En arraigo domiciliario, la ex gobernadora de Santiago del Estero, y su esposo, por varios delitos

Interviene el gobierno de Kirchner en provincia sometida por caciques

En 180 días se buscará la depuración de una localidad sumida en el miedo por casi 50 años

Más de 130 mil personas exigen al presidente frenar el clima de inseguridad en Buenos Aires

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 1º. de abril. Después de casi medio siglo comenzó el final de una historia de poder feudal, que sumió a Santiago del Estero, provincia del noroeste del país, en la pobreza y el miedo, cuando esta madrugada el Senado aprobó la intervención federal, que el presidente Néstor Kirchner firmó por decreto hace dos días.

El ex fiscal Pablo Lanusse, actual funcionario de Justicia, fue designado por Kirchner como interventor, lo que es también un símbolo. Fue el fiscal que durante el gobierno de Carlos Menem investigó la mafia del oro, y sufrió diversos atentados junto con su familia.

En tanto, más de 130 mil personas se congregaron frente al Congreso, en la céntrica Plaza de Mayo, para exigir seguridad al gobierno, en lo que fue la mayor manifestación desde que, en diciembre de 2001, una movilización popular provocó la renuncia de Fernando de la Rúa. La protesta de hoy fue impulsada por el padre de Axel Blumberg, secuestrado y asesinado la semana pasada.

A la vez, la hasta ayer gobernadora de Santiago del Estero, Mercedes Aragonés de Juárez (Nina), y su esposo, el ex gobernador casi eterno Carlos Juárez, están en arraigo domiciliario debido a un pedido de captura por parte de un juez local. La poderosa pareja tiene varias causas entre defraudaciones, instigación al asalto de casas de opositores, espionaje, acciones para aterrorizar a la población. Incluso Carlos Juárez está acusado de desapariciones y secuestros antes y después de la dictadura (1976-1983).

El equipo que llevará adelante la intervención por 180 días, está integrado por personalidades cuidadosamente elegidas para realizar una fuerte depuración institucional. Al gobierno federal no le quedó otro camino después que la Legislatura local, con mayoría juarista, frenó los pedidos de juicio político contra la gobernadora acusada de estafas, saqueo e intento de asesinato a un diputado, entre otras causas.

El tema de la intervención fue largamente discutido después que el gobierno de Kirchner envió avanzadas de la Secretaría de Derechos Humanos y la Justicia Nacional, que trabajaron y obtuvieron testimonios terribles de la situación provincial. Hace unos días más de 10 mil personas pideron la renuncia de la gobernadora. Ella respondió con un acto de acarreados que parecía como una escena de serie de televisión surrealista. Fue casi una despedida, pero amenazante. La caída del régimen no será simple. Nina Aragonés no dudó en nombrar recientemente a su esposo -el verdadero poder- como ministro de Economía de la provincia para asegurarle inmunidad ante la serie de juicios en marcha.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en esa provincia denunció que la gobernadora "hace circular lo único que sabe: el miedo", y advierte que "el juarismo va a resistir la intervención mediante la intimidación". También se recordó que el pasado 23 de marzo "varios periodistas que no suscriben el juarismo fueron golpeados; además, hay amenazas de escraches (señalamientos públicos) e incendios a las casas de los opositores; hay bases y líderes locales desplegándose para armar una movilización de apoyo al gobierno provincial".

Hace tres días fue destruido el monolito en homenaje a los desaparecidos santiagueños erigido entre la ciudades de La Banda y la capital Santiago. El régimen deberá hacer frente a los procesos por los crímenes de Patricia Villaba y Leyla Bshier, asesinadas por sectores del poder coludidos con una policía que mantuvo sus prácticas desde la dictadura.

El horror paralizó al país al conocer que ambas víctimas fueron llevadas a un zoológico perteneciente al ex jefe de seguridad Musa Azar, detenido por estos crímenes y acusado por otros de lesa humanidad durante la pasada dictadura. El asesinato de las dos jóvenes actuó como detonante para las protestas que iniciaron con marchas de silencio y terminaron desnudando, con el tiempo, los laberintos del horror de una dictadura provincial. Los Juárez deberán responder por estos crímenes y otros 34 que se cometieron en estos 15 meses de mandato, que fueron denunciados ante la justicia y figuran en el informe presentado al gobierno nacional.

Olga Villalba, madre de Patricia, una de las jóvenes asesinadas hace más de un año en la Dársena, dijo estar "satisfecha y agradecida por la intervención federal, y creo que el pueblo de Santiago se siente libre por fin".

Pero también hay demandas para que la intervención en Santiago no repita los errores de las anteriores, especialmente lo que sucedió después del gran estallido social del santiagazo del 16 de diciembre de 1993, que hizo tambalear las bases del poder. En aquel momento, el pueblo enfurecido por las medidas neoliberales, que llevaron la situación hasta la tragedia, se lanzó a las calles, quemó la gobernación y atacó casas de líderes políticos.

La intervención entonces duró casi año y medio, pero hubo corrupción, connivencias con el poder en las sombras y Juárez volvió a gobernar. Santiago del Estero fue cambiando desde 1993 y los campesinos, en una situación de miseria estructural, tomaron también el camino de la organización. Se formó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que fue uniendo su accionar con otros campesinos sin tierra, sumando más de 9 mil familias que mantuvieron una heroica resistencia por sus demandas.

"En una ofensiva que tiene como propósito adueñarse de 70 por ciento de las tierras en Santiago del Estero, empresarios foráneos apelan a la violencia. Incluso hay algunos ex militares de la dictadura que actúan como paramilitares al servicio de éstos", denunció el Mocase.

Precisamente fue el segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en esa provincia, elaborado por funcionarios de la Defensoría y presentado en la Cámara de Diputados federal el pasado 23 de marzo, precedida por la determinación de Kirchner, lo que decidió la intervención. Este corroboraba y añadía datos al primer informe, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos a raíz de una reunión que mantuvo el ministro Gustavo Béliz con los integrantes del Mocase el 25 de julio de 2003. El ministro decidió enviar una comisión que actuó en secreto absoluto, para corroborar las denuncias. Todo lo que estaban viviendo las familias campesinas fue corroborado.

En el segundo informe se estableció que "funcionarios públicos tanto provinciales como municipales" habían aprovechado la situación de familias campesinas que "por desconocimiento, pobreza y/o ignorancia" no registraron sus tierras, pero "que se encuentran en la posesión pacífica" de ellas "desde hace más de 20 años y continúan con el legado de generaciones." Los funcionarios corruptos de la provincia vieron la oportunidad de vender las tierras actualmente cotizadas a un alto valor, "sin importar ni reparar en la existencia de familias que viven desde siempre en el lugar".

Algunos de los compradores pagaban cuotas "adicionales" a la policía para sacar a los campesinos mediante amenaza, amedrentamiento y violencia, como en el caso de Quimilí, ocurrido el pasado 18 de marzo, cuando algunos matones dispararon contra el domicilio de uno de los dirigentes del Mocase, Angel Strapazzon, después de otros actos de violencia contra las familias. Todo esto llevó a Kirchner a poner fin a la situación en una provincia argentina que parece copia al carbón de algunas historias de la tragedia latinoamericana.