la Federación que "originalmente pensé en formar un departamento; pero Rojas me dijo que prefería que le diera el título de secretaría, para tener más peso político, y estuve de acuerdo". El cuento pierde la memoria sobre el proceso respectivo de toma de decisiones que empezarían a indicar la voluntad política de hacer de los compromisos presidenciales meros formulismos demagógicos. La propuesta de la Comisión de Renovación Moral que presenté al presidente electo era establecer un departamento concentrado en desarrollar una capacidad de auditoría del Estado de excelencia ética y profesional, para cuya efectividad era necesario prever en los artículos transitorios de la ley correspondiente al menos seis meses para formular el estatuto y las condiciones de reclutamiento, admisión, formación, promoción, remuneración, jubilación y exclusión del servicio público de carrera, y realizar las convocatorias y los exámenes del caso. Quien primero se opuso fue Carlos Salinas, argumentando que por "razones políticas" la Contraloría debía entrar en funciones de inmediato, sin satisfacer los requerimientos institucionales para la efectividad de su función. Repliqué que precisamente por razones políticas debería preverse el tiempo mínimamente necesario para establecer con seriedad el marco institucional efectivo para identificar, investigar, corregir y sancionar la corrupción pública en lugar de soluciones demagógicas y efímeras como las que proponía Salinas. Francisco Rojas, Ramón Aguirre y finalmente Miguel de la Madrid apoyaron a Salinas y se pervirtió la naturaleza de la Contraloría, haciendo de ella una secretaría de Estado globalizadora, burocratizada, politizada y tan inefectiva para cumplir con su cometido que debía contratar a terceros la realización de sus funciones.

El primer ejemplo de intransparencia

De la Madrid también se comprometió en su toma de posesión con dar "transparencia a los ingresos de los funcionarios gubernamentales". Su ejemplo, al negarse a transparentar sus propios ingresos, dio al traste una vez más con la honradez en la función pública. La oportunidad se presentó y se tiró al cesto de la basura cuando el columnista estadunidense Jack Anderson, citando fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, informó que De la Madrid había transferido a Suiza millones de dólares que, como él mismo reconoce, ocasionaron que "el daño a mi prestigio fue considerable". De la Madrid se vuelve a desmemoriar en cuanto a la investigación que realicé sobre el asunto -aunque se atribuye algunos de sus resultados-, y más aún sobre las recomendaciones que le formulé y que desatendió para limpiar su nombre, entre las que destacó la de hacer públicas sus declaraciones de situación patrimonial y de pago del impuesto sobre la renta, transparencia y limpieza que de seguro consideró "impráctica y catastrofista".

Cuenta De la Madrid que "Samuel se ha comportado de una manera vehemente e
imprudente en el medio petrolero y me
está causando una estática grave". En realidad, Joaquín Hernández Galicia lo tenía aterrorizado, copado y ciego ante la reali-
dad y la razón. El caso fue que en una
ocasión me invitó José Murat a desayunar al hotel Presidente Chapultepec y trató de convencerme de las virtudes del líder petrolero, entre las que destacó sus habilidades para el canto, refiriendo incluso la realización de grabaciones. Guadalupe Loaeza estaba en el restaurante, le presenté a José y le referí las habilidades musicales que contaban del personaje. A los dos o tres días me citó el presidente en Palacio Nacional y me informó que Hernández Galicia se había quejado amenazadoramente con él porque yo estaba pagando una campaña de medios para desprestigiarlo. Me quedé estupefacto del dominio del líder sobre el presidente, y así se lo señalé, recordándole lo absolutamente irracional de la acusación y su mínima credibilidad, ya que yo no disponía de presupuesto alguno para medios, que el ejercicio presupuestal de mi asesoría dependía de su secretaría particular, y que fuera de mi casa mi patrimonio personal era menor a mis gastos personales mensuales.

