No debe olvidarse la tortura aplicada en el buque Esmeralda, dicen

Señora directora: A partir del 11 de septiembre de 1973 el pueblo chileno fue sometido a terrorismo de Estado. Durante ese periodo fueron brutalmente asesinadas unas 3 mil 197 personas por agentes del Estado chileno. A partir del 11 de septiembre de 1973, el buque escuela Esmeralda fue utilizado por la Armada de Chile como centro de detención y tortura, según ha sido fehacientemente demostrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (24/10/74), Amnistía Internacional (informe AMR 22/02/80), el Senado estadunidense (Resolución 361-16/06/86) y el informe de la Comisión Nacional (chilena) de Verdad y Reconciliación (tercera parte, capítulo 1, sección 2 f. 2.).

Los testimonios de que el Esmeralda fue usado como cámara de tortura flotante son múltiples y coincidentes; entre las 112 víctimas se encuentran 40 mujeres detenidas, torturas y violadas, según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Las investigaciones practicadas por esta comisión permitieron comprobar que una unidad especializada de la Armada se instaló en su interior para interrogar a los detenidos que se encontraban en la misma nave y los que eran traídos de otros recintos de reclusión de la Armada. Estos interrogatorios, por regla general, incluían torturas y malos tratos.

El próximo 10 de abril este buque escuela tocará aguas mexicanas en Acapulco. Por eso chilenas residentes en México, mexicanas y hermanas latinoamericanas denunciamos, una vez más, este campo de tortura flotante. Exigimos juicio y castigo a los culpables de estos crímenes, pero sobre todo, seguimos diciendo: ni perdón, ni olvido.

Asociación Salvador Allende Gossens, Jóvenes en Resistencia Alternativa, sección IV de la mayordomía del pueblo indígena nahuatlaca La Magdalena de los Reyes (municipio de San-tiago Tianguistengo), Eliana Arancibia, Eliana Gutiérrez, Olga Ostria y 37 firmas más

Desconoce la Femospp citatorio a Domingo Ramírez Garrido

Señora directora: En relación con la nota periodística publicada el pasado 4 de abril, referente a que comparecerá en calidad de indiciado ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado el general José Domingo Ramírez Garrido Abreu, actual secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, por haber participado en la llamada guerra sucia, esta oficina del fiscal especial encargada de investigar esos hechos desconoce tal aseveración, ya que de las diligencias ministeriales, hasta el momento, no se deduce dicha comparecencia.

Por otra parte, ante todo la oficina del fiscal especial reitera la obligación legal indeclinable, que corre a cargo de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a ella, de mantener el debido sigilo en ésta y en todas las indagatorias.

Eduardo Maldonado García, director de Enlace y Comunicación Ciudadana de la oficina del fiscal especial

Respuesta del reportero

Señora directora: La información con la que se elaboró la nota de referencia provino de fuentes confiables. Si el afán es que se revelen las fuentes de información, imposible.

Gustavo Castillo García

Critica acción policiaca contra estudiantes

Señora directora: Escribo con la esperanza de que con esta denuncia pueda lavar esta sensación que tengo en mí desde el 2 de abril a las 2 de la tarde, cuando vi la manifestación de estudiantes de la UNAM.

Soy estudiante de cuarto semestre de sociología en la UPN; lo que vi no tiene nombre, va contra todo lo que creo y he aprendido a lo largo de mi vida.

Iba en un camión de la ex ruta 100 rumbo a Periférico y tenía 15 minutos sin moverse; me paré y pude ver una manifestación de aproximadamente 150 jóvenes, en su mayoría mujeres. Llevaban mantas y gritaban consignas contra el abuso de poder y la globalización. Era una manifestación muy extrovertida, casi todos estaban encapuchados y, como ya dije, eran muy escandalosos, pero nada violentos.

De pronto un policía sujetó del cuello de forma brutal a una joven. Sus amigas intentaron liberarla e inmediatamente otro policía propinó un golpe a otra de las jóvenes; me sentí furioso, pero no me atreví a bajar del camión. Acto seguido ocho patrullas cercaron la manifestación y los policías inmediatamente se abalanzaron sobre las mujeres y uno que otro transeúnte.

Sin pensarlo, los encapuchados intentaron liberar a sus compañeras, algunas pudieron escapar mientras los uniformados desenfundaban sus armas, no dispararon, pero lo que sí hicieron fue golpear con la cachas, radios y piedras las cabezas de los manifestantes. Yo ya había visto por la televisión enfrentamientos de este tipo, pero los realizaban grupos paramilitares o el Ejército. ¿Quién iba pensar que los policías serían capaces de hacer algo así?

Las chicas se dirigieron hacia mi escuela, los policías comenzaron a apedrearlas sin tomar en cuenta a la gente que estaba dentro de sus autos. Lo que más coraje me dio fue cuando un uniformado que estaba dando patadas voladoras a los manifestantes, al percatarse de la presencia de los medios de comunicación, se dejó caer como si fuera un mártir.

Me niego a creer que todo lo que me dicen mis profesores son palabrerías. ¿Cómo puede ser este un país democrático si golpea a su juventud ante un reclamo? ¿Cómo se atreven a decirles vándalos, seudoestudiantes, porros? Pero, más que nada, ¿cómo puede ser que la sanción para el vandalismo sea mucho más severa que para el violador?

Ese día me cambió la vida, ya no puedo ver las cosas como todos, ahora conozco la otra cara de la moneda y creo que debo hacer algo, pero no se qué.

Juan Carlos Martínez A.

Aclaración del diputado Tello Aguilar

Señora directora: Respetuosamente solicito la aclaración pertinente a la nota publicada el 6 de abril en la página 35 de La Capital, firmada por Raúl Llanos Samaniego, por incorrecta, imprecisa y confusa.

En el cintillo se afirma que "Cuestionan desempeño" y en el contenido de la nota, párrafo cuarto, señala que algunos diputados tienen información relativa a mi desempeño como servidor público que podría incidir en la ratificación del pleno sobre mi propuesta al cargo de Contador Mayor de Hacienda que en la Comisión de Vigilancia se acordó por unanimidad de todos los partidos. Al respecto aclaro y puntualizo lo siguiente:

En la documentación original y certificada que sustentó mi candidatura, entregada el pasado 26 de marzo, se integraron las constancias de no inhabilitación vigentes expedidas por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General del DF. Dichas documentales acreditan mi desempeño como servidor público de la administración en los ámbitos federal y local del DF durante 22 años de servicio. Así lo ratifican y confirman mis jefes inmediatos superiores con la documental que anexo a la presente. Por lo anterior y por informar mejor a sus lectores y a los diputados locales interesados mucho estimaré la puntual aclaración de la nota referida.

Lic. Víctor Manuel Tello Aguilar

Respuesta del reportero

Señora directora: En relación con la carta del licenciado Víctor Manuel Tello sólo deseo comentar que los señalamientos respecto a su desempeño anterior no los hago yo, sino algunos de los mismos diputados que la semana pasada lo apoyaron en la Comisión de Vigilancia, y serán ellos mismos los que decidan si avalan o rechazan en el pleno su designación, según se aclare la información que estaban recopilando.

Raúl Llanos
 
 

El Correo Ilustrado