La agresión a bases de apoyo zapatistas buscaba forzarlos a renunciar a su filiación política

En Zinacantán hubo desdén hacia las necesidades de la mayoría: Coreco

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 13 de abril. ''Lo sucedido el 10 de abril no fue simple gresca, ni pura consecuencia de la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal para resolver una necesidad de la población. Tampoco es resultado de la agudización del conflicto por la existencia de dos marcos jurídicos. La emboscada, la agresión, la violencia, la amenaza y el hostigamiento hacia la marcha y las comunidades en resistencia en Zinacantán, ocurrieron, una vez más, como intento para forzar a las bases de apoyo del EZLN a la renuncia a su filiación política'', declaró hoy la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco).

La comisión, vinculada a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, lamentó ''profundamente'' lo ocurrido el pasado fin de semana en Jech'vo, Elambó Alto y Elambó Bajo, municipio de Zinacantán. ''El conflicto por el agua (en esa localidad) ha crecido en sus dimensiones y polarización, llegando a la reprobable violencia de un grupo mayoritario sobre sus oponentes''.

Los miembros de la Coreco, cuyo compromiso expreso es con la reconciliación en las comunidades indígenas de Chiapas, fueron testigos de los ''infructuosos intentos'' por llegar a una solución negociada y favorable para todos en el caso de Zinacantán. Los diálogos realizados el pasado mes de febrero entre los afectados y la alcaldía ''padecieron una evidente intervención negativa de los representantes de los gobiernos estatal y municipal''.

En las sesiones de negociación, Coreco constató que la traducción tzotzil-español fue ''incompleta e incorrecta'', y percibió en los funcionarios ''el desdén hacia las necesidades de la minoría y el actuar parcialmente, al defender la postura del grupo que despojó del agua a los afectados. Agrava la responsabilidad gubernamental el haber hecho caso omiso a la solicitud de organismos de derechos humanos para salvaguardar la seguridad de las personas que llevarían como urgente respuesta agua a las familias carentes de este vital servicio''.

Coreco considera que la negativa de los gobiernos, ''durante el sexenio anterior y en lo que va del presente, en sus tres niveles, para avanzar en una salida negociada y política a la guerra en Chiapas, es evidente causa del incremento de la violencia''. De ese modo, ''el aumento de presencia policial y militar como mecanismo implementado, después de que ya hubo agresiones, desplazados y heridos, ha sido la respuesta incorrecta y fuera de tiempo de los gobiernos en turno en los últimos 10 años. Presionar e intimidar no es la solución a los conflictos, cuando éstos pueden prevenirse y solucionarse políticamente''.

El desplazamiento, los heridos, los daños materiales, la violación a derechos fundamentales de las personas y el aumento de la conflictividad en Zinacantán ''pudieron evitarse de existir la voluntad política de los gobiernos estatal y municipal para garantizar el acceso a las fuentes de agua a los afectados''.

Las ''omisiones gubernamentales desdicen la voluntad de prevenir conflictos y encontrarles solución; asimismo incapacitan a las instituciones estatales para cumplir las funciones de mediación en este hecho. La solución acordada y dialogada por las partes se hace más difícil. Sin embargo, sigue siendo recurso preferible para poder restablecer la convivencia en estas comunidades ahora violentadas''.