Arturo Alcalde Justiniani

SABES de Guanajuato

Si realizáramos un campeonato nacional entre los gobiernos estatales, en materia de violación de los derechos laborales, seguramente el de Guanajuato ocuparía, al menos, un lugar entre los finalistas. Las complejas tácticas para acabar con la organización democrática de los trabajadores al servicio del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES) han generado tal inconformidad que la Red Nacional de Abogados Laboralistas ha decidido denunciarlas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violar el Convenio 87 en materia de libertad sindical.

El SABES fue creado el 25 de octubre de 1996 por el entonces gobernador del estado de Guanajuato, Vicente Fox, con la intención de llevar la educación media superior y superior al ámbito rural. En virtud de la negativa del organismo a cumplir con los derechos laborales que la ley establece, 80 por ciento de sus mil trabajadores decidieron organizarse en un sindicato independiente y exigir el registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, que otorgó el reconocimiento legal al Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados del SABES (SITESABES). Al pretender negociar su contrato colectivo no imaginaron los trabajadores los obstáculos que se interpondrían en su contra.

A poco tiempo de haber nacido, las autoridades del SABES firmaron un contrato colectivo con un conocido sindicato de protección patronal, el Presidente Adolfo López Mateos, que más tarde fue liquidado por las propias autoridades, al no poder explicar la existencia del mismo. Posteriormente promovieron otro sindicato blanco, con un pequeño número de incondicionales del propio SABES.

El SITESABES demandó al sindicato blanco la titularidad del contrato colectivo de trabajo con fecha 13 de agosto de 2003. Atendiendo al carácter sumario del juicio, la controversia debió resolverse en unas cuantas semanas, previa consulta a los trabajadores; sin embargo, el SABES decidió oponer todo tipo de obstáculos y con este fin sacó del ropero al sindicato Presidente Adolfo López Mateos, a fin de que iniciara un juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en contra del SITESABES, pidiendo al titular de dicho tribunal, Raúl Rodríguez, la cancelación del registro del sindicato democrático. También solicitó que suspendiera indefinidamente el juicio de titularidad hasta en tanto no se resolvieran sus absurdas peticiones. A pesar de no existir fundamento legal alguno y resultar obvia la maniobra, la junta accedió a la petición del sindicato fantasma.

Cualquiera pensaría que una violación de esta naturaleza es fácilmente atacable mediante juicio de amparo promovido ante el Poder Judicial federal. Los trabajadores confiaron en ello y acudieron en demanda de amparo ante la juez cuarta de distrito del decimosexto circuito en Guanajuato, María de Jesús Salcedo, quien dictó otra resolución inaudita avalando la petición del sindicato Presidente Adolfo López Mateos y resolviendo en contra de los trabajadores, a quienes pidió esperar a resolver la demanda del sindicato fantasma para dar inicio al juicio de titularidad, por existir una supuesta vinculación procesal. Hoy los trabajadores tramitan una revisión ante el cuarto tribunal colegiado del dicho circuito y el ponente magistrado Guillermo Cruz García estudia el asunto.

El director del SABES, Horacio Salvador Hernández Gutiérrez, tuvo otra ocurrencia para agotar el ánimo de los trabajadores. Acudió a un contacto en el Tribunal Contencioso Administrativo del estado de Guanajuato y promovió, por primera vez en nuestro país, ni más ni menos que la nulidad del registro del sindicato democrático. Para colmo, pidió que dicho tribunal administrativo desahogara primero la petición de nulidad, y mientras tanto, ordenara a la Junta de Conciliación y Arbitraje se suspendiera el trámite del juicio de cancelación iniciado por el sindicato fantasma y también el de titularidad de contrato colectivo de trabajo promovido por el SITESABES. La petición del SABES provocaría la risa de cualquier abogado de mediano pelo, pero José de Jesús González García, magistrado de la cuarta sala, asistido legalmente por Judith Barrera Robledo, en sesuda resolución accedió a la petición del SABES y ordenó a la Junta de Conciliación y Arbitraje suspender los dos juicios pendientes, dejando al sindicato democrático en la nada jurídica. En sentencia que quedará para la historia ordenó: "Debe de abstenerse la autoridad demandada de realizar cualquier actuación referente al registro del sindicato, como puede ser el de expedir copias certificadas de: el registro del sindicato, constitución de su directiva, cambios a ésta y modificaciones a sus estatutos y cualquier otra actuación relacionada con el otorgamiento del registro sindical". En otras palabras, un tribunal que no tiene vela en el entierro ordena al tribunal laboral la espera de otros años más para que se desahogue el juicio del sindicato fantasma, y sólo hasta que éste concluya se empezará a considerar la petición del SITESABES. De pasada realizó una notificación ilegal de esta resolución. Confieso que después de haber observado muchas barbaridades laborales, ésta merece el premio mayor.

La situación del los trabajadores del SABES no es un hecho aislado en nuestro país. No parece haber ánimo en autoridad alguna de respetar el estado de derecho en materia de libertad y democracia gremial. Se reproducen constantemente los vicios y las complicidades para mantener un sistema de control que ahoga nuestro modelo laboral e impide su modernización más elemental. Frente a estos hechos, que encontramos en cada estado de la República, sin distinción de colores partidarios, resulta un poco ridícula la pretensión de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuando la vigente es violentada con tal impunidad. Quizá por ello nuestros legisladores no tienen mayor interés en revivir su discusión. Lo grave del asunto estriba en que el trabajo es el patrimonio común de nuestra población y nunca será realmente productivo o satisfactorio si no se organiza responsablemente. Este caso involucra a autoridades estatales y al propio Poder Judicial federal. Es lamentable que deba ser un organismo internacional como la OIT la única instancia en la que los trabajadores estén confiando para que sus derechos sean respetados.