Crear una superpolicía podría derivar en excesos, dicen

Innecesario, desaparecer la PGR sólo para renombrarla: juristas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La iniciativa de reformas legales con las que el presidente Vicente Fox pretende dar autonomía al Ministerio Público Federal es una propuesta acertada, aunque resulta innecesaria la idea de desaparecer la Procuraduría General de la República (PGR) sólo para renombrarla, coincidieron Clemente Valdés e Ignacio Burgoa, doctores en derecho constitucional.

Sobre la propuesta presidencial de unificar la Agencia Federal de Investigación (AFI) con la Policía Federal Preventiva (PFP), para dar paso a un solo cuerpo que se denominará policía federal, los especialistas no descartaron la posibilidad de que una vez creada ''la superpolicía'' pueda incurrir en ''excesos'', por lo que propusieron que en su momento otros órganos de gobierno ''mantengan una vigilancia constante para evitar actos represores en que pueda incurrir la fuerza policiaca''.

Para ambos constitucionalistas, la propuesta foxista representa la posibilidad de que el Presidente deje de ser el dueño del Ministerio Público, ya que ''desde hace mucho tiempo el órgano encargado de la procuración de justicia a nivel federal ha sido un ministerio privado del titular del Ejecutivo Federal''.

Clemente Valdez puntualizó que ''lo primero en que parece enfocarse la iniciativa es en la necesidad de tener un Ministerio Público Federal que ahora sí sea público y no forme parte de la Presidencia, a fin de que se pueda perseguir los delitos, investigarlos y ejercitar la acción penal, con base en el sistema jurídico, y para que el Presidente en turno ya no pueda, en cualquier momento, ordenar a un subalterno cómo dirimir alguna indagatoria''.

Indicó que un buen funcionamiento del órgano encargado de procurar justicia, ''llamémosle superfiscalía o procuraduría'', depende de mantener separados tres aspectos distintos: primero, la persecución de los delitos; segundo, la labor de investigación del Ministerio Público, y tercero, lo relativo al ejercicio de la acción penal que se dirime ante jueces competentes.

Sobre el posible riesgo de que la unificación de las policías federales pueda derivar en un ''aparato represor'', Valdés puntualizó: ''Para ello, el Congreso de la Unión debe brindarnos garantías, y la única es la vigilancia por algunos de los otros órganos de gobierno, para evitar cualquier desviación de la función policiaca que se convierte con facilidad en una actividad represora y despótica''.

Por su parte, el jurista Ignacio Burgoa indicó que ''en México estamos acostumbrados al Ministerio Público Federal, encabezado por un procurador, de tal manera que el cambio de denominación para que surja la fiscalía general de la nación no viene a mejorar el funcionamiento de la institución; lo que debe hacerse es una nueva ley orgánica del Ministerio Público, y dejarse de cambios de nombres que sólo son copias de lo que sucede en otros países como Estados Unidos''. Sin embargo, reconoció el hecho de dar autonomía al procurador general de la República. ''Eso sí está muy bien. El procurador debe dejar de ser empleado del Presidente, a fin de que deje de haber posible injerencia en la labor del Ministerio Público Federal''.