Miguel Concha

Cumplimiento digno del derecho

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el 9 de enero de 2004 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda para suspender la ejecución de 52 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, pues carecieron de asistencia consular en el momento de la detención y durante su proceso. El pasado 31 de marzo la CIJ, órgano supremo de justicia de Naciones Unidas, falló en La Haya en favor de los 52 mexicanos, solicitando al gobierno estadunidense la revisión del proceso con el objetivo de subsanar las deficiencias judiciales. En su fallo señaló que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, el cual establece que en caso de detenciones a extranjeros las autoridades locales están obligadas a informar a los detenidos de su derecho a comunicarse con la representación consular de su país de origen para recibir la ayuda y asistencia necesarias.

El caso de los mexicanos condenados a muerte no es el primero en el que la CIJ falla en favor de personas a quienes se negó la asistencia consular en el momento de su detención. La primera demanda en este sentido fue presentada por Paraguay en favor de Angel Francisco Breard, de 32 años. Pese a que la Corte ordenó también la revisión, Estados Unidos lo ejecutó, y en marzo de 1999 ignoró otro caso: el de los hermanos Karl y Walter La Grand, acusados de asesinato en Arizona. Las autoridades alemanas fueron informadas de su detención 16 años después, y Estados Unidos ignoró un auto provisional de la Corte de Justicia para aplazar su ejecución. La CIJ condenó al gobierno de Estados Unidos por tales hechos en junio de 2001.

Al conocer el fallo de la CIJ en favor de los 52 mexicanos sentenciados a muerte, Clifford Sobel, embajador de Estados Unidos ante los Países Bajos, declaró que el veredicto tendrá que ser estudiado y revisado por el Departamento de Justicia de su país. De conformidad con el derecho internacional, que obliga a las autoridades de un Estado, sin importar su configuración política interna, a cumplir con sus obligaciones internacionales, la CIJ pidió a las cortes estatales (de Oregon, Nevada, Oklahoma, Arizona, Texas, Ohio, Arkansas y Florida) que revisen los casos de los mexicanos condenados a muerte, y que se busque un mecanismo especial para tres de ellos, en los que se han agotado todos los recursos legales disponibles y ya se cuenta incluso con fecha de ejecución.

En este sentido, el 5 de febrero de 2003 la CIJ ordenó también a Estados Unidos tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución de Osvaldo Torres Aguilera y otros dos mexicanos. Sin embargo, el tribunal de Oklahoma ha hecho caso omiso y ha fijado la fecha de ejecución para el 18 de mayo, a pesar de que se contaba con medidas provisionales para su protección. Las autoridades de Oklahoma y Texas se adelantaron a declarar de manera inadmisible que la CIJ no tiene jurisdicción en sus estados. Esto constituye un flagrante desacato más de Estados Unidos a las resoluciones del máximo tribunal de justicia. En caso de que el gobierno estadunidense no acate la orden de la CIJ, México puede acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacerlo valer, donde posiblemente el gobierno estadunidense utilizará el derecho de veto para impedir cualquier resolución desfavorable en su contra. Por ello, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han manifestado que la decisión que tomó la CIJ puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para extranjeros, no sólo mexicanos, y que el gobierno de Estados Unidos no debe ignorar este fallo con el argumento de que el organismo internacional no tiene jurisdicción en su territorio, ya que esto significaría un retroceso en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos en este país.

En el momento en que escribimos estas líneas nos enteramos por la radio de que la mañana del martes 13 de abril el presidente de Estados Unidos se comunicó por teléfono con el mandatario mexicano a propósito de dos asuntos: el voto de México en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Cuba, y el fallo de la CIJ sobre los mexicanos condenados a muerte. La justicia y la dignidad nacionales, así como el futuro civilizado de la humanidad, exigen que tanto en esta ocasión, como en muchas otras, no se negocie el cumplimiento del derecho internacional. Se ha sabido, en efecto, de las presiones personales de Bush para pretender negociar con los presidentes de América Latina su voto contra Cuba a cambio de reconocimientos, influencias o favores.