Plantea que estén en el mismo caso titulares de IFE, CNDH y Banco de México

Se debe considerar servidores públicos a rectores de universidades del Estado: AN

Para conseguir ese objetivo, senadores del blanquiazul impulsan modificación constitucional

ANDREA BECERRIL

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) impulsan una reforma constitucional para que sean considerados servidores públicos los rectores de las universidades del Estado, entre ellos el de la Nacional Autónoma de México (UNAM), así como los presidentes de organismos autónomos, incluidos los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal Electoral (IFE) y el gobernador del Banco de México.

Tal cambio implica que se rijan por la Ley Federal de los Servidores Públicos y estén obligados "a rendir cuentas y responder por sus conductas si durante el desempeño de sus funciones no acatan lo establecido en esa legislación", según se advierte en la iniciativa para reformar el artículo 108 de la Constitución, que presentó ya ante el pleno el panista Francisco Fraile García.

El proyecto cuenta con el aval de otros senadores panistas y parte del argumento de que pese a ejercer una función pública y manejar o aplicar recursos federales, los responsables de la CNDH, el IFE, el Banco de México y los rectores de las universidades públicas no están incluidos en el marco jurídico establecido en el artículo 108 constitucional, lo cual, asegura, "es indebido".

Advierte que, "en razón de la trascendente tarea que tienen encomendada las universidades públicas y de que la responsabilidad de las autoridades universitarias debe traducirse en el cumplimiento eficaz de las funciones encomendadas, así como en el manejo adecuado de los recursos financieros y del patrimonio universitario, es categórico incluir a los rectores dentro del marco jurídico de responsabilidad de los servidores públicos".

En la exposición de motivos se resalta que la UNAM, "de acuerdo con los términos de su Ley Orgánica, es un organismo descentralizado, corporación pública de Estado" y, como las demás universidades públicas, no está adscrita a ninguno de los poderes federales, pero no constituyen entidades soberanas del Estado.

Se cita incluso una declaración del jurista Ignacio Burgoa, quien señala que la autonomía universitaria "no puede extenderse hasta el extremo de que la universidad y sus funcionarios actúen fuera o contra el orden constitucional".