Modificaciones a la ley nacional del ramo establecen sanciones más severas

Contaminar agua se penalizará como atentado a la seguridad nacional

Su aplicación, reto de análisis jurídico, advierte la Barra Mexicana de Abogados

ANGELICA ENCISO

En cuanto las reformas a la Ley de Aguas Nacionales se publiquen en el Diario Oficial, hechos tan diferentes entre sí como contaminar el agua y la falta de medidores estarán sujetos a sanciones más severas, ya que serán considerados atentados contra la seguridad nacional, señaló Héctor Herrera, de la Barra Mexicana de Abogados.

Las infracciones serán consideradas como delito grave cuando ocurran dentro de un área natural protegida, como establece el Código Penal Federal en el caso de los delitos ecológicos.

La iniciativa, que fue aprobada en diciembre pasado, tiene fallas importantes porque la terminología no es clara, las obligaciones y las prohibiciones no son precisas; "será un reto de análisis jurídico" la aplicación de esta ley, agregó el especialista.

En conferencia de prensa donde se dio a conocer el diplomado Régimen jurídico del agua en México, detalló que hay sanciones excesivas para infracciones que podrían ser menores, como la falta de medidores, las cuales se podrían castigar con multas y, si hay reincidencia, la ley establece la suspensión de la concesión.

Las reformas dan mayor participación a los usuarios de agua, con el establecimiento de consejos de cuenca, en los que habrá representación de los distintos usuarios del líquido, explicó.

Esta legislación también considera la restructuración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que desaparecerán las gerencias para dar paso a la constitución de los organismos de cuenca. A partir de su publicación en el Diario Oficial, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá nueve meses para su restructuración.

En relación con el planteamiento del gobernador del estado de México, Arturo Montiel, de que podría suspenderse el envío de agua al Distrito Federal, el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Emilio González, precisó que las aguas nacionales son de carácter federal y habría que definir si el gobierno estatal tiene facultades para decidir sobre ellas.

Herrera recordó que existe una controversia constitucional que impulsó el gobierno del estado de México, la cual estaría por resolverse, pero esto sólo constituye un "síntoma de la problemática del agua y la solución no es sólo jurídica, se requieren decisiones políticas y tecnológicas".