La propuesta foxista los haría más vulnerables, señalan en medios judiciales

Ministros se oponen a que haya jueces especiales para delincuencia organizada

"Sería tanto como colocarles un símbolo de tiro al blanco", de acuerdo con magistrados

Cada son más frecuentes las amenazas en los penales de Almoloya y Puente Grande

JESUS ARANDA

Ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la propuesta de crear la figura de jueces federales especializados en casos de delincuencia organizada -como plantea la iniciativa presidencial de reforma al sistema de justicia-, por considerar que no sólo se pondría en peligro la de por sí frágil seguridad de los juzgadores, sino que además se multiplicaría la actual carga de trabajo para unos cuantos jueces y magistrados.

Antes de que el presidente Vicente Fox Quesada anunciara reformas constitucionales y legales sobre el sistema de justicia (en marzo pasado), el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, ya había declarado la intención del Ejecutivo federal de crear jueces especializados en delincuencia organizada.

Esta situación prendió focos rojos entre ministros, magistrados y jueces. Por esa razón, los ministros que integran la primera sala de la SCJN -que revisa los asuntos de tipo penal- decidió consultar a los jueces de distrito, magistrados unitarios y de circuito, principalmente del Distrito Federal, estado de México, Jalisco y Sinaloa (donde se llevan los juicios más importantes relacionados con narcotráfico y secuestro), para evaluar la iniciativa presidencial.

Las conclusión del estudio fue de rechazo unánime. De entrada, los juzgadores consideraron que sería sumamente peligroso que todos los procesos relacionados con delincuencia organizada fueran resueltos por unos cuantos. Eso los haría más vulnerables ante posibles amenazas de los justiciables. "Sería tanto como colocarles a los jueces un símbolo de tiro al blanco en las espaldas para que los delincuentes los presionen, amenacen o incluso los ataquen", comentó una fuente de primer nivel del Poder Judicial de la Federación.

Protección insuficiente

Aunque el tema de la seguridad de los jueces es poco ventilado de manera pública, existen acuerdos entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República para que se brinde seguridad a los funcionarios en caso de amenaza.

La protección, sin embargo, no puede ser indefinida y es insuficiente para garantizar la tranquilidad del primer círculo familiar del juzgador.

Tan sólo hace unos días, uno de los 11 magistrados con sede en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal protección ante amenazas.

De acuerdo con fuentes oficiales, estas peticiones son cada vez más comunes entre los jueces que laboran también en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y en algunos del Distrito Federal y otras entidades.

El problema, comentaron funcionarios consultados, es que el Poder Judicial de la Federación no cuenta con los vehículos blindados suficientes ni tampoco con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad que exigen las actuales circunstancias.

El diagnóstico de los ministros de la SCJN recogió opiniones de los juzgadores especializados en procesos penales federales de que los jueces serían "más vulnerables" si los aíslan del resto de sus compañeros.

Actualmente, señalan los testimonios, es más seguro para los jueces y magistrados que los asuntos relacionados con delincuencia organizada se "repartan" entre todos. Aceptan que no es casual que por esa razón muchos de los procesos penales "delicados" no se concentren en un solo órgano jurisdiccional para evitar presiones y amenazas.

Los funcionarios consultados comentaron que iniciativas como la referida hablan de las buenas intenciones del Ejecutivo, pero revelan su falta de conocimiento del trabajo de los jueces penales, quienes conocen de asuntos que llegan a tener miles de fojas y que demandan un trabajo exhaustivo.

El diagnóstico que realizaron los ministros se concentró en los casos de 18 jueces penales federales de la capital del país, seis con sede en Almoloya de Juárez, nueve de Puente Grande, y en la opinión y estadística de los titulares de 24 tribunales colegiados y unitarios de esas jurisdicciones.