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México D.F. Jueves 25 de marzo de 2004

La entrega de ahorros para el retiro a empresas privadas es injustificable: Bendesky

Impostergable, reforma al régimen de pensiones de burócratas: expertos

Alerta García Sainz sobre mentiras del zedillismo para reformar la ley del IMSS

FABIOLA MARTINEZ

No existe justificación técnica o política alguna para entregar a las empresas privadas la administración de los ahorros para el retiro de los empleados públicos, advirtió el economista León Bendesky.

En el último día del segundo Coloquio Seguridad Social, convocado por el sindicato del ISSSTE, los participantes admitieron que es impostergable una reforma al régimen de pensiones de la burocracia nacional; sin embargo, señalaron, por ningún motivo la eventual enmienda deberá repetir el esquema aplicado a los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos resultados evidencian que no mejoró la situación financiera del organismo ni asegura una jubilación "digna" al momento del retiro.

Funcionarios del ISSSTE, académicos, legisladores y sindicalistas se refirieron, cada uno desde su perspectiva, a la necesidad de aplicar reformas "integrales" del sistema a cargo del Estado; pugnaron incluso por impulsar un "pacto o acuerdo" nacional para llegar a una solución de responsabilidad compartida, es decir, cambios que no sólo incidan en el sueldo de los empleados públicos.

"Debemos hacer un análisis sin prejuicios para alcanzar una reforma en la que todos pongamos (sector público, patronal y los trabajadores en activo), inclusive revisar las edades de jubilación y compactar prestaciones... Empero, el objetivo -agregó- es arrebatarle la seguridad social al sector financiero", dijo el ex director del IMSS y especialista en esta materia, Ricardo García Sainz, propuesta que provocó una tanda de aplausos en el auditorio del Museo Nacional de Antropología.

Alertó a los afiliados del ISSSTE de las "grandes mentiras" que repitió el gobierno zedillista para lograr la reforma de la ley del IMSS, en particular tras la destrucción del sistema solidario y las transferencia de los riesgos al trabajador.

En su turno, el perredista Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, aclaró que el Ejecutivo no ha enviado su iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, la cual, en estos momentos, sólo provocaría un nuevo "conflicto social".

Al final del coloquio, dirigentes sindicales del ISSSTE, provenientes de todo el país, afirmaron que no aceptarán que sus aportaciones pasen a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y tampoco que se integre una "Afore del gobierno", como sugirió el enviado de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), mención que le valió un sonoro abucheo y la exigencia de una auditoría al instituto, aun cuando la citada alternativa de ahorro es ya un punto que aprobó en diciembre pasado la cúpula de esta central de burócratas.

Los economistas Ifigenia Martínez y León Bendesky -esté último académico de la UNAM- se refirieron a los saldos del modelo económico que se aplica en México desde los años 80, mismo que impide, entre muchos aspectos, extender el gasto social del país, principalmente por los compromisos gubernamentales para hacer frente al rescate bancario y a la deuda externa. Es decir, señalaron, en la política económica actual resulta una pesada carga para el Estado cumplir con sus responsabilidades y opta por "socializar las pérdidas".

Enseguida tocó el turno a Pedro Vázquez Colmenares, subdirector de Finanzas del ISSSTE. El funcionario repitió el diagnóstico de este organismo en torno a la carencia de recursos para el pago de pensiones y la advertencia que no se puede posponer más la citada reforma, las 21 prestaciones, seguros y servicios vigentes.

Y es que, según la información oficial, por cada peso que ingresa a las arcas del ISSSTE se requiere de un subsidio gubernamental de 1.5 pesos, rango que arrojará en el actual sexenio una aportación del erario de 129 mil millones de pesos. "En 18 años esta situación será un problema monumental para las finanzas públicas del país" porque el subsidio equivaldrá entonces, por ejemplo, a todo el gasto de educación o de desarrollo social del país.

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