La notificación a diputados, tras dar entrada a la controversia promovida por magistrados

Ordena la SCJN no emitir resolutivos sobre juicio político a 6 togados yucatecos

La Corte decidirá si incurrieron en omisiones graves al desahogar el caso Medina Millet

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y LUIS A. BOFFIL GOMEZ REPORTERO Y CORRESPONSAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional promovida por el presidente y cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) en contra del Poder Legislativo de esa entidad, quien les abrió un juicio político por el caso del ex empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de prisión por asesinar a su esposa, Flora Abraham Mafud, en 1995.

La medida anterior implica "suspender" la emisión de cualquier resolutivo sobre el juicio político -sin importar su sentido- hasta que la SCJN decida si los magistrados incurrieron en omisiones graves al desahogar el caso, como acusa la defensa del empresario.

El ministro ponente Juan Díaz Romero dio entrada al recurso presentado por Angel Francisco Prieto Méndez, presidente del TSJY, los magistrados Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ricardo de Jesús Avila Heredia, Migdalia Rodríguez Arcobedo y Ligia Aurora Cortés Ortega. Sin embargo, rechazó suspender definitivamente el juicio de desafuero argumentando que el procedimiento está contemplado en la Constitución y permite la destitución del cargo.

La mañana de este viernes un visitador de la SCJN -cuyo nombre no se conoció- arribó a la sede del Poder Legislativo estatal y entregó la notificación a los legisladores Fernando Castellanos Pacheco (PAN) y Manuel Avila Noh (ex priísta y ahora independiente), dos de los tres que conforman la Comisión Instructora. El priísta Freddy Monforte Braga renunció a dicha instancia, "para no prestarse a juegos sucios".

La notificación llegó antes de que los dos diputados locales enviaran al Poder Judicial estatal un aviso de que el juicio político tendrá continuidad y que los magistrados culpados deberán responder en un plazo de siete días y aportar pruebas en su defensa. Pero con la acción de la SCJN, la Comisión Instructora no puede dar su dictamen, aunque sí puede seguir con la ampliación del expediente y la recopilación de agravantes de los magistrados.

Prieto Méndez advirtió que a partir de este viernes los diputados que conforman la citada comisión tienen 30 días hábiles para aportar pruebas a la SCJN que presuntamente justifiquen el juicio político; posteriormente, los ministros se abocarán, en un lapso similar, al análisis y dictamen del caso. El resolutivo de la SCJN será inatacable. Mientras tanto, los diputados no pueden emitir dictamen bajo riesgo de caer en desacato y enfrentar responsabilidades administrativas y hasta penales, advirtió.

Los 14 diputados locales votaron por reactivar el juicio político contra cinco magistrados, quienes son acusados de bloquear la impartición de la justicia y la libertad de Medina Millet.

En octubre pasado, los abogados defensores del ex empresario solicitaron al Congreso estatal enjuiciar a los magistrados Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Migdalia Rodríguez Arcobedo, Ligia Cortés Ortega y Mercedes Pérez Fernández. El sexto togado Jorge Luis Rodríguez Losa no está inmiscuido en la polémica por estar a favor de la libertad del procesado.

Este viernes se esperaba la visita de los senadores César Camacho Quiroz (PRI), Rutilio Escandón Cadenas (PRD), César Jáuregui Robles (PAN) y Sara Castellanos Cortés (PVEM), integrantes de la Comisión Especial Transitoria creada para dar seguimiento al caso, sin embargo no llegaron. Es probable que la semana siguiente acudan a entrevistarse con las partes en conflicto.