Empresas de Grupo Quart realizaron obras durante la gestión de Dolores Padierna

Detecta la Contraloría anomalías en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac

Cuando se descubrieron los primeros cobros ilegales, las compañías del consorcio transfirieron electrónicamente casi 30 millones de pesos a una cuenta de BBVA Bancomer

LAURA GOMEZ Y GABRIELA ROMERO

La adquisición de empresas en declive o de negocios con actividades distintas a las de la construcción permitieron al Grupo Quart "camuflar" su intervención en concursos oficiales y extender sus redes en los tres años recientes a las delegaciones Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero, con la complicidad de los funcionarios en turno.

De acuerdo con la Contraloría, cuando los apoderados legales de las compañías pertenecientes a Carlos Ahumada Kurtz se dieron cuenta de las investigaciones que se llevaban a cabo, con la consecuente inhabilitación y sanción económica a algunos ex servidores públicos que los protegían, decidieron cambiar la estrategia y actuar a la vez en varias demarcaciones.

Ante estas irregularidades, el 27 de febrero de 2004 se solicitó a la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades del DF iniciar procedimientos contra 10 servidores públicos, entre ellos los ex jefes delegacionales de Alvaro Obregón Luis Eduardo Zuno Chavira y Luis Héctor Chávez Guzmán, así como del ex director general de Obras Oscar Robles Soto.

La delegación Cuauhtémoc figura entre las novedades en la investigación al promover fincamiento de responsabilidades contra ex funcionarios de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la gestión de Dolores Padierna Luna, entre otros motivos, por celebrar contratos para la restructuración de la sede delegacional y realizar pagos por obra no ejecutada, con lo que se generó daño al erario por 7 millones 4 mil 569 pesos.

Asimismo, se promovió el fincamiento de responsabilidades por diversas irregularidades contra 12 ex funcionarios de la delegación Tláhuac, entre ellos el ex jefe delegacional Francisco Martínez Rojo y el ex director de Obras y Desarrollo Urbano Guillermo Peña García; asimismo, se solicitan acciones contra funcionarios de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Lo anterior se desprende del Informe de Actividades 2003 de la Contraloría General del Distrito Federal que envió su titular, Bertha Luján, a la Asamblea Legislativa, previa a su comparecencia del próximo martes.

Desde diciembre se detectaron irregularidades en GAM

En la primera quincena de diciembre de 2003 la Contraloría Interna de Gustavo A. Madero detectó irregularidades en la contratación de adquisiciones y obra pública, por lo que envió un reporte a la Contraloría General del DF el 27 de enero de 2004 sobre 18 cuentas líquidas por certificar (CLC) no registradas por 31 millones 285 mil 163 pesos, por parte de las empresas Centro Decorativo Nicte-Ha, Ingeniería, Diseño y Construcción Banda, Jori Construcciones, D'Regil Creaciones, Promotora y Constructora El Naranjo y Arquitectura y Constructora Pachoacan.

De acuerdo con el informe, la comprobación del cobro irregular se hizo el 20 de enero de este año y ese mismo día las citadas empresas transfirieron electrónicamente 29 millones 70 mil 210 pesos a la cuenta BBVA Bancomer a nombre de Pagoza Urbanizadores y Constructores SA de CV, cuyo administrador único es Antonio Martínez Ocampo, quien junto con su hermano Héctor aparecen como apoderado legal y socio, respectivamente, de distintas compañías pertenecientes al Grupo Quart, de Carlos Ahumada Kurtz.

En la segunda semana de diciembre de 2003 y el 9 de enero pasado se informa a la demarcación que la Contraloría realizaba una investigación en la delegación Tláhuac, que involucraba a los ex servidores públicos Luis Salazar Cano y María Martha Delgado Arroyo, para evitar su contratación hasta que no concluyera el procedimiento, de lo que hizo caso omiso la delegación.

Unos días después se presentó ante la Fiscalía Central de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia de hechos relacionados con el pago de las 18 CLC a las empresas antes mencionadas por supuestas obras de desazolve, tramitado por ambos ex servidores que ocupaban la dirección de Recursos de Financieros y la subdirección de Planeación, y autorizados por Alierso Caetano de Oliveira, director de Programación y Presupuesto de Administración y Delegaciones de la Secretaría de Finanzas capitalina.

La intervención de otros subordinados de Caetano para los trámites de autorización para la radicación de los fondos, fuera de procedimiento y sin contar con la debida solicitud por escrito de la delegación, llevó a su posterior detención.

La punta de la hebra: Alvaro Obregón

En Alvaro Obregón se detectaron las primeras irregularidades al inhabilitarse por dos años a la empresa Comercializadora Austral SA de CV, integrante del Grupo Quart, por incumplir con un contrato de arrendamiento de vehículos y maquinaria pesada, falsear información y proporcionar unidades distintas a las ofertadas. Mientras que los tres funcionarios que avalaron esta situación fueron sancionados económicamente, suspendidos e inhabilitados.

De 2001 a 2003, la Contraloría General del DF emitió diversas observaciones, las cuales implican un daño al erario por 269 millones 548 mil pesos. Se indica que en una segunda fase de revisión de la auditoría se encontró la indebida formalización de un convenio adicional de redistribución de recursos, por lo que se elaboró una solicitud de fincamiento de responsabilidades.

La detección de pagos en exceso, recepción incompleta de la obra, la omisión de cobros de penas convencionales y fianzas, y la celebración de contratos multianuales sin justificación, se generalizó también a la delegación Tláhuac, por lo que se instruyó a su contraloría interna para aplicar las medidas de control necesarias con el fin de evitar contrataciones de ese tipo e iniciar las investigaciones correspondientes.

El 22 de diciembre pasado se iniciaron los procedimientos disciplinarios contra Federico Camarillo Romero, José Alberto Calvario Rosete, Pablo Martín Crisóstomo Pineda y Fernando López Morales, servidores públicos de la demarcación, por las irregularidades registradas en el procedimiento licitatorio y en la contratación de las obras.

En Iztapalapa sobresalen los casos de Fernando García Ríos, ex jefe de Unidad Departamental de Ingeniería, y de Tito Emigdio Fernández Torres, ex subdirector de Obras, quienes habían sido inhabilitados dos años en 1999 por favorecer a empresas ligadas al Grupo Quart, sin embargo volvieron a incorporarse a la administración pública en 2001, cuando se les inhabilitó por 10 años y se les aplicó una sanción económica de 1.26 millones de pesos a cada uno.