Sin remedio

Las gotas que derramaron el vaso y me convencieron de que De la Madrid y su gobierno ya no tenían remedio para corregir el rumbo hacia la constitucionalidad, la legalidad y la moralidad pública tuvieron que ver con la corrupción en la explotación petrolera y el narcotráfico, además de conductas antidemocráticas como su apoyo ostensible a Carlos Jonguitud para hostigar al gobierno del doctor Salvador Nava en la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta el propio presidente que suscribí un "documento confidencial" que le entregué en propia mano y que "el domingo 12 de febrero -a tres semanas de que presentara mi renuncia- en la columna periodística de Joaquín López Dóriga apareció publicado... -sobre- ni más ni menos, la necesidad y conveniencia de destruir el liderazgo de Hernández Galicia", porque "se lo dieron los petroleros". Complementa afirmando que yo me "metía con los petroleros en forma tal que realmente hacía peligrar su vida". En realidad quien hacía peligrar mi vida era el propio De la Madrid al entregar directa o indirectamente a "los petroleros" o a López Dóriga la información confidencial que ponía a su disposición personal. Pretende eludir su responsabilidad afirmando que el suscrito "mencionó la posibilidad de que lo hubieran sustraído de su oficina o de su casa", después de reconocer que "Samuel le dijo a Gamboa que las filtraciones venían de mi secretaría particular", cuando fue el mismo De la Madrid quien planteó esa posibilidad y se le olvida referir que Gamboa me señaló que "le preguntara a Bartlett" por la responsabilidad de la filtración, a lo que yo respondí que no fue al secretario de Gobernación sino al presidente a quien yo había entregado la información, al exigir la respuesta debida ante la evidente traición.

Cuenta De la Madrid sobre el involucramiento en el narcotráfico "del general Arévalo y otros funcionarios", que los "chismes" le comenzaron a llegar por el suscrito, porque "seguramente tenía contactos en la embajada americana que le ponían la cabeza bomba", y que "tenía cada idea... como ejemplo, sugería que para limpiar la policía había que hacer una noche de San Valentín"; además de que "manifestaba sospechas sobre Sergio García Ramírez y Manuel Bartlett".

Por una parte, la información y el análisis que proporcioné al presidente se captó y formuló con el pequeño pero eficaz cuerpo de investigadores y analistas de la asesoría y sin fuente alguna de la embajada estadunidense. Por otra parte, el cuentista es tan desmemoriado que su propia información prueba exhaustivamente que el involucramiento de su gobierno no eran chismes sino realidades, y que las prácticas criminales de su gobierno fueron las que hicieron recordar la noche de San Valentín.

Baste resaltar unos cuantos botones de muestra. De la Madrid registra que el 14 de marzo de 1985, ocho días después de que le comuniqué mi decisión de renunciar, un funcionario del Departamento de Estado testificó ante el Senado de su país que "el tráfico de drogas continuaba con la aparente bendición de algunos dirigentes gubernamentales", reconociendo que no eran "chismes" sino que "lo trágico de sus aseveraciones es que en buena medida eran ciertas". Y en vez de proceder contra la dirección de su gobierno que estaba involucrada, la brutalidad de su reacción sanvalentinesca se volcó en contra de "13 elementos de corporaciones policiales del estado de Jalisco y federales", al menos uno de los cuales fue asesinado impunemente por la tortura bajo la cobertura de la Procuraduría General de la República. Aunque sea en un pie de nota también registra que José Antonio Zorrilla Pérez (al que le cambia el nombre, su director federal de Seguridad en la Secretaría de Gobernación -de cuyos agentes dice "muchos son corrompibles", sin que hiciera nada al respecto) fue el "autor intelectual" del homicidio del periodista Manuel Buendía, porque "había observado que las investigaciones que realizaba sobre el narcotráfico lo estaban alcanzando", pero que "no lograron que las investigaciones fueran conclusivas durante mi gobierno". Registra igualmente que el embajador de Estados Unidos me "habló de que el general Arévalo o su hijo estaban involucrados en el narcotráfico", y que su secretario de la Defensa "aseguró de manera contundente que no estaba involucrado", que su hijo "no le había salido muy bien" y que "cuando ha habido sospechas de que un militar participa en el tráfico de drogas, en lugar de tomar medidas severas, simple y llanamente lo cambia de plaza".

Evidentemente para De la Madrid lo "práctico" y lo "no catastrofista" fue que la corrupción más perniciosa fuera lo dominante de su gobierno.