MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Tardó cuatro años la solución a un peligro para la seguridad nacional

Ya tiene forma el nuevo esquema de inscripción vehicular que sustituirá al Renave

LAS COSAS DE PALACIO SUELEN ir despacio, pero en el camino pueden darse casos en los que la lentitud resulta exasperante, sobre todo si se considera que entre la toma de decisiones y las consecuentes acciones se arriesga la seguridad de millones de mexicanos.

CUATRO AÑOS DESPUES de que una de las más sonadas pifias de la administración zedillista reventó, y tres y medio más tarde de que el gobierno del "cambio" intervino para -según esto- evitar mayores riesgos a los propietarios de automotores en el país, el Senado de la República dio forma a lo que sería el nuevo esquema de inscripción vehicular mexicano, que sustituiría a ese cadáver que algún día llevó por nombre Registro Nacional de Vehículos, el famoso cuan efímero Renave.

SE CONDICIONA EL FUTURO inmediato de esta nueva instancia porque falta la autorización de la Cámara de Diputados, aunque todo hace suponer que su paso por San Lázaro será de trámite y en breve comenzaría a operar el Registro Público Vehicular (RPV), que a diferencia del Renave será un servicio gubernamental (Secretaría de Seguridad Pública federal) y gratuito, amén de que la información confidencial que maneje (cuando menos así se promueve) se mantendrá alejada de manos privadas.

CASI CINCO MESES ATRAS el inquilino de Los Pinos envió al Senado de la República la correspondiente iniciativa de ley, que sólo hasta ayer fue aprobada en Xicoténcatl, con algunos "toques" de redacción. No es novedoso el esquema, pero sí pretende dar certidumbre a los propietarios de automotores en el país, toda vez que en la identificación y control que lleve a cabo constarán inscripciones, altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, todo ello de manera gratuita.

EN EL PAPEL SE OBSERVA saludable el diseño del Registro Público Vehicular, pero dependerá de la autoridad encargada de ponerlo en marcha evitar que resurjan las nocivas prácticas de burocracia, coyotaje, corrupción, "legalización" de autos "chocolate" y demás bellezas que hace aproximadamente tres lustros dieron al traste con el Registro Federal de Vehículos (Tlalpan esquina División del Norte), padrastro del Renave y abuelo del proyectado RPV.

EN EL DICTAMEN correspondiente, los senadores subrayan que el parque vehicular en el país "ha experimentado un gran crecimiento, al grado de sobrepasar la capacidad gubernamental para consolidar un servicio de Registro Público Vehicular. Esta falta de control ha impedido dar certeza jurídica a los ciudadanos en la compraventa de vehículos y, por tanto, se ha generado un amplio espacio de incertidumbre que le permite a la delincuencia actuar con impunidad. El RPV se conformará con bases de datos suministradas por las autoridades federales y las entidades federativas, y los sujetos obligados a realizar inscripciones y presentar los avisos sobre la información que proporcionen de cada vehículo".

CON LO ANTERIOR SE llenará el vacío operativo y legal que dejó el Renave. "Esta situación se corrige ya que el servicio es gratuito, desaparece la figura de la concesión, el registro tiene una finalidad de seguridad pública y jurídica y tiene alcance nacional... podrá ser utilizado por cualquier policía en la República, quien tendrá acceso a los datos de identificación de cualquier vehículo, sin importar la entidad federativa que le haya proporcionado las placas, logrando con ello atacar el delito de robo de autos, ya que es práctica común trasladar a otro estado un vehículo robado".

EN SU ANIMO PRIVATIZADOR a ultranza, el gobierno zedillista cometió una descomunal pifia al "concesionar" el registro vehicular del país a una empresa privada (creada ex profeso): a partir de abril de 2000 la seguridad, confidencialidad y dinero de millones de mexicanos quedó en manos de un consorcio con fines meramente comerciales, cuyos propietarios no se tentaban el corazón de vender a sus familiares más cercanos si ello les garantizaba utilidades.

LA PIFIA ZEDILLISTA fortaleció el tráfico ilegal de vehículos, generó incertidumbre entre millones de mexicanos, causó cientos de heridos -económicamente hablando-, decenas de millones de pesos (que nadie sabe dónde quedaron) y un muerto; Raúl Ramos Tercero, entonces subsecretario de Normatividad de la otrora Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que encabezaba Herminio Blanco.

AUN ASI, LA APARICION en público del Renave y la de sus propietarios aportó un solo elemento -de manera involuntaria, desde luego- pero valiosísimo: permitió ubicar, capturar (agosto 24 de 2000) y procesar al genocida y torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, quien será juzgado en España por delitos de lesa humanidad.

CON LA ANUENCIA DE Ernesto Zedillo, Herminio Blanco fue el gran promotor del Registro Nacional de Vehículos y -luego de la explosión de la bomba- el primero en justificarse. Tras la detención de Cavallo, este personaje aseguraba que "los abogados y funcionarios de la Secofi no han encontrado ningún elemento para retirar la concesión a la empresa Renave, pues no ha incurrido en ninguna de las causales que revocarían el permiso; el gobierno mexicano está convencido de la legalidad de la concesionaria". Además, decía, "a Ricardo Miguel Cavallo no se le acusa de ladrón, sólo de genocidio y tortura".

EL GOBIERNO DEL "CAMBIO" no compartió el punto de vista de Herminio Blanco y decidió requisar a la concesionaria del Renave (intervenida administrativamente desde el 15 de septiembre de 2000, tres semanas después de la captura de Cavallo y dos tras la muerte de Ramos Tercero), porque -decía Luis Ernesto Derbez, entonces secretario de Economía- se detectaron "prácticas inadecuadas que ponían en riesgo la seguridad jurídica de automotores, usuarios y la confidencialidad de la información, constituyendo así un peligro inminente para la seguridad nacional".

Las rebanadas del pastel:

ES RELEVANTE DESTACAR la celeridad con la que se actuó en el caso del Renave: por ser un "peligro inminente para la seguridad nacional", la solución del problema llega cuatro años después.

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