De acuerdo con información publicada anteayer y ayer en estas páginas, el gobierno de Vicente Fox ha propiciado -mediante los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) y los contratos de servicios múltiples (CSM)- la incursión de empresas extranjeras en labores de prospección, extracción y producción de petróleo, lo que se ha llegado a constituir en una suerte de "Pemex paralelo". Sólo entre noviembre del año pasado y febrero del presente, el Ejecutivo federal otorgó cinco concesiones por un monto total de 4 mil 341 millones de dólares para que corporativos trasnacionales exploten los hidrocarburos de la cuenca de Burgos, situada en las regiones fronterizas de Nuevo León y Tamaulipas con Estados Unidos.

Los contratos correspondientes comprometen nuestros recursos naturales en esa zona en lo que queda de esta década y la siguiente, dejan fuera de su tarea natural a Pemex Exploración y Producción y marginan a los trabajadores petroleros sindicalizados de las tareas de exploración, extracción y transporte; ponen en manos de las trasnacionales información crítica y estratégica sobre nuestros recursos naturales y vulneran la soberanía al sujetar al gobierno al arbitrio de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, en caso de eventuales conflictos con las concesionarias.

De esta forma, el gobierno que encabeza Vicente Fox atropella frontalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 27 especifica: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva".

La ley reglamentaria vigente, promulgada en 1958, establece en el artículo 2 que "sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera", definida en el artículo siguiente como el conjunto de actividades relacionadas con "la exploración, la explotación, la re- finación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; la exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el alma-cenamiento indispensables y ne- cesarios para interconectar su explotación y elaboración, y la elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos".

El actual gobierno ha porfiado en su empeño por realizar reformas legales orientadas a permitir el ingreso de capitales privados extranjeros en el sector energético en general y el petrolero en particular. Tal empecinamiento, que evidencia la afiliación del grupo gobernante a intereses privados extranjeros, podría expresar al menos, como aspecto positivo, una convicción de respeto a las leyes. Sin embargo, los CSM otorgados por el foxismo en los sectores petrolero y eléctrico ponen de manifiesto que al actual Ejecutivo federal lo tienen sin cuidado los preceptos constitucionales y la legislación en general. Tarde o temprano, la nación habrá de demandar a Vicente Fox y a sus colaboradores semejante atropello a la Carta Magna.