El Presidente presentará el lunes su plan de reformas a la administración pública

Tras superfiscalía vendrán juicios orales

La iniciativa, benéfica para el principio de inocencia y el ataque a la corrupción: experto

JOSE GALAN

La propuesta de convertir a la Procuraduría General de la República (PGR) en fiscalía general de la nación dará paso a los juicios orales, subrayará el principio de inocencia y pondrá obstáculos a la corrupción del sistema procesal, sostuvo Carlos Juan Manuel Dhaza Gómez, catedrático de derecho penal de la UNAM y consultor de la Presidencia de la República para la elaboración de la iniciativa.

Indicó que en más de 100 años México no ha tenido una reforma a fondo y sustantiva en el ámbito procesal, y reveló que la iniciativa, de la que ayer dio cuenta La Jornada, será presentada el próximo lunes a las ocho de la mañana en Los Pinos.

De acuerdo con Dhaza Gómez, la propuesta de reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se debe a que la sociedad mexicana exige un cambio en el sistema procesal, porque el actual ''es arcaico y obsoleto''.

De aprobarse las reformas, se establecerían los juicios orales, por lo que se requeriría abrogar el actual Código Federal de Procedimientos Penales y diseñar uno nuevo, aplicable a las disposiciones legales contenidas en la iniciativa.

Con los juicios orales, agregó el académico, se pretende que sólo tenga validez lo declarado o confesado ante un juez y no ante el Ministerio Público (MP). Fundamentalmente, éste ya no realizará "minijuicios".

El Ministerio Público sería fiscal, pero "sólo como órgano acusatorio, y será ante el juez donde realmente se discuta y se lleve a cabo el desahogo de pruebas para decir si es o no responsable una persona. Con ello se evitaría el tedioso trámite administrativo ante el MP".

El punto medular de la propuesta es el establecimiento de un verdadero procedimiento en el cual sea pronta y expedita la justicia, porque, afirmó Dhaza Gómez, "hoy día no lo es, y estoy cierto de que esta reforma va a dar un mejor resultado, más apegado a derecho".

El especialista también consideró fundamental el rescate del principio de inocencia. En tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país en materia penal se establece el principio de inocencia, "y aquí no se respeta". Es decir, ahora, cuando se detiene a una persona y se le priva de su libertad, debe ofrecer pruebas para demostrar que no es culpable.

Sostuvo que las reformas buscan detener los actos de corrupción porque, explicó, ''entre más tiempo tenga el MP el expediente del caso, más probabilidad hay de hechos de corrupción y, si en cambio se agiliza, el riesgo disminuye".

Una vez que el expediente sobre los hechos delictivos llega ante el juez, se realizará una audiencia de derecho equiparable al plazo constitucional contemplado en el artículo 20 constitucional. Si la persona se declara confesa, es decir, culpable, entonces se realizaría un juicio abreviado que tendría "una resolución muy rápida", y si el confeso es primo delincuente y hay atenuantes, obtendría beneficios, como sustituir la prisión por otras penas, siempre y cuando no se trate de delitos considerados graves.

''No va a haber juicios populares, sino un juez de instrucción que deberá, por obligación, estar presente en la audiencia y desahogar las diligencias ante su presencia", añadió el académico.

''No habrá audiencias previas sino el llamado registro de actuación". Esto implica, agregó, un cambio en todo el sistema judicial; las sentencias serán más apegadas o con mayor sustento en derecho, y se lograría hacer una mejor y más rápida justicia.

Sostuvo que la autonomía de la fiscalía "es fundamental", porque no debe depender de ninguno de los poderes de la Unión, ni tampoco de partido político alguno.

Para la designación de fiscal general, se propone en la reforma de ley que permanezca en el cargo seis años, a propuesta de una terna del Presidente al Congreso de la Unión. Los candidatos deberán comprobar por lo menos 10 años de práctica en el derecho penal, contar con estudios de posgrado, de preferencia con doctorado.

Suspicacias en ONG

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en voz de la abogada Adriana Carmona, calificó de preocupante que el gobierno federal no haya dado a conocer su propuesta de reforma al sistema de procuración de justicia, ''lo que indica una falta de transparencia y confiabilidad en la iniciativa, la cual no fue consultada con las organizaciones de defensa de los derechos humanos''.

Las autoridades federales, afirmó, deben abrir el diálogo para que esta propuesta sea ampliamente discutida por la sociedad civil y especialistas internacionales, para analizar los efectos que podría generar, "porque no se trata sólo de crear nuevas instituciones, sino de modificar la forma en que van a operar".

Al respecto, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que el gobierno federal no "informó o consultó" a organismos defensores de derechos humanos sobre esta iniciativa, por lo que "no estamos seguros de que se estén asumiendo las recomendaciones y propuestas que en la materia fueron incluidas en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México".

CON INFORMACION DE LAURA POY SOLANO