El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, dio ayer una prueba fehaciente del grado de involucramiento faccioso de diversos funcionarios federales en la distorsión de los escándalos de Carlos Ahumada para alimentar un clima de linchamiento mediático, y acaso judicial, contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF), su titular, Andrés Manuel López Obrador, y el proyecto político y social que representa.

Al afirmar que sería procedente el inicio una averiguación previa por obstrucción de la justicia contra el jefe de Gobierno capitalino, quien en días pasados dio a conocer datos que indican la existencia de una estrecha relación entre el empresario corruptor Carlos Ahumada Kurtz y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el subprocurador federal incitó a que "cualquier persona" acuda a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a presentar una acusación en este sentido contra el gobernante capitalino y emitió una velada advertencia -en el estilo de las corporaciones a las que su oficina tendría que combatir- de que "también podría ser el Ministerio Público Federal" el que inicie la averiguación previa, luego de que una "persona cualquiera", que por mera casualidad podría apellidarse Döring o Fernández de Cevallos, respondiera a la atenta sugerencia de Santiago Vasconcelos.

Ante el cúmulo de indicios sobre la participación de funcionarios de la PGR y del Cisen en el diseño y la difusión mediática del escándalo de los videos de Ahumada, y habida cuenta de las pueriles y absurdas explicaciones del procurador Rafael Macedo de la Concha sobre las razones por las cuales la dependencia que dirige ofreció a Ahumada Kurtz un servicio a hotel para que presentara una demanda por extorsión que fue -ahora se sabe- un intento de cura en salud por las investigaciones que la PGJDF realizaba sobre los negocios turbios del corruptor actualmente preso en Cuba, resulta impúdica y cínica la crítica de Santiago Vasconcelos a López Obrador por filtrar a la prensa datos sobre la conexión Ahumada-Salinas. Más aún, es significativo y revelador que cuando el gobernante capitalino exhibe hechos sobre ese vínculo, el subprocurador llegue al extremo de mencionar en forma oblicua la posible penalización de los actos del Ejecutivo capitalino. Una posible lectura de lo dicho por el funcionario federal es la determinación del foxismo de proteger a toda costa, y por cualquier medio -con el recurso a una procuración facciosa, discrecional y torcida, por ejemplo-, la figura de Salinas. No es de extrañar, luego de presenciar tales perversiones del poder público, el monumental descrédito que pesa sobre las instituciones del sistema judicial.

Ciertamente, López Obrador habría debido tomar en cuenta que su administración dispone de instituciones y funcionarios más adecuados que él mismo para dar a conocer datos como el de las frecuentes reuniones entre el corruptor de origen argentino y el beneficiario del fraude electoral de 1988; pero esa equivocación no constituye, de manera alguna, un delito -así lo estableció ya el procurador capitalino, Bernardo Bátiz-, ni justifica que se busque presionar al jefe de Gobierno capitalino con la incitación a denuncias en su contra o con el inicio de averiguaciones previas por parte de la PGR.

El gobernante de la ciudad de México enfrenta, sí, una evidente presión para que abunde en sus señalamientos sobre el complot que se desarrolla contra su proyecto político y administrativo; ojalá que tenga claro que tal presión es mucho más mediática que social: mientras los grandes consorcios de la comunicación exigen más combustible para mantener en marcha el escándalo -lo que a su vez les permite sostener altos índices de circulación y rating-, los sectores mayoritarios de la ciudadanía han decidido, como lo señalan las encuestas, conceder el beneficio de la duda a López Obrador y no secundar, no al menos por ahora, el juicio expedito y la condena instantánea en los que han venido refocilándose, desde principios del mes pasado, muchos de los denominados "líderes de opinión" y algunos de los más altos funcionarios del grupo que detenta el poder federal.