Guerra sucia

Nazar solicita amparo por nuevo proceso

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Miguel Nazar Haro, ex titular de la disuelta Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien desde el 20 de febrero permanece recluido en el penal de Topo Chico, en Monterrey, interpuso una demanda de amparo contra el auto de formal prisión que dictó en su contra un juzgado de distrito de Nuevo León, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en perjuicio de Ignacio Arturo Salas Obregón, uno de los fundadores de la Liga Comunista 23 de Septiembre, a quien sus familiares reportaron como desaparecido desde 1974.

Según consta en la demanda de garantías -de la cual La Jornada tiene copia-, el proceso iniciado contra el ex coordinador de la llamada Brigada Blanca fue emitido ''de manera irregular'', y por ello ''afecta los derechos constitucionales'' del quejoso.

La demanda de amparo, que se presentó el miércoles de la semana pasada en la oficialía de partes de los juzgados federales de Nuevo León, fue admitida este martes por Jesús Salvador Faustro Macareno, juez quinto de distrito en materia penal, y podría tardar en desahogarse por lo menos tres meses.

Además, el juzgador fijó para el 4 de mayo la audiencia constitucional del juicio, a partir de la cual se analizarán los alegatos jurídicos presentados por el quejoso y por la autoridad judicial.

Nazar Haro enfrenta dos procesos penales por delitos presuntamente cometidos durante la guerra sucia. El primero lo enfrenta desde el 25 de febrero, concerniente a su presunta responsabilidad en la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. Sus abogados presentaron una demanda de amparo contra ese auto judicial, y el juicio de garantías actualmente está en la etapa de desahogo de pruebas.

El segundo proceso corresponde al caso de Ignacio Arturo Salas Obregón. El 2 de marzo un juzgado federal con sede en Monterrey determinó que Nazar Haro es probable responsable de la desaparición de Salas Obregón. De inmediato los abogados del procesado apelaron la sentencia, y el recurso recayó en el primer tribunal unitario de Nuevo León.