Samuel I. del Villar/II

Desintegración y politización de la justicia

Debajo de la retórica "garantista" que adorna el coctel de ocurrencias policiacas y judiciales que el Presidente de la República sometió al Congreso el 29 de marzo pasado, está un auténtico proyecto de subversión del orden constitucional. La iniciativa plantea, por una parte, la desintegración del marco institucional de procuración de justicia para atribuir el control político y partidario sobre ella al señor Vicente Fox y a quienes lo manejan hasta el año 2015 o 2016 -dependiendo de la fecha en que el Congreso y las legislaturas locales la aprobasen. Por otra parte, propone el establecimiento de un auténtico Estado policiaco sin contrapesos constitucionales ni controles legales, que consideraremos en la próxima entrega.

Al continuar la disolución de la autoridad jurídica del Estado, que exige el régimen de derecho, con los inventos y proliferación de poderes autónomos del constitucionalismo tan demagógico como subdesarrollado, el señor Fox proyecta desaparecer las procuradurías generales de la República, del Distrito Federal y de los estados. Plantea sustituirlas por los nuevos poderes -paralelos al Ejecutivo, Legislativo y Judicial- de la Federación y de las entidades federativas, del Ministerio Público "con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio", pero controlada por él y sus allegados en el fuero federal, antes que nada, evidentemente, para garantizar la impunidad por las responsabilidades en que pueda haber incurrido su gobierno. El nuevo poder federal autónomo lo ejercerían una estructura de "fiscales" impuestos y determinados por el propio señor Fox, e inamovibles por los presidentes de la República con el mandato constitucional emanado del voto popular que deben sucederlo.

Su proyecto es una "Fiscalía General de la Federación" que "estará presidida por un fiscal y contará con fiscales de circuito" nombrados por el señor Fox con ratificación del Senado y en sus recesos por la Comisión Permanente, para un periodo respectivo de cinco y cuatro años "y todos podrán ser ratificados para un periodo igual". Quedarían prácticamente inamovibles durante los dos periodos, a partir de la experiencia de las ratificaciones prácticamente automáticas de los titulares relegibles de órganos autónomos, como el Banco de México, y por la imposibilidad real de su remoción, por juicio político del Senado para el caso del fiscal general, y por el concurso de un "Consejo de la Fiscalía General de la Federación" y del propio Senado para el de los fiscales de circuito. Para el caso de los gobiernos estatales, el proyecto propone la designación prácticamente inamovible del titular del Ministerio Público con "la participación de las legislaturas locales" por "un periodo no menor a cinco años con posibilidad de ratificación por otro periodo igual".

Las modificaciones están previstas para entrar en vigor al fin del mandato constitucional del señor Fox, "un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación" de acuerdo con el primer artículo transitorio del proyecto de decreto de reformas y adiciones constitucionales. Presumiendo una rapidez tan extraordinaria como su ligereza en el Congreso y en la mayoría de las legislatura de los estados para unirse al proyecto a cambio de la entrega de fiscalías de circuito, como despojo para partidos políticos y gobernadores, lo aprobarían durante 2004 y se publicaría a fines de año. Bajo esa hipótesis sus disposiciones entrarían en vigor a fines de 2005 y los nombramientos los haría Fox en el último año de su gobierno, justo para dominar y pervertir políticamente el marco de la procuración de justicia al menos durante los diez años siguientes, subvirtiendo de plano el mandato constitucional de sus sucesores en los dos sexenios subsecuentes que deben ser electos por el pueblo de México para que lo gobiernen con efectividad. En la medida en que se retrase la publicación del proyecto para 2005 su significado para el propio mandato de Fox acaba de diluirse y los términos de su imposición política sobre el gobierno futuro del país se amplía todavía más.

Junto con la desintegración de las procuradurías de la República, del Distrito Federal y de los estados, la propuesta de Fox propone borrar el artículo 21 constitucional, donde dispone que el Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, "se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato". En su lugar plantea la creación constitucional de otro nuevo poder autónomo, el policiaco, que neutralizaría la capacidad del Ministerio Público federal y local de investigar los delitos al proponer que "la policía tendrá autonomía operativa en el ejercicio de sus funciones de investigación", meramente matizada por la consideración de que "se desarrollará bajo la dirección funcional de la autoridad ministerial en los términos que señale la ley".

Dada la tutoría del Departamento de Estado, la propuesta de contrarreforma parecería estar inspirada en el modelo de Estados Unidos, en el que el fiscal general sería el Attorney General, y los fiscales de circuito serían los United States Attorneys, nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, y el secretario del Interior sería el Secretary of Homeland Security. Pero ni en Estados Unidos ni en ningún régimen constitucional efectivo para garantizar el estado de derecho un titular del Ejecutivo puede imponer a sus sucesores sus nombramientos y su control político sobre la cabeza, ya no se diga la estructura completa, de la procura- ción de justicia, ni cuentan con secretarías de Estado absurdas que duplican a la de Gobernación para concentrar el poder policiaco y arroparlo con un rango de gabinete. Cabe hacer énfasis que los United States Attorneys "sirven a discreción del presidente de Estados Unidos".

En Estados Unidos el procurador general es titular del Departamento de Justicia del Poder Ejecutivo y, como todos los miembros del gabinete, es nombrado por el presidente en ejercicio con la aprobación del Senado. El Departamento de Justicia, como en el marco constitucional mexicano de 1917, integra bajo la autoridad del procurador y operativamente del Ministerio Público, a la policía general competente para investigar los delitos, Federal Bureau of Investigation (FBI) y a la policía especializada en la investigación del narcotráfico, Drug Enforcement Administration (DEA). A raíz del ataque del 11 de septiembre se creó el nuevo departamento, Homeland Security (que podría traducirse como Seguridad Interior y habida cuenta que no existe Departamento de Gobernación). Integró las funciones de coordinación de "seguridad fronteriza y transportes" y de "preparación para emergencias", de los servicios de naturalización e inmigración, de las competencias policiales en materia de inmigración y aduanera, incluyendo el servicio de guardacostas, y de seguridad presidencial. Pero ni el cambio radical para la seguridad nacional de Estados Unidos por el 11 de septiembre justificó desmembrar de su Departamento de Justicia las funciones policiacas de investigación de los delitos para generar un poder policial general autónomo de la procuración de justicia.

El terrorismo internacional no tiene causa alguna para amenazar a México y evidentemente no ha perpetrado ataque alguno que justifique la creación de un puesto de gabinete con las funciones del nuevo departamento de Estados Unidos. Pero el señor Fox, con la única justificación de sus compromisos políticos, ignorancia y arbitrariedad, y asegurar impunidad para el futuro, propone destruir la Procuraduría General de la República y subvertir la institucionalidad constitucional no sólo para controlar políticamente la procuración de justicia, sino también para hacer un ministerio de la policía fuera del control de la legalidad de sus actuaciones y paralelo a la cartera de Gobernación, que sólo puede explicarse en los marcos del mayor primitivismo político y administrativo.

La experiencia de la República de Colombia, centralista, con su "Fiscalía General de la Nación", inventada en 1991, parecería ser la referencia más significativa del ocurrente proyecto de procuración de justicia, "como heraldo naciente en la ley", según la primera estrofa de su himno. Pero ante su rotundo fracaso para convertir la demagogia en realidad, a iniciativa de un exfiscal, el Congreso colombiano estableció una comisión para desaparecerla, cuyos trabajos están en curso. Por otro lado, hay que hacer énfasis en que el señor Fox nunca planteó en su campaña electoral esta propuesta de destrucción institucional. Más aún, como presidente electo, cuando sus asesores Francisco Molina y José Luis Reyes presentaron la idea de la fiscalía, plantearon que "tendrá el mando de una agencia federal de investigación" y aún así fue rechazada por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de acuerdo con un dictamen del procurador general de justicia del gobierno panista de Querétaro, Apolinar Ledesma.

El intento del señor Fox de imponer al terminar su gobierno esta ocurrencia a su sucesor es totalmente dictatorial, sin más legitimidad democrática que la de los inventos del consejo de gobierno de Irak.