Ambos partidos las califican de ''atentado contra la equidad'' y ''error inadmisible''

Desproporcionadas e improcedentes, las multas del IFE, dicen PRI y PRD

Presenta el tricolor propuesta para que el SAT investigue aportaciones de particulares

La decisión adoptada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), la madrugada del pasado 20 de abril, de imponer multas millonarias a los partidos políticos por presuntas irregularidades en las elecciones de 2003, fue calificada ayer por PRI y PRD de ''desproporcionada, atentado contra la equidad, error inadmisible e improcedente''.

De hecho, el coordinador jurídico del tricolor, Raúl Cervantes Ahumada, presentó ayer mismo ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma electoral que plantea ampliar las facultades del Sistema de Administración Tributaria para que esa sea la instancia que investigue aportaciones y donativos de particulares a candidatos a puestos de elección popular, campañas o partidos políticos.

En su cuartel general de Buenavista, mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI subrayó que ese partido no rebasó el tope general de campaña y que, en todo caso, aceptaría haber cometido ''errores mínimos" en sus procesos de contabilidad que no corresponderían con el monto de la sanción, aproximadamente 80 millones de pesos, ''que es a todas luces desproporcionado''.

Para las perredistas Dolores Padierna y Amalia García, el IFE incurrió en ''un error inadmisible'' al crear ''falsamente'' la violación de topes de campaña, en una actitud ''improcedente'' mediante un prorrateo de los comerciales genéricos y los espots de campaña.

Para el Revolucionario Institucional, los consejeros electorales ''vulneran las condiciones de equidad en la competencia electoral'' y no tuvieron voluntad para discutir los puntos jurídicos centrales que motivan la inconformidad priísta, como la discrecionalidad y el cambio de parámetros para aplicar la ley; en la sesión del pasado miércoles se evidenció ''tan sólo la urgencia por culminar un procedimiento oficioso con una sanción que abarcara a todos los partidos'', sostuvo.

Poco antes de dirigirse a la Cámara de Diputados, Raúl Cervantes Ahumada y Javier Oliva, secretario adjunto a la presidencia partidista, y el representante de tricolor ante el IFE, Rafael Ortiz, enfatizaron en conferencia de prensa que no se conocía la norma que aplicaron los consejeros antes de ejercer los recursos de la campaña electoral, y sostuvieron que ''si no hay norma plena publicada y conocida antes, no puede haber sanción sustentada en ésta''. Los criterios considerados por los consejeros, añadieron, no fueron conocidos hasta el día en que se produjo el dictamen de la Comisión de Fiscalización del instituto.

Cervantes Ahumada admitió que los consejeros ''sí tienen facultades'' para cambiar, como lo hicieron, los criterios que derivaron en la multa mencionada, ''pero no sé si tienen sustento jurídico para no informar de ella a la parte afectada'', aunque subrayó que ''es nulo el delito que no está sustentado en la ley''.

Anunciaron que el próximo lunes presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su inconformidad, sin que eso signifique un rompimiento con el IFE y su Consejo General. Por el contrario, sostuvieron, este incidente obliga a perfeccionar y fortalecer instancias como el instituto para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, pero insistieron en que la multa fue producto de una apreciación ''unilateral y discrecional''.

De allí, Cervantes Ahumada se dirigió a la Cámara de Diputados para presentar la propuesta de reformas en materia electoral, y en su exposición incluyó la oposición de su partido a que sea el Instituto Federal Electoral el órgano que revise el financiamiento privado a los partidos en tiempos electorales, y consideró necesario también reducir la burocracia del instituto y del TEPJF, de tal forma que ambos organismos reduzcan sus costos de operación.

Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada federal Dolores Padierna, una de las candidatas que presuntamente superaron los topes de campaña, sostuvo en conversación telefónica que el IFE, al aplicar criterios administrativos como el prorrateo de los recursos ejercidos centralmente por los partidos a los 300 distritos electorales, ha creado ''falsamente'' la violación de topes de campaña en algunos de ellos.

Señaló que su partido presentará un recurso en contra de la decisión del organismo ante el tribunal electoral para esclarecer el asunto, evitar la multa y reparar el daño político que ésta implica. Sin embargo, también señaló que, internamente, promoverá ante las instancias partidistas una demanda de que se esclarezca cómo se manejaron los recursos de la campaña de 2003, puesto que, en su opinión, parte de la responsabilidad de esta lectura del IFE proviene del mal ejercicio del gasto centralizado que realizó la ex presidenta nacional del PRD, Rosario Robles.

''No es justo que si ella se paseaba en helicópteros, y que en las giras hacía gala de un gran despliegue (sic), ahora se pretendan aplicar los gastos de Robles Berlanga a los candidatos en los distintos distritos, y más aún en aquellos que ni siquiera visitó'', dijo la legisladora.

En Zacatecas, Amalia García, que encabezó otra de las candidaturas perredistas sancionada por el Instituto Federal Electoral, consideró que la postura del organismo ''es improcedente'', ya que ''la única publicidad nacional que se manejó'' cuando era candidata a la diputación federal fueron espots genéricos del CEN del PRD, ''que fueron pagados con recursos nacionales, donde participaron todos los candidatos de mi partido''.

CIRO PEREZ SILVA, ALONSO URRUTIA, ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO, REPORTEROS; ALFREDO VALADEZ, CORRESPONSAL