Aprueban dictamen

Por ley se deberá dar trato digno a presos indígenas

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, que pretende garantizar un trato digno a los presos indígenas en el país y considerar, en su rehabilitación y beneficios de liberación, sus usos y costumbres.

Ayer los integrantes de dicha comisión finalmente dictaminaron la minuta del Senado sobre la modificación a dicha ley, que se envió desde el 3 de abril de 2003 a la Cámara de Diputados, y que fue turnada para su análisis un año después.

El dictamen plantea la reforma al artículo 18 de la Constitución para que los sentenciados por delitos del orden federal, sea cual fuere su condición, puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios, con el propósito de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.

También considera una modificación a los artículos 6, 8, 11 y 13 de la ley en la materia, para que el tratamiento individualizado a los reos tome en cuenta los usos y costumbres de las personas a las cuales se busca reincorporar socialmente, que en el caso del proyecto de referencia son los indígenas.

La comisión modificó la exposición de motivos del Senado, que sustentó su propuesta con el siguiente argumento: "la idea que subyace en la propuesta de reforma es la consideración de la pena privativa de libertad no sólo en su carácter de castigo, sino también de lograr que en aquellos casos en que los internos no revelan alta peligrosidad, purguen sus condenas en un ambiente que propicie su readaptación y reinserción a la sociedad".

No obstante, la Comisión de Gobernación expresó su rechazo a ese criterio, "ya superado, de que la pena lleve la intención de castigar", y también desechó la intención de que sólo los reos que no revelen alta peligrosidad tengan derecho a la readaptación".

Con la reforma se consolidará también un sistema de convenios para que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando las cárceles se encuentren más cercanas a su domicilio.