Promueve proceso administrativo contra Mario Laborín

Ocultó Nafin informes del rescate de 27 ingenios: ASF

Triangulaciones y depósitos indebidos, entre las anomalías detectadas; posible coalición de funcionarios, según auditoría

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) un procedimiento administrativo para fincar responsabilidades al director de Nacional Financiera (Nafin), Mario Laborín Gómez, por haberse negado a entregar la información sobre el rescate de 27 ingenios azucareros expropiados por el presidente Vicente Fox el 3 de septiembre de 2001.

Entre las irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública de 2002 destaca "la reiterada negativa" del titular de Nafin para dar a conocer al órgano fiscalizador la documentación requerida, con el propósito de emprender la revisión del proceso de salvamento de los ingenios citados, cuyo costo para el erario se calcula en 13 mil millones de pesos en los pasados tres años.

La ASF, a cargo de Arturo González de Aragón, advierte que Laborín Gómez probablemente incurrió en "coalición de servidores públicos de Nafin y de la Promotora Azucarera Sociedad Anónima (Proasa) para impedir la actuación de la ASF, lo que va en contra de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos".

Por lo anterior, el 16 de febrero pasado la ASF promovió ante la SFP la instauración del proceso administrativo contra Laborín Gómez y los responsables en las direcciones Jurídico Internacional y Bursátil y Jurídico y Fiduciario, así como contra el director general de Proasa.

En su argumentación contra Laborín Gómez la ASF advierte que la administración del azúcar en México "representa un problema estructural que el gobierno federal no ha resuelto. La historia de la industria azucarera revela que las autoridades han expropiado los ingenios en diversas ocasiones para aliviar su quiebra. Sin embargo, por la carga financiera que representan han enfrentado presiones para devolverlos a manos privadas, ya que la administración gubernamental y aun la privada, no han logrado la competitividad ni la rentabilidad que requieren los mismos. Esta problemática ocasionó la quiebra de Financiera Nacional Azucarera al no poder recuperar los créditos otorgados a los ingenios".

En la revisión de la operación del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), se determinó que para operar las industrias expropiadas, se crearon como empresa y fideicomiso privado, Proasa y el Fideicomiso Comercializador (Fico), respectivamente, hecho que contraviene el artículo 3 transitorio del decreto expropiatorio, el cual establece que se constituirían las entidades paraestatales que se requieran para administrar los bienes que se expropiaron.

Ante tal circunstancia, Nafin argumentó en su negativa a la ASF que no estaba en condiciones de entregar la información porque violaría el secreto fiduciario.

A pesar de esto, en la información que pudo obtener la ASF se observaron las siguientes irregularidades: 12 de los 27 ingenios expropiados depositaron indebidamente 45 millones de pesos en diversas cuentas bancarias del Fico, recursos que debieron depositarse en la cuenta concentradora del FEESA; el fondo no recuperó oportunamente esos recursos, y hasta el 10 de febrero de 2004, como resultado del análisis del órgano fiscalizador, cobró 700 mil pesos por intereses generados.

Además, en una serie de triangulaciones el FEESA reintegró indebidamente al Fico 16 millones de pesos más por un anticipo de 601 millones que el fideicomiso le otorgó.

Ante esas evidencias la ASF solicitó información a Nafin, institución que no proporcionó los expedientes sobre la operación del fondo que se debería crear para el pago de las indemnizaciones a los ex propietarios de los ingenios azucareros.

Por añadidura, a la negativa del director de Nafin a entregar la información requerida por el auditor superior, se suma el hecho de que Juan Alberto Laborín Gómez, hermano del titular de Nafin, trabajó durante ocho meses como responsable del proceso de expropiación de los 27 ingenios ordenado por Vicente Fox.

En la denuncia documentada por el órgano fiscalizador también se refiere que el FEESA no se ajustó a los objetivos de su constitución, "y carece de mecanismos de control eficiente y eficaces que le permitan ser transparente en la aplicación, registro y control, tanto de los recursos fiscales por mil millones de pesos, como de los 12 mil millones de pesos obtenidos por las ganancias derivadas de la comercialización de azúcar y subproductos.

Con la revisión de las operaciones del FEESA se detectó un efecto económico por 15 millones 360 mil pesos, de los cuales 700 mil pesos fueron intereses recuperados por depósitos que 12 ingenios efectuaron indebidamente en las cuentas del Fico, porque esos recursos debieron depositarse en la cuenta concentradora del FEESA; además, un millón 600 mil pesos de intereses generados por el remanente de 106 millones de pesos derivados de un contrato de comercialización por 190 mil toneladas de azúcar fueron ingresados, de igual forma, al Fico.

Respecto al proceso de expropiación, refiere la ASF, "aparece como un acto aislado en la política para la agroindustria pues no tiene relación directa y explícita con las medidas señaladas en la Política Azucarera 2002-2006, ni se expone en el decreto de expropiación, ni en los demás documentos oficiales, su articulación con las demás medidas adoptadas en ese terreno".

Sobre los juicios de amparo promovidos por los ex dueños de los ingenios azucareros expropiados en 2001, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dio a conocer que de los 27 ingenios, 13 obran en poder del gobierno federal, en cuatro se revirtió el proceso de expropiación en el mes de febrero de 2004 y los 10 restantes aún se encuentran en juicio.