León Bendesky

Síndrome Titanic

Los constructores del trasatlántico Titanic consideraron que la embarcación era inhundible y desestimaron el peligro que representaban los enormes trozos de hielo que finalmente provocaron la famosa catástrofe marina. El hecho puede tomarse como referencia a la falta de atención de los riesgos que significan determinadas situaciones, ya sea en la vida personal o en los fenómenos sociales que tienden a generar conflictos. En ese sentido puede decirse que constituye un síndrome.

En México padecemos ese síndrome y se expresa en toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la debilidad o de plano la inexistencia de los acuerdos que hacen posible la vida colectiva. Vaya, vemos los iceberg que se aproximan y no variamos el rumbo. Unas de esas cuestiones se refieren al orden de la política, otras tienen que ver con la gestión de la economía y en ambos casos se advierte la defensa de los intereses particulares de grupos de distinta naturaleza que se confrontan con el interés colectivo. Esto es cada vez más visible, pero no parece haber disposición, voluntad o capacidad para redefinir las pautas de la coexistencia en un escenario más virtuoso del que actualmente tenemos.

La relación de los intereses particulares con el bien colectivo es uno de los aspectos cruciales para conformar una sociedad con vínculos complejos, con una correspondencia entre el bienestar individual y el del conjunto. Cómo es que se agregan -si es que eso puede hacerse- las ventajas de cada uno para conformar él ámbito de lo que concierne a todos y que, además, puedan mantenerse y elevar el bienestar general. Y cómo aquello que puede señalarse como bien común se expresa de modo efectivo en mejores condiciones para cada uno. Si no hay formas de articulación que hagan posible estas relaciones de ida y vuelta, y que sean convincentes para los que participan, entonces los vínculos sociales tienden a degradarse. Las demandas de unos grupos que se manifiestan en prerrogativas particulares tienden a imponerse sobre el bien general.

Queremos defender los derechos individuales de propiedad, queremos proteger los derechos laborales, queremos acrecentar el bien público y, al mismo tiempo, queremos tener bajo déficit fiscal y estabilidad financiera. Todo eso puede tener sentido cuando se plantea por separado, lo que es automático es su conexión de modo que no se provoquen contradicciones cada vez más flagrantes. ƑHasta dónde, entonces, es que debe extenderse el interés individual y hasta dónde infringe el interés colectivo? El dilema es clásico.

Hay una experiencia reciente muy negativa con la gestión de las finanzas públicas que ha favorecido el beneficio de particulares, imponiendo fuertes cargas colectivas mediante la asignación de recursos públicos. Este es el caso de la intervención del gobierno en el salvamento del sistema bancario desde 1995. El argumento fue siempre que la decisión técnica adoptada era ventajosa para todos; ahora es claro que el resultado no fue tal, sino que los costos para los usuarios de la banca son excesivos y fuera de proporción con los que prevalecen en otros mercados.

Ahora está el conflicto de las pensiones. La crisis es inminente, y el síndrome Titanic no se supera. Las partes involucradas directamente, es decir, los sindicatos del IMSS y del ISSSTE por un lado, y el gobierno por el otro, pueden esquivarlo. Es más, el conjunto de la sociedad no está al margen, pues se involucran los recursos públicos que aportamos con los impuestos y el gasto alternativo que podría hacerse de los mismos en beneficio general.

Los derechos laborales no deben estar en cuestionamiento ni los que otorga la ley ni los que se han adquirido. Pero no hay dinero que alcance en el esquema actual. Las razones de ello son diversas y motivo de otra discusión. La cuestión ahora es cómo conciliar las demandas sindicales sobre el derecho a las pensiones con los fondos disponibles hoy y, sobre todo, en el futuro inmediato. El asunto involucra también las reglas que se han fijado para el retiro: edad, tiempo de trabajo y monto de las pensiones. Estos son temas controvertidos y en vista del cambio demográfico, de la insuficiente entrada de nuevos trabajadores que aporten a los fondos y de la pobreza fiscal, no hay elementos para un arreglo de la disputa.

Estos son los momentos de definiciones que exigen compromisos nuevos y duraderos. Los fondos de las pensiones no pueden generar beneficios extraordinarios sobre el resto de los trabajadores, no se pueden usar fondos públicos en ventaja de unos a costa de otros. Pero estas definiciones no deben hacerse selectivamente, sino aplicarse a todo el conjunto de lo que representa la administración de lo público: a las fuentes de los impuestos y al uso de los recursos. Se debe aplicar tanto a los bancos como a las pensiones, sólo así tiene sentido algo que se empiece a parecer a la democracia. Sólo así se puede plantear el conjunto de lo que debe hacer posible vivir en una sociedad decente.