Tras las sucesivas detenciones en Cuba del corruptor Carlos Ahumada Kurtz; de su principal operador, Antonio Martínez Ocampo, y del presunto defraudador Enrique Arcipreste del Abrego, quien mediante engaños pretendía cobrar al Gobierno del Distrito Federal (GDF) mil 800 millones de pesos de indemnización por un predio del que se decía heredero, resulta obligado formularse varias preguntas.

En primer lugar, cabe inquirir por las conexiones entre dos hechos que hasta ahora parecían independientes: el referido intento de Arcipreste y el complejo y sofisticado operativo de descomposición de la autoridad capitalina y del Partido de la Revolución Democrática, urdidumbre cuya cabeza visible ha sido el empresario de origen argentino. A la luz de los videoescándalos y el evidente involucramiento en ellos de funcionarios del gobierno federal, el reclamo por el Paraje San Juan podría ser visto como el primer capítulo, fallido, de la conspiración, ahora evidente, orientada a desprestigiar al GDF y eliminar al precio que sea -mediante maniobras de opinión pública o un proceso de inhabilitación de apariencia legal- a su titular, Andrés Manuel López Obrador, de la competencia electoral de 2006. Hay que recordar que en su momento el jefe del Gobierno capitalino denunció intentos de los representantes de Arcipreste del Abrego de negociar con funcionarios urbanos el pago de una parte de la indemnización multimillonaria. Hoy es oportuno preguntarse si realmente se buscaba un beneficio monetario -aunque fuera obtenido por medios fraudulentos- o bien se trataba de hacer acopio de irregularidades para usarlas posteriormente contra el GDF.

Hasta ahora lo único que parecía vincular ambos episodios era el nombre de Diego Fernández de Cevallos, quien tanto en octubre del año pasado como en los videoescándalos de marzo ha salido a relucir como virulento defensor mediático de los presuntos defraudadores y denostador del Ejecutivo local. Cabe preguntarse, a raíz de la detención de Arcipreste del Abrego en La Habana, en el marco de las investigaciones que las autoridades cubanas dicen realizar a las operaciones y el entorno de Ahumada Kurtz, si la protección verbal del senador panista a ambos personajes obedecía a la animadversación de oficio que profesa por el gobernante capitalino o si se trata de aspectos distintos de una misma tarea.

Llama la atención, por otra parte, que la red de corrupción cuyo rostro público es el propietario del Grupo Quart haya seleccionado a Cuba como refugio, y cabe preguntarse si antes no estableció en la isla un centro de operaciones. Si Ahumada Kurtz era en Cuba un simple prófugo de la justicia mexicana, es válido inquirir por qué, después de anunciar su detención, las autoridades de ese país estimaron que su presencia y sus antecedentes "ponen en riesgo la seguridad del Estado cubano, en una coyuntura especialmente peligrosa para el país".

El comportamiento de las autoridades cubanas en las detenciones de los mexicanos prófugos es, en general, cuestionable. Como se señaló en este espacio el 31 de marzo, al día siguiente del anuncio de la captura de Ahumada, resulta un tanto extraño que el gobierno de La Habana se haya tardado 18 días en realizar el arresto -del 12 de marzo, cuando se emitió la petición de captura a la Interpol, al 30 de ese mes-, habida cuenta del estricto control que el régimen cubano mantiene sobre los movimientos de los extranjeros en la isla. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Es inquietante, también, que, desde su captura, Antonio Martínez Ocampo haya pasado 11 días en poder de la policía cubana sin que el gobierno de la isla comunicara -lo hizo en una nota enviada el 16 de este mes, y dada a conocer apenas anteayer- la detención a las autoridades mexicanas. ¿Qué hicieron los agentes cubanos con su detenido durante esos 11 días? ¿Qué información obtuvieron? ¿Hubo una negociación? ¿Entre quiénes? Con esos datos que no cuadran se extiende la sospecha de un vínculo en La Habana entre Ahumada, Martínez Ocampo y Arcipreste, por un lado, y Carlos Salinas de Gortari, por el otro, toda vez que en una época posterior a su desastre presidencial éste tomó la isla caribeña como base de operaciones.

La sociedad mexicana -que es, en última instancia, la agraviada por los tres personajes que se encuentran detenidos en el Departamento de Seguridad del Estado Cubano- merece una explicación puntual y verosímil, de las autoridades de La Habana respecto de los puntos oscuros mencionados y, en general, de la posición y el papel de Cuba ante las conjuras en curso contra el gobierno capitalino.