Documenta la comisión agresión castrense contra dos grupos de indocumentados

Recomendación de la CNDH a la Procuraduría de Justicia Militar

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que elementos del Ejército Mexicano agredieron el 14 de junio de 2002 con armas de fuego a un grupo de 23 migrantes -14 de ellos salvadoreños-, y en febrero de 2003 otros indocumentados fueron vejados, pateados y golpeados con las culatas de los rifles por militares.

A pesar de las evidencias, la Procuraduría General de Justicia Militar aseguró que en el primer caso "los uniformados repelieron una agresión", y en el segundo "se archivó el expediente porque no hubo acusación contra los militares".

Por esas agresiones a migrantes que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos, lo cuales resultaron heridos y lesionados por militares mexicanos, quienes no han sido sancionados, la CNDH emitió al procurador general de justicia militar la recomendación 23/2004.

En el texto de la recomendación, que consta de 29 cuartillas, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, subraya que este órgano logró acreditar lo contrario a lo afirmado por la procuraduría militar. Insistió en que hubo uso excesivo de la fuerza, además de que esas agresiones se persiguen de oficio.

La investigación realizada por la CNDH destaca que el 14 de junio de 2002, a las 0:45 horas, 23 migrantes -18 salvadoreños, cuatro mexicanos y un ecuatoriano- pretendieron introducirse sin documentos en Estados Unidos, a bordo de en vehículo tipo Suburban, por la frontera entre Mexicali, Baja California, y Caléxico, California, cuando fueron descubiertos por elementos del Ejército.

"Los militares mexicanos les ordenaron que se detuvieran; sin embargo, el conductor del vehículo aumentó la velocidad; en consecuencia, el personal militar disparó contra quienes viajaban en la camioneta. A pesar de ello, la unidad prosiguió su marcha y los militares los persiguieron hasta el cruce de la frontera.

"Ya en territorio estadunidense los migrantes heridos fueron auxiliados por el personal de la Patrulla Fronteriza, que los trasladó a diversos hospitales en Estados Unidos."

Al respecto la Procuraduría General de la República inició el acta circunstanciada 348/02, que se encuentra en etapa de integración para su determinación. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia Militar inició la averiguación previa 2ZM/37/2002, la cual fue determinada por el agente del Ministerio Público militar el 31 de mayo de 2003 con "ponencia de archivo con las reservas de la ley ".

En el otro caso, ocurrido el 4 de febrero de 2003 a las 20 horas, fueron agraviados 13 migrantes, todos mexicanos, al tratar de cruzar a Estados Unidos por La Rumorosa, municipio de Tecate, Baja California, a bordo de una camioneta van, que fue interceptada por elementos del Ejército Mexicano, quienes iban a bordo de un vehículo tipo Hummer.

Como los migrantes se negaron a obedecer una orden de que se detuvieran, los soldados, al alcanzarlos, los colocaron en el suelo, boca abajo y en fila y, con el "fin de obtener la confesión sobre la persona que conducía el vehículo, fueron tratados a patadas y golpes en las costillas y en la espalda y les pegaron con las culatas".

Después de la agresión, "los militares les indicaron que se levantaran y se fueran caminando, y por su propio pie llegaron al puesto de socorro de la Cruz Roja que se localiza en el poblado de La Rumorosa. Ahí fueron atendidos, pero como presentaban lesiones y heridas importantes, se decidió su traslado a la ciudad de Tecate, Baja California, donde fueron atendidos. Uno permaneció en el hospital y los demás fueron llevados a las oficinas del grupo Beta.

"La Procuraduría Militar inició la averiguación GNTECATE701/2003, y el 3 de mayo de ese mismo año se determinó su archivo, en virtud de que los migrantes no presentaron querella en contra del personal militar por la comisión del ilícito que se les imputó."

De los resultados de sus investigaciones, la CNDH sostiene que se transgredió el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como el respeto a la integridad corporal y a la dignidad humana en la agresión de militares contra 23 migrantes, ocurrida en Mexicali.

Además, resalta el ombudsman nacional, "no es atendible la versión de la Procuraduría General de Justicia Militar, ya que en su informe dice que los civiles lesionados fueron producto de una agresión al personal militar, quienes únicamente repelieron dicha agresión física, e iniciaron persecución hasta que el vehículo ingresó a territorio de Estados Unidos".

Sin embargo, en ninguno de los informes de las autoridades que investigaron los hechos "se señala que los migrantes iban armados, y también resulta inverosímil que al regresar al punto donde se sucedieron los disparos dieron aviso a la superioridad, ya que en las constancias remitidas por la Procuraduría Militar se hace constar que se impusieron correctivos a un sargento segundo de caballería, a un capitán segundo y a un teniente coronel por no haber informado oportunamente a sus superiores".

Por lo que se refiere a la agresión a los migrantes en Tecate, los militares transgredieron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como el respeto a la dignidad y a la integridad personal, ya que los migrantes recibieron un trato cruel y degradante.

No obstante lo anterior, y a pesar de que los militares golpearon y maltrataron a los indocumentados mexicanos, en su informe reportaron que "los migrantes escaparon, cuando en realidad estaban siendo atendidos en la Cruz Roja de La Rumorosa, donde denunciaron que fueron golpeados por militares".