Fueron arrestados con evidencias falsificadas, denuncian

Ecologistas de EU exigen excarcelar a rarámuris

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Sierra Club, la organización ambientalista más antigua e influyente de Estados Unidos, hizo ayer un llamado al gobierno mexicano para la liberación inmediata e incondicional de Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas Carrillo, dos indígenas ecologistas mexicanos que, afirmó, están injustamente encarcelados con base en pruebas fabricadas.

La agrupación, con 700 mil miembros, también instó a que se realice una investigación a los agentes del estado de Chihuahua involucrados en los arrestos, y para que la administración del presidente estadunidense George W. Bush tome acciones como parte de la iniciativa de la Casa Blanca sobre tala ilegal, para acelerar la liberación de mexicanos.

En tanto, a más de dos años de la liberación de los campesinos de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió su caso, con lo que se iniciará un proceso en el que sus abogados buscan que se reconozca la inocencia de los ecologistas (que fueron excarcelados por motivos de salud) y se repare el daño ocasionado.

Sobre los rarámuris, la organización estadunidense explicó en un comunicado, fechado en Washington, que difundió en su página de Internet, que el arresto y encarcelamiento de Baldenegro y Rivas fue bajo presión de funcionarios gubernamentales que están talando un bosque virgen, del cual dependen los rarámuris para su subsistencia.

''La tala excesiva ha destruido más de 90 por ciento de las áreas boscosas anteriormente habitadas por el pueblo rarámuri", señaló Doug Hunt, director en Washington del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Sierra Club.

Añadió: ''México debe poner un alto permanente a la tala ilegal que amenaza a muchas de estas comunidades indígenas".

El año pasado, Amnistia Internacional (AI) los declaró presos de conciencia. El 29 de marzo del 2003, agentes de la Policía Judicial del Estado detuvieron a Baldenegro, de 37 años, dirigente rarámuri, y a Rivas Carrillo (conocido también como Domingo Rivas Carrillo), de 22 años, de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua.

Ambos fueron acusados de posesión de armas de uso exclusivo del ejército y de posesión de marihuana, en el caso de Baldenegro. En la actualidad están recluidos en la prisión federal de Chihuahua, pendientes del resultado del juicio.

Según los testimonios que ha recabado AI, su detención se debe al papel que han desempeñado en la larga lucha de la comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen para proteger sus derechos y detener la tala descontrolada de árboles en zonas forestales. Según algunos informes, se escogió en particular a Baldenegro por su destacado papel en esta campaña y por sus actividades como miembro de Fuerza Ambiental, grupo ecologista de Chihuahua.

Sierra Club señaló que la iniciativa de Bush contra la tala ilegal ofrece apoyo a países en vías de desarrollo contra la producción y venta ilegal de productos forestales y promete "atacar la corrupción en el sector forestal", y "proteger los bosques y los medios de subsistencia que dependen de estos", explicó la organización.

La CIDH acepta el caso de Montiel y Cabrera

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez informó que la CIDH admitió el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ecologistas de la sierra de Petatlán, Guerrero, con lo que se busca alcanzar una solución integral del caso con el gobierno mexicano.

Aunque los campesinos fueron liberados en noviembre de 2001 con el argumento de que "la sanción impuesta es incompatible con su estado de salud y constitución física", explicó que nunca se reconoció su inocencia y en agosto de 2002 un tribunal nuevamente los condenó por portación de arma.

El Centro Pro espera que con la intervención de la CIDH haya una solución amistosa y que el gobierno mexicano reconozca la inocencia de los campesinos, absolviéndolos de los delitos que les fueron imputados.

También pide que se repare integralmente el daño ocasionado a Montiel y Cabrera, en primer lugar por las torturas que recibieron, y en segundo, por su encarcelamiento durante año y medio, se investigue y sancione a los militares involucrados en la detención y se apliquen correctivos para no repetir esta historia.

De suceder lo contrario, anunció que la comisión tendría que emitir un informe de fondo sobre el asunto, con las correspondientes recomendaciones, ante las cuales el Estado mexicano "no podrá hacer más que cumplirlas, pero si no las cumple el caso podrá ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos".