Afirma que la AFI pretende detenerlo por su defensa de los derechos humanos

Dirigente indígena de Guerrero denuncia "persecución política"

ROSA ROJAS

Marcelino Díaz de Jesús, presidente del Consejo Nahua del Alto Balsas, Guerrero, denunció que existe "persecución política" en su contra, ya que agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron dos veces a buscarlo a su casa, en la comunidad de Xalitla, para detenerlo, pero sin lograr su cometido, pues en esos días se encontraba participando en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

Díaz de Jesús atribuyó esa "persecución" a las denuncias realizadas en dicho foro internacional respecto a la represión y violación oficial a los derechos humanos de los pueblos indios en México. Habló de la violación a mujeres indígenas en Guerrero, del encarcelamiento del tarahumara Isidro Baldenegro, la desaparición forzosa del dirigente mixteco Gregorio Alfonso Alvarado López y el encarcelamiento arbitrario del indígena tének, Domingo Rodríguez Martell, presidente del Parlamento Indio de San Luis Potosí, entre otras.

Además, Díaz de Jesús ha sido el responsable de dar seguimiento a la denuncia que interpusieron el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (Anipa), ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno mexicano por violar en su totalidad el convenio 169 sobre Pueblos Indios y Tribales.

El dirigente indígena -quien fue diputado federal perredista- informó que los agentes de la AFI lo buscaron también en el ayuntamiento de Tepecoacuilco, Guerrero, actualmente gobernado por un alcalde de extracción panista.

Indicó que el pasado 8 de abril, los agentes que fueron a Xalitla a buscarlo le dijeron a un familiar que hay orden de aprehensión en su contra. "Desconozco por qué me están girando orden de aprehensión si en Guerrero no me he pasado ni un alto", afirmó.

Mencionó que entre 1994 y 1996 había cuatro órdenes de aprehensión en su contra, acusado por los bloqueos de carreteras que se realizaron durante las movilizaciones del Consejo Indígena Guerrerense 500 Años, actos en los que demandaron el cumplimiento los acuerdos de San Andrés, pero esas órdenes "fueron canceladas mediante negociaciones políticas".

Díaz de Jesús dijo que solicitó el amparo de la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión ante un juez federal de Cuernavaca, pero éste se declaró incompetente y remitió su solicitud a Chilpancingo. "Mi argumento para solicitar el amparo es que hay persecución política en mi contra, yo soy defensor de derechos humanos y de derechos de los pueblos indios y se me persigue políticamente por el trabajo que hemos hecho en la ONU. Llamo a la sociedad civil a que esté pendiente y al gobierno mexicano a que no se tome una represalia de carácter político por esas actividades", señaló